El comandante en jefe de la Armada, vicealmirante Juan Fernández, comparecerá esta tarde ante el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze en el marco del expediente que indaga una serie de cinco o seis traslados clandestinos de presos políticos registrados en 1978 desde Buenos Aires.
El magistrado y la representante del Ministerio Público interrogarán a Fernández respecto al informe que la fuerza de mar elevó a la Presidencia de la República en setiembre de 2005, en cuya elaboración participó el actual jefe de la Armada.
El informe, suscrito por el comandante de la época, Tabaré Daners, reconoció que "existió coordinación e intercambio de información" entre los Fusileros Navales de Uruguay (Fusna) y la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA).
Al documento se agregó un apartado titulado "Operativo Contrasubversivo GAU", de fines de junio, en el cual se incluyeron fragmentos de las declaraciones en Buenos Aires de José Michelena, presuntamente trasladado a Uruguay, y quien todavía permanece desaparecido.
La jueza civil Loreley Opertti dará a conocer esta tarde la sentencia en el marco del pedido de clausura por seis días de los locales de la cadena de supermercados Tienda Inglesa, solicitada el año pasado por la Dirección General Impositiva (DGI).
La magistrada convocó a las partes a una audiencia para esta tarde a las 14 horas, para dar lectura al fallo, en el cual deberá definir si acoge la medida solicitada por el organismo recaudador, o en caso contrario define el archivo del expediente.
En abril de 2006 la DGI le pidió a la Justicia la clausura por seis días de todos los locales de Tienda Inglesa, un depósito y una fábrica de alimentos, luego de constatar presuntas irregularidades en la registración de las ventas, hecho que en todo momento fue negado por los representantes de la firma.
La cadena de supermercados interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Clausura de Empresas.
La norma prevé que es posible clausurar una empresa ante la "presunción" de defraudación, pero el recurso fue rechazado por la Suprema Corte y el caso volvió al juzgado civil. *
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