El jerarca reconoció que en "Uruguay hay lavado", aunque destacó los esfuerzos de coordinación que se están llevando a cabo para combatirlo. Gil Iribarne subrayó además que el objetivo de las políticas relacionadas a este aspecto tienen que brindar "resultados", por lo tanto, dijo que "en uno, dos o tres años, tenemos que lograr que no haya más lavado y tampoco más droga".
Con la organización de Uruguay Transparente, se desarrolló ayer en el Salón de Actos del Edificio Libertad la "Primera Jornada Internacional sobre Lavado de Activos en el Uruguay", donde expertos nacionales y extranjeros analizaron la realidad de nuestro país en el combate a este delito.
El evento contó con el auspicio del Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos (Cecpla), el Banco Central del Uruguay (BCU), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).
La inauguración del encuentro estuvo a cargo del presidente de Uruguay Transparente, Roberto Gossi, y del prosecretario de la Presidencia de la República y presidente de la Junta Nacional de la Droga, Jorge Vázquez.
Gossi consideró que la disposición a "favorecer la transparencia es, sin duda, una forma efectiva de fortalecer las instituciones y de afirmar la vigencia del Estado de derecho", al tiempo que afirmó que nuestro país tiene "indicadores de transparencia que nos enorgullecen".
Por su parte, Jorge Vázquez puso énfasis en que "para este gobierno ha sido un compromiso y un desafío encarar el tema del lavado de dinero y, a casi dos años y medio de esta administración, se ha demostrado que Uruguay ha tomado este tema con enorme seriedad".
Puso como ejemplo que, a partir de la aprobación de una ley en setiembre de 2004, se ha avanzado en la organización y coordinación en el combate contra el lavado de dinero, "lo que ha permitido tener resultados que nunca antes se habían visto en el país". En el año 2005 se registró el primer procesamiento de la Justicia, en un caso de lavado vinculado al narcotráfico, mientras que en 2006 alrededor de 20 personas fueron procesadas por causas de este tipo. Simultáneamente ha ido aumentando el reporte de operaciones financieras sospechosas.
Posteriormente, el secretario general del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), Alejandro Montesdeoca, hizo un repaso de los orígenes de las organizaciones de investigación financiera en el mundo y su posterior expansión a las distintas regiones del planeta. También analizó los sistemas de cooperación antilavado entre los países, fundamentalmente en nuestra región.
Dijo que una de las tareas más importantes que ha asumido Gafisud, ha sido la de ayudar a los países miembros a adaptar las recomendaciones internacionales a los sistemas jurídicos locales, ya que las mismas están inspiradas en jurisprudencia de origen anglosajón.
En tanto, la doctora Alicia López, experta argentina con más de 25 años de experiencia en esta materia, primero como directora antilavado del Banco Central de su país y después en el área de la investigación, basó su exposición en una demostración práctica de más de una docena de casos de lavado de dinero en los que le tocó intervenir, en muchos de los cuales tomaron parte empresas o personas de nuestro país.
"Tuve la oportunidad de viajar muchas veces a Uruguay, ya fuera para diligenciar exhortos o para participar en algunos allanamientos, la gran mayoría sin resultados positivos, lo que me permitió constatar la vinculación que existe entre ambos países, que es mucha", comentó.
Hizo un repaso de los delitos previos al lavado, como el narcotráfico, contrabando de armas, prostitución y juego clandestino, entre otros. "En el caso de Argentina hay otro delito previo que es la evasión impositiva, que a mi entender está mal que así sea y debe ser modificado, porque no estamos hablando de dinero sucio sino de dinero negro", sostuvo.
Repasó detalladamente los delitos principales y su conexión con delitos accesorios en diversas modalidades, para cuya descripción se apoyó en esquemas diseñados en una pantalla, referidos a casos reales ocurridos en su país aunque sin identificar a los protagonistas.
"Algunos delitos se cometen dentro de un territorio, pero la gran mayoría, justamente con el objetivo de hacer más difícil la investigación, se realizan a través de distintos territorios". Dijo que las mayores dificultades para la investigación se registran en los países con "legislaciones laxas", donde existen los depósitos off shore, cuentas numeradas o la participación de agentes regentes, es decir, que personas o empresas que prestan sus nombres para realizar las operaciones ilícitas. Estos países también tienen un férreo secreto bancario, controles casi inexistentes y procuran el anonimato para los inversores.
En otra parte de su exposición, la doctora López consideró que en muchos casos no están exentos de responsabilidad los grandes centros internacionales: "¿Por qué no meter ahí a Wall Street, si es el perfecto esquema dentro de la cadena de lavado de dinero? Yo puedo hacer dos millones de operaciones en un solo día y me quedo corta. ¿Cómo hace un investigador para seguir estos dos millones de operaciones? Es de locos, se pega un tiro, esa es la realidad", ironizó.
En otra afirmación que provocó hilaridad en el auditorio, la doctora López dijo: "Quisiera que me dieran una hora con (el empresario argentino) Alan Faena, para ver cómo hizo. Cuando uno va caminando por Palermo y ve esos grandes edificios, se pregunta ¿quién los compra?".
Por su parte, el doctor Leonardo Costa hizo hincapié en la importancia de la sanción de la ley Nº 17.016, conocida popularmente como ley de drogas, que este año cumple diez años de vigencia. Esta ley tipifica el lavado de dinero como delito autónomo. Costa basó su exposición en un repaso de las distintas leyes vinculadas al tema que se han ido sancionando en nuestro país.
En el panel de la tarde, el profesor grado 5 en Derecho Penal de la Facultad de Derecho doctor Miguel Langón, disertó respecto al "peligro" que conlleva la aplicación de normas muy duras para combatir el lavado de activos. "¿Está todo permitido para enfrentar este delito o hay límites?", se preguntó el jurista.
Langón, quien durante años se desempeñó como fiscal penal y actualmente cumple funciones como fiscal de lo Contencioso Administrativo, planteó la dificultad que significa para el Derecho Penal la aplicación de leyes extremadamente rígidas lo que puede representar "una incompatibilidad con la democracia y el garantismo que debe ofrecer la Justicia". En este contexto, explicó que cuando se aprueban normas muy severas para determinado delito, los jueces optan por no aplicarla y normalmente mantienen el criterio anterior. Por ello, dijo que el castigo máximo previsto en Uruguay para el delito de lavado de activos que es de 15 años de penitenciaría "no es una pena liviana" tomando en cuenta que "nuestro país no tiene un claro problema de lavado".
Además de Langón, participaron el especialista peruano Jorge Yumi, jefe de la Unidad Antilavado de la OEA, quien hizo referencia a los mecanismos de control y la regulación internacional del lavado de activos y los vínculos con el terrorismo y la corrupción.
También disertó el contador Daniel Espinosa, representante de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU) quien explicó la nueva normativa que se está analizando para combatir este tipo de delitos.
Por su parte, en el cierre del evento, el director del Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero (Cecpla), Ricardo Gil Iribarne, señaló que los objetivos de trabajo que el organismo se plantea en el futuro inmediato están vinculados al estricto control de inmobiliarias y casinos.
El jerarca reconoció que en "Uruguay hay lavado", aunque destacó los esfuerzos de coordinación que se están llevando a cabo para combatirlo. Gil Iribarne subrayó además que el objetivo de las políticas relacionadas a este aspecto tienen que brindar "resultados", por lo tanto, dijo que "en uno, dos o tres años, tenemos que lograr que no haya más lavado y tampoco más droga". *
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