Dos aditivos en la Rendición de Cuentas apuntan a las inequidades salariales y a la presupuestación de contratos

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento dos artículos complementarios a la Rendición de Cuentas, que se encuentra a estudio del Senado, uno de los cuales propone mejorar las inequidades salariales de los funcionarios públicos, y la otra iniciativa dispone la presupuestación de los contratos de función pública.

En el marco de las negociaciones entre la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) surgió días pasados una fórmula para atender algunos de los reclamos de los trabajadores del sector público.

Tal es así, que desde el gobierno se acordó remitir a la Cámara de Senadores dos artículos complementarios a la Rendición de Cuentas.

Por un lado, se trata de que dentro de la Administración Central exista una norma programática para poder estudiar y comenzar a resolver las "inequidades salariales", sin que ello signifique un incremento del gasto presupuestal, por lo cual sería producto de "reasignaciones", indicó el subdirector de la ONSC, Humberto Ruocco.

La fórmula fue acordada con COFE para poder tener un "socio social", aseguró, por su lado, el subdirector de la OPP, Conrado Ramos, quien agregó que la propuesta surgió antes de que los funcionarios del Estado reclamaran soluciones al presidente de la República, Tabaré Vázquez, durante el pasado Consejo de Ministros en Vergara.

"Esto es un primer paso en la resolución de las inequidades monstruosas que existen y, aunque no sea demasiado grande, porque para resolverlas adecuadamente hay que disponer de mucho dinero, de todas maneras es una señal política buena de que no estamos mirando para el costado como siempre se hizo", remarcó Ramos.

Pero el gobierno también remitió al Parlamento otro artículo para ser incluido en la Rendición de Cuentas, por el cual se propone presupuestar a aquellos funcionarios que por el artículo 7 del Presupuesto pasaron al régimen de contratos de función pública.

Dicho artículo presupuestal autorizó al Ejecutivo, a propuesta de los incisos de la Administración Central y a los órganos y organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, a celebrar contratos de función pública con aquellas personas que se encontraran desempeñando tareas propias de un funcionario público, con carácter permanente, en régimen de dependencia, y cuyo vínculo inicial con el Estado se hubiera desvirtuado en algunos de sus elementos esenciales, siempre que el mismo se hubiera iniciado antes del 1º de enero de 2001.

En tal sentido, Ramos indicó que la intención de la administración es llevar a "presupuestación a la mayor cantidad de funcionarios posible para que el Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones (SIRO) se aplique sobre funcionarios presupuestados".

Agregó que, así como se realizó la "naturalización" de becarios y pasantes a contratos de función pública, ahora se propone pasar los contratos de función pública a presupuestados.

En tanto, en el Parlamento existe una buena predisposición a trabajar en la regularización de la cadena administrativa, aseguraron fuentes legislativas.

Gerentes a término

Por otro lado, el gobierno continúa trabajando en la redacción de una propuesta a través de la cual se disponga que quienes ocupen cargos gerenciales en las empresas públicas estén sujetos a los "compromisos de gestión" y si no se cumple con ello puedan ser removidos de tales puestos de conducción.

En tal sentido, Ramos aseguró que la contratación de gerentes a término por compromisos de gestión no es una politización de gerencias, porque se los está sujetando a la evaluación de tales "compromisos".

Es decir, "no es que el directorio remueva al gerente cuando se le ocurra, sino que éste debe rendir cuentas por su actuación a través de compromisos de gestión que serán evaluados objetivamente", indicó el jerarca. *