En 2 años se redujo morosidad del agro: bajó del 31% al 5%

Calloia manifestó ayer durante el almuerzo organizado por la Asociación de dirigentes de Marketing (ADM) que el BROU ha solucionado gran parte de la deuda agropecuaria, luego de implantar en setiembre de 2005 un sistema de pautas que ofrecían a los deudores varios beneficios para el pago de sus deudas. Como resultado de ese sistema, se logró que entre 2005 y 2006, 4.658 deudores arreglaron su situación con el banco, lo que corresponde al 57% del total de los deudores que estaban atrasados al 31 de diciembre de 2004 y al 43% de la deuda total (U$S 278 millones). Principalmente se trató de pequeños y medianos deudores "que respondieron positivamente a los importantes estímulos ofrecidos en las pautas", dijo Calloia.

De todas formas, aún queda un 43% de deudores que no han arreglado sus deudas, para los cuales el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el BROU están trabajando a nivel de comisiones. Recientemente se firmó un convenio para ayudar a los deudores de menos de U$S 25.000 a través del Programa Uruguay Rural y según manifestó Calloia próximamente se seguirá trabajando con las franjas superiores de deudores. "Esto es un trabajo progresivo, empezamos de abajo hacia arriba de pequeños a medianos, no bien tengamos recursos disponibles pasaremos al segmento de U$S 25 a U$S50 mil", dijo.

En cuanto al proyecto de ley de iniciativa parlamentaria que pretende dar una solución a pequeños y medianos productores, Calloia reiteró que a su criterio el proyecto no va a tener gran recibo por parte de los deudores. "Mi opinión es que todo aquel deudor que tuvo capacidad de pago resolvió su situación y es muy escasa la posibilidad de deudores que se amparen a ese beneficio, hay algunos deudores que les va servir pero no va tener ninguna incidencia en el endeudamiento global con atraso que tiene el Banco República", manifestó.

El proyecto surgió a raíz de una propuesta de los senadores del MPP, Víctor Vaillant y Jorge Saravia y el diputado Gonzalo Mujica y prevé que las tierras de los deudores de entre U$S 50 y U$S250.000 pasen a ser administradas por un fideicomiso el cual le arrendará por 20 años el campo al productor hasta que el mismo pueda pagar la totalidad de la deuda, volviendo a ser propietario de sus inmuebles. (Más información en página 47). *