Gelman y Macarena reclamaron a la OEA reabrir el caso para hallar a María Claudia

El poeta argentino Juan Gelman y su nieta uruguaya María Macarena Gelman, presentaron el viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su alegato para que se exija al Estado uruguayo la eliminación de la Ley de Caducidad y la reapertura de la causa judicial para esclarecer la desaparición de María Claudia García de Gelman en 1976.

En un extenso escrito de 49 páginas elaborado por el abogado José Luis González, con el auspicio del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil), el suegro y la hija de María Claudia fundamentaron que el Estado uruguayo ha violado múltiples artículos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Entre las normas afectadas se incluyen el derecho a la vida, la libertad, la seguridad e integridad de la persona, la constitución y protección de la familia, la maternidad y la infancia, el reconocimiento de la personalidad jurídica y los derechos civiles, el derecho a la justicia, a la protección contra la detención arbitraria y a un proceso regular.

El alegato establece que desde el secuestro de María Claudia en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976 hasta el 19 de abril de 1985, cuando se ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Uruguay también ha violado derechos amparados en las convenciones sobre la desaparición forzada de personas y contra la tortura, ratificadas en 1992.

Entre ellos, se destacan el derecho al debido proceso y la protección judicial de las víctimas, el derecho a la verdad, a la obligación de investigar violaciones a los derechos a la vida, la libertad e integridad física y psicología y sancionar dichas afectaciones, como el derecho a la integridad personal de Juan Gelman y la protección a la niñez de Macarena.

"Un manto de impunidad"

El documento relata el largo proceso sufrido por el Caso Gelman (ver cronología) y sostiene que ha existido "una ausencia de tutela judicial efectiva respecto a la desaparición de María Claudia y el destino de su hija Macarena que constituye un incumplimiento de la obligación del Estado de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos".

Se agrega que esa afectación "se ha concretado a través de la sanción y vigencia de una ley que obstaculiza la investigación y castigo de crímenes cometidos durante la dictadura, por las decisiones del Poder Ejecutivo y Judicial que, amparadas en dicha legislación, obstruyeron el esclarecimiento de los hechos".

Al referirse al Informe Final de la Comisión para la Paz, el alegato lo considera "un primer intento para conocer y reconocer oficialmente lo que ocurrió en esta aciaga época. Sin embargo, como ya se adelantó, es una iniciativa insuficiente por su alcance para satisfacer el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido".

"Por otro lago ­agrega el documento entregado esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- la información específica suministrada al señor Gelman y a María Macarena por la Comisión para la Paz en Uruguay, no fue más amplia o detallada que lo que habían averiguado por sus propios medios".

"Los resultados del Informe no permiten saber qué ocurrió con María Claudia y María Macarena durante su cautiverio, ni la suerte de María Claudia, ni las razones de su detención y desaparición. Estos y otros interrogantes, que afligen y causan pena al señor Juan Gelman y a María Macarena Gelman García Irureta Goyena, no han sido resueltos por el Estado uruguayo y fueron por el contrario cubiertos con el manto de la impunidad", se subraya.

"Resultados ineficientes"

Al referirse a las acciones del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, se sostiene que "ha tomado pasos significativos para el caso en estudio, intentando allanar el camino para que las víctimas accedieran a la verdad de lo sucedido. Sin embargo, las gestiones realizadas han sido insuficientes para concretar una reconstrucción satisfactoria de lo sucedido".

"El Informe Final de la Comisión para la Paz y las posteriores gestiones realizadas por el presidente Tabaré Vázquez, no han satisfecho el derecho a la verdad. Con independencia de que se valoran las actividades impulsadas por el Poder Ejecutivo, lo cierto es que éstas han resultado ineficaces para garantizar el derecho a la verdad ya que no se ha logrado obtener información fehaciente sobre el paradero de María Claudia", señala el alegato.

"El claro posicionamiento del Poder Ejecutivo (...), excluyendo el caso de la Ley de Caducidad, por meritorio que sea, no ha brindado ningún fruto a la persecución penal", afirma y sostiene que "la interpretación del Poder Ejecutivo respecto de la Ley de Caducidad, por más amplia que sea, no altera la falta de una investigación imparcial sobre las graves violaciones a los derechos humanos que afectaron a las víctimas", se establece.

"Como ya se ha dicho en la contestación a las observaciones del Estado, frente a la negativa del Poder Judicial a investigar y sancionar, el Estado de Uruguay ha reafirmado el respeto por la independencia de la Justicia y de esta forma ha ratificado la vigencia de obstáculos de orden interno que ocluyen el cumplimiento de las obligaciones internacionales en lo referido a la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos", concluye.

Finalmente, se solicita a la CIDH un pronunciamiento sobre el fondo del caso, para que Uruguay reestablezca los derechos de los Gelman, con la reapertura judicial de la causa para que se investigue, juzgue y castigue a los autores, y se continúe la búsqueda de María Claudia. De lo contrario, piden que el caso sea elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *