Reclaman a Uruguay tipificar la tortura como un delito autónomo

La Compilación de observaciones finales del Comité contra la Tortura dedicó a Uruguay un importante capítulo a través del que se convoca a nuestro estado a incorporar "una clara definición de la tortura en el derecho interno uruguayo", ya que hoy se carece de la misma y además se mostró preocupado por cómo se aplica en nuestro país el recurso de hábeas corpus y de amparo.

También se manifiesta inquietud por "disposiciones legislativas que eximían de responsabilidad penal y de castigo a las personas que hubieran cometido actos de tortura bajo las órdenes de un superior, cosa que parecía contravenir el párrafo 3 del artículo 2 de la Convención". Sobre este tema en particular, algunos miembros se preguntaron "de qué manera la Convención podía desplazar en la práctica las disposiciones internas pertinentes y si, habida cuenta de la experiencia del pasado en el Uruguay, no sería aconsejable que se derogasen oficialmente esas disposiciones".

También se hace referencia a la falta de educación e información al personal médico sobre la prohibición de la tortura que constituye una grave deficiencia, sobre todo habida cuenta de que, según el Colegio de Médicos del Uruguay, en el país participaron en actos de tortura unos 600 médicos durante el régimen dictatorial.

El informe, que abarca un período de quince años, destaca una petición hecha por el Comité al gobierno uruguayo a presentarse en junio de 1992 --gobierno presidido por Luis Alberto Lacalle-- con un informe detallado sobre la readaptación médica de las víctimas de la tortura y estimaron que se "debía perseguir enérgicamente a los culpables de tortura, que seguía practicándose en algunos casos, así como a quienes se habían hecho culpables de cometer tortura bajo la dictadura".

La publicación, que surge como iniciativa conjunta de la Representación Regional para América Latina y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, señala también que existen serias dificultades en Uruguay que obstaculizan la aplicación de la Convención contra la Tortura, y criticó la "lentitud del proceso legislativo para aprobar distintos proyectos de ley" como forma de no poder avanzar al respecto.

Por último, el Comité destaca las iniciativas legales y administrativas para dar satisfacción a los deberes que se contrajeron al ratificar la Convención pero, sin embargo, deplora la "prolongada dilación en hacerlas efectivas".

En ese sentido, los integrantes del organismo internacional ven con gran necesidad la introducción en Uruguay de reformas legales necesarias para adecuar su derecho interno a las disposiciones de la Convención, en especial la tipificación de la tortura como delito autónomo y la supresión de la obediencia jerárquica como causal de inculpabilidad del delito de tortura. Asimismo, insta al estado a perfeccionar los procedimientos preventivos de la práctica de la tortura a las personas privadas de libertad y a fortalecer su protección penal.

El extenso documento, que fue presentado por la doctora María Elena Martínez, directora de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, incluye además los respectivos informes sobre Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Venezuela. La presentación de dicho libro se realizó en Montevideo en el marco del "Taller especializado sobre atención integral a víctimas de violaciones graves a los Derechos Humanos en litigio de casos" que se desarrolló durante esta semana en el Hotel NH Columbia y que contó con la participación de la directora ejecutiva adjunta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, doctora Gilda Pacheco.

Más información

Los miembros del Comité le han pedido al Estado uruguayo más información sobre diversos asuntos de carácter general relacionados con la aplicación de la Convención y preguntaron en particular qué motivos habían llevado al Uruguay a aprobar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, qué efecto había tenido esa ley en la opinión pública y si el gobierno actual había adoptado alguna medida para destituir a las personas que intervinieron en actos de tortura bajo el régimen anterior.

Además han solicitado información sobre si existen presos políticos en el Uruguay y, en caso afirmativo, a qué jurisdicción estaban sometidos; si estaba garantizada la independencia del poder judicial; cómo se designaba a los jueces, si se los podía remover y cuál era su edad de jubilación obligatoria; cuántos tribunales de apelaciones existían y si podía someterse un caso a cualquiera de ellos. *