Mides desmiente que el ingreso ciudadano estimule a no trabajar

En el editorial titulado "El fracaso de los subsidios", publicada por el diario El Observador el martes 23 de octubre de 2007, el diario señala que si bien "repartir dinero entre personas sin recursos para atender sus necesidades más apremiantes tiene en el papel el fundamento loable de que por lo menos puedan comprar algunos alimentos", también "tiene el inconveniente práctico de alentar la holganza y el desinterés por el trabajo". En la nota se afirma que recientemente empleadores de mano de obra han señalado que, con el fin de no perder el beneficio del plan, muchos de los "protagonistas" del Panes optan por no trabajar. "Productores rurales y empresarios del sector forestal, entre otras áreas de actividad, afirman que muchos beneficiarios del ingreso ciudadano rehúsan ofertas de trabajo para no perder los $ 1.415 que reciben todos los meses del Mides. Informaron que, para no perder el subsidio, rechazan ocupar puestos de trabajo a menos que sea en negro, ilegalidad que conspira contra los esfuerzos del gobierno por combatir la informalidad y por extender a todos los trabajadores las ventajas de la seguridad social, que incluyen atención médica y jubilación", señala el periodista.

Por otra parte, el artículo critica el cumplimiento de las contrapartidas del ingreso ciudadano, señalando que los hechos demuestran que no se alcanzado uno de los principales objetivos del subsidio que era "sacar a los niños de le la mendicidad y la calle y enviarlos a la escuela". El editorial señala que "esta obligación era necesaria como justificación del subsidio, ya que suponía asegurar regularidad a la errática o inexistente educación de niños y jóvenes, esencial para abrirles un futuro mejor a quienes crecen en entornos familiares empobrecidos y de bajo nivel cultural. Pero es notorio que ha sido ignorada en gran parte, como lo han reconocido fuentes del propio ministerio y se evidencia en la indeclinada presencia infantil en las calles ejerciendo diferentes formas de mendicidad".

"Es la primera vez que la sociedad transfiere recursos a quienes más necesitan"

A continuación, LA REPUBLICA transcribe la carta enviada por la subsecretaria del MIDES, Ana Olivera, en respuesta al editorial de El Observador:

"En al año 2005, de acuerdo al compromiso asumido con la ciudadanía, se puso en marcha el Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social, que no es sólo el Ingreso Ciudadano --la transferencia monetaria a los hogares en extrema pobreza-- aunque éste era imprescindible. Entre otros aspectos fue la primera vez, en nuestro país, que la transferencia de toda la sociedad era para aquellos que más lo necesitaban. (No necesitamos recordar, seguramente, las transferencias millonarias que la sociedad hizo, por ejemplo al sistema financiero en 2002).

Se trataba de asistir en la emergencia, pero además el Panes implicó diferentes programas de promoción social con esos mismos hogares, como "Construyendo Rutas de Salida" y "Trabajo por Uruguay".

Cuando le pusimos rostro a las cifras nos encontramos con 4.000 mayores de 19 años que nunca habían ido a una institución educativa, 37.000 analfabetos funcionales, miles que no ejercían derechos que les correspondían, por no tener Cédula de Identidad.

Para miles de ciudadanos hoy la luz en el horizonte pasa por la campaña de alfabetización que se está desarrollando en todo el país porque... ¿cuál es la posibilidad de inserción en el mundo del trabajo de estos hombres y mujeres que no podían siquiera leer el destino de un ómnibus? Los fuimos a buscar, porque sabíamos cómo se llamaban y dónde vivían, resultado de la implementación del Plan de Emergencia.

Podríamos seguir hablando de la salud ocular y el descubrimiento de la enorme deuda retrospectiva que existía, de la salud bucal y lo que significa para hombres y mujeres enfrentar el mundo con dentadura nueva, poder sonreír y presentarse de otra manera ante un posible trabajo.

Ahora bien, el editorialista de El Observador se centra en 'demostrar' el daño que se ha realizado con el Ingreso Ciudadano y en que no se controló el cumplimiento de las contrapartidas anunciadas. Es cierto, en primer lugar, que para nosotros el objetivo no era retirarle a los hogares el Ingreso Ciudadano, sino lograr que los niños y adolescentes concurrieran a la escuela y al liceo, lo que en realidad era exigirles que ejercieran sus derechos. Y, como el objetivo era ése y no pudimos hacerlo por los medios adecuados porque no existían, lo hicimos artesanalmente. Los docentes, las direcciones de los centros de estudio, los maestros y las maestras comunitarias comunicaban los casos a nuestros delegados territoriales; desde el programa "Construyendo Rutas de Salida" se nos advertía del incumplimiento de los compromisos asumidos por los hogares.

También es interesante analizar por qué no existían esos mecanismos que hubiesen sido los adecuados. La población seguramente no sabe que, cuando llegamos al gobierno en 2005, hacía cerca de 10 años que para el pago de las asignaciones familiares el BPS sólo controlaba matrícula y no permanencia en el sistema educativo. Sobre todo porque los diferentes organismos de la enseñanza no cuentan con sistemas informáticos para realizar ese control.

Hace un año que se está trabajando para que existan dichos sistemas informáticos y puedan interactuar, necesarios para el nuevo régimen de asignaciones familiares --proyecto de ley que se encuentra a estudio en el Parlamento-- siempre con el interés de fomentar la inserción en el sistema educativo de nuestros niños, niñas y adolescentes y no de castigar a la gente por encontrarse en situación de desprotección.

La conclusión que saca el editorialista es que por ese motivo hay mendicidad infantil. Se equivoca profundamente.

Poco les interesa a esos hogares el Ingreso Ciudadano y así lo manifiestan, ya que es mucho más el dinero que recogen fruto de la mendicidad. Esos casos son tratados aparte, en el programa 'Infacalle', que se lleva adelante entre el INAU y el programa Infancia y Familia del Mides. Es un programa en el que se trabaja en la calle y simultáneamente en el hogar.

Porque el Ministerio no claudica y sigue empecinadamente trabajando con ellos en un trabajo específico, hogar por hogar, de largo aliento.

El segundo tema planteado por el editorial refiere al desestímulo que significaría el Ingreso Ciudadano para la búsqueda o el acceso a un trabajo por parte de los protagonistas del Plan de Emergencia.

El primer dato que debería haber chequeado quien eso escribió es que más de 12.000 hogares han salido del Panes por tener un trabajo formal, declarado en el BPS y con un ingreso mayor a .300 por integrante del hogar. Muchos de ellos han renunciado voluntariamente el Plan, como lo han hecho los que han accedido a la pensión a la vejez.

El caso más complejo podría haber sido el de los trabajadores zafrales, pero el editorialista debería saber que en varios de esos sectores, tanto a partir de la inquietud de los productores como de nuestros coordinadores, se encararon las diferentes situaciones. El primer ejemplo es el de la vendimia.

De las bodegas se nos enviaban los listados de los trabajadores que ingresaban y nosotros verificábamos en el sistema. En general, nunca sobrepasaron con la vendimia los ingresos previstos para seguir incluidos en el Plan.

El segundo ejemplo es el de los trabajadores de la caña de azúcar.

Aquí sí los ingresos por la zafra se tradujeron en que durante unos meses los trabajadores son suspendidos del Plan y luego reciben nuevamente la visita de los técnicos para su reingreso al Panes, luego de un meticuloso trabajo de nuestra delegada en Bella Unión. Lo mismo sucede con la zafra de la naranja.

Más allá de los detalles, lo que todos estos ejemplos demuestran es que nuestros compatriotas no rechazan la posibilidad de trabajar, que aspiran como todo ser humano a mejorar sus condiciones de vida y que eso no se logra con .600 al mes.

También es cierto que aunque hoy hubiera en este país un puesto de trabajo para cada uruguayo y uruguaya, habría miles que igual no accederían por su condición socio-cultural o por su edad, y, en este aspecto, hay varias opciones que se pondrán en práctica a partir de 2008 con el Plan de Equidad.

Aporto solamente una cifra, para entender esto último, que presentamos en el Observatorio Montevideo en 2004, respecto a una zona de Montevideo donde se verificaban los mayores indicadores de exclusión (hacinamiento, abandono escolar, no acceso a la enseñanza media, desnutrición): el 65% de los mayores de 18 años nunca había accedido a un trabajo formal.

¿De cuántas generaciones estamos hablando? Resolver los problemas en esas condiciones de vida, para quienes sólo conocen la indigencia y la extrema pobreza por generaciones, llevará también un trabajo de años.

Por último, el Plan de Emergencia culmina en diciembre próximo porque durante estos dos años y medio hemos trabajado --todo el gobierno, no sólo el Mides-- en la construcción de políticas públicas de carácter permanente: en la salud, en la educación, en el trabajo y el empleo, en la vivienda, en el Plan de Igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, en un nuevo sistema de Protección Social. Eso es el Plan de Equidad". *