Cordero seguirá preso en Porto Alegre, porque nadie quiere tener su custodia

El Supremo Tribunal Federal (STF), máximo órgano judicial de Brasil, ya no sabe qué hacer con el coronel uruguayo Manuel Cordero, quien se ha constituido en una molestia, desde que está preso en Porto Alegre a la espera de su extradición a Argentina o Uruguay, acusado de crímenes de lesa humanidad.

Con 69 años de edad y aduciendo una enfermedad cardíaca, el torturador uruguayo y su equipo de abogados ha inundado el proceso de extradición de escritos, alegatos, hábeas corpus, pedidos de libertad, solicitud de traslados y otras maniobras jurídicas para que se posponga una decisión en su caso.

Según lo publicado ayer en el Diario de la Justicia de Brasilia, Cordero no será trasladado por el momento y permanecerá en la sede de la Policía Federal en Porto Alegre, hasta que se consiga un lugar que presente todos los requerimientos de seguridad ante un intento de fuga, y la atención sanitaria que el reo requiere.

La última posibilidad manejada por el ministro relator del caso, Marco Aurelio de Mello, fue que Cordero sea transferido a la cárcel estatal de Porto Alegre o el presidio estadual de Santana do Livramento, pero ya había existido una respuesta de la penitenciaría fronteriza en la que se indicaba que el lugar estaba completo.

"Enturbiar" el proceso

La presión sobre una transferencia de Cordero, recluido desde hace seis meses en el primer piso de la sede que la Policía Federal tiene en la Avenida Ipiranga 1536, se ha venido realizando a través de un equipo de abogados integrado por Julio Favaro, un defensor de oficio y el diplomático Leonardo Araújo.

La estrategia de la defensa ha sido "enturbiar" el proceso judicial para que, entre recursos, escritos y petitorios, se evite una decisión del ministro relator Marco Aurelio de Mello y, en tanto, Cordero obtenga su libertad provisoria, detención domiciliaria, o traslado a un presidio del que eventualmente pueda fugarse.

Cordero había permanecido prófugo de la Justicia uruguaya desde 2004, cuando huyó a Brasil para no comparecer en una causa de desacato con ofensa que le entabló el juez José Balcaldi, quien le instruyó una denuncia por apología de la tortura debido a declaraciones que el militar realizó al semanario Búsqueda.

Durante un año Cordero estuvo en situación de "clandestinidad" hasta principios de 2005, cuando el activista de derechos humanos Jair Krischke lo localizó en Santana do Livramento. Otro año más se necesitó para que ante un pedido de extradición de la Justicia argentina el militar uruguayo fuera apresado.

El juego del traslado

El juego del traslado de Cordero comenzó pocas semanas después de su detención en Santana do Livramento el pasado 26 de febrero. El 12 de marzo, el torturador uruguayo fue recluido en la sede de la Policía Federal de Porto Alegre y casi de inmediato fue llevado a una clínica cardíaca por un supuesto malestar.

Días después, realizados los chequeos médicos correspondientes, los médicos brasileños le dieron de alta y Cordero volvió a la dependencia de la Avenida Ipiranga, en cuyo celdario compartía horas con presos en tránsito procesados por delitos de evasión fiscal, narcotráfico o tráfico de armas.

El argumento de que Cordero no podía ser visitado por su familia fue entonces interpuesto por los defensores, quienes pidieron su traslado a Santana do Livramento, a una unidad del Ejército o al regimiento de la Brigada Militar. Sin embargo, ambas dependencias rechazaron la posibilidad de recibir al torturador uruguayo.

Tampoco la penitenciaría estadual de Santana do Livramento aceptó alojar al criminal de lesa humanidad en un centro de reclusión sobrepoblado y del cual podría comprar su fuga con sólo dos mil dólares. Y, para colmo, la oficina de la Policía Federal en la ciudad fronteriza no tiene carcelaje.

El enojo del ministro

La situación del coronel Manuel Cordero ha llevado al extremo de enojar al ministro relator Marco Aurelio de Mello, quien no acepta las presiones y jugarretas jurídicas para trasladar al militar uruguayo a un lugar de reclusión que no quede bajo dependencia de la Policía Federal.

El problema está en que los "extraditables" deben ser custodiados por la Policía Federal, que constitucionalmente ejerce el rol de policía judicial, pero hasta la reciente creación de los presidios de Campo Grande (Mato Grosso) y Canduvas (Paraná) esa dependencia carecía de un establecimiento de reclusión propio.

"O Estado precisa aparelhar-se para a estrita observância dos ditames constitucionais. Não é razoável simplesmente afirmar-se que não possui a Polícia Federal dependência para manter custódia de extraditando", indicó el ministro Marco Aurelio en un dictamen en el que señaló su perplejidad por la situación.

El coronel Manuel Cordero, entonces, permanecerá en las dependencias de la Policía Federal de Porto Alegre, hasta que se ubique otro centro carcelario que en la órbita y custodia federal permita su alojamiento hasta que se decida si el requerido es finalmente enviado a Argentina o a Uruguay. *ç