La Justicia puertorriqueña acusa a Lasalvia y a cuatro médicos puertorriqueños, que también aceptaron su culpabilidad, de utilizar esta vacuna en enfermos terminales de cáncer, según informó el diario Primera Hora de Puerto Rico. Los acusados enfrentarán penas de entre tres y 20 años de prisión. La Fiscalía pidió que se archiven las acusaciones contra otros dos acusados en el mismo caso, y la ex diputada y ex subsecretaria de Salud Pública Laura Albertini Fossa esposa de Lasalvia, presidenta de la compañía Pharmablood, que tenía su sede en Miami, y contra el puertorriqueño Jorge Nazario Cortés. Hay otra uruguaya imputada en el caso, Sylvia Cuchi, quien al no haberse presentado ante la corte federal es prófuga de la Justicia de EEUU. Cabe recordar que éste no es el primer caso de problemas con la Justicia para Lasalvia y Albertini, destacados jerarcas de la salud durante el gobierno del Foro Batllista. El 1º de diciembre de 1995 el entonces diputado frenteamplista Leonardo Nicolini realizó en LA REPUBLICA la denuncia de las maniobras de Eduardo Lasalvia, entonces director del INDO, y su esposa, Laura Albertini, subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, con su empresa Biohealth. Lasalvia fue procesado en mayo de 1999 por el juez Walter Carmona, bajo acusación de conjunción del interés personal y público. El magistrado entendió que el funcionario asumió una conducta ilícita al haber promovido una licitación pública y aconsejar la contratación de una empresa de la cual era director y propietario.
Junto a Lasalvia hay otros cuatro imputados de vender una falsa vacuna contra el cáncer llamada Pharmablood y que admitieron su culpabilidad son los médicos puertorriqueños Félix Cotto Ortiz y Rubén Otero, además del comerciante José Murati Sepúlveda. La jueza federal Carmen Consuelo Vargas de Cerezo dejó hoy para la vista, reporte y recomendación de un magistrado aún no designado estas declaraciones de culpabilidad. El pasado 1º de marzo agencias federales y estatales anunciaron después de tres años de investigaciones las imputaciones contra los seis por diferentes fraudes relacionados a la comercialización sin permiso de la supuesta vacuna contra el cáncer. Según las acusaciones, los imputados habrían inyectado la vacuna principalmente a pacientes de cáncer terminal desde junio de 2003 al mismo mes de 2004 y el producto estuvo accesible al público en general desde junio de 2003. El tratamiento habría sido administrado en el Centro de Cáncer de Pharmablood del Hospital San Juan Bautista de Caguas, ciudad colindante a San Juan, en Puerto Rico. En el momento de su detención, Cotto Ortiz y Otero estaban ejerciendo la medicina en Puerto Rico sin tener autorización. Murati Sepúlveda ejercía como director ejecutivo del centro y Nazario Cortez trabajaba como médico con permiso. *
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