El "Goyo" cada vez más comprometido

Gregorio Alvarez declaró ayer durante casi tres horas ante el juez penal de 19º Turno, doctor Luis Charles y la fiscal penal de 2º Turno, doctora Mirtha Guianze, en el marco de la causa que indaga presuntos traslados ilegales de presos políticos detenidos en Argentina entre 1977 y 1978.

Alvarez, que el 1º de febrero de 1978 asumió el cargo de comandante en jefe del Ejército, si bien compareció en calidad de testigo, en la instancia fue asesorado por sus abogados, los doctores Carlos Curbelo Tammaro y Pedro Montano.

Según pudo saber LA REPUBLICA, el "Goyo" aseguró que en ningún momento tuvo conocimiento sobre los traslados de 1978 ni siendo comandante de la fuerza de tierra, ni luego, cuando ocupó la Presidencia de la República.

Incluso Alvarez dijo no saber nada aun cuando el juez Charles y la fiscal Guianze le exhibieron parte de la documentación aportada en el último tiempo por el abogado denunciante, Oscar López Goldaracena material que comprometería seriamente su situación procesal.

Admitió, sin embargo, haber firmado en 1978 la orden Nº 7.767, en la que asumió la responsabilidad de todos los actos de sus subordinados "en la lucha contra la subversión". También reconoció haber dado la orden de descompartimentar la información sobre la lucha "antisubversiva" para centralizarla en los mandos.

Alvarez puso en duda la existencia de desaparecidos y de torturas durante la dictadura. Lo mismo había asegurado meses atrás al declarar por el "segundo vuelo", por lo que al expediente se remitió una copia de sus anterior comparecencia.

Alvarez también aseguró que mientras ejerció la Presidencia de la República, entre setiembre de 1981 y abril de 1985, no se registraron torturas ni desapariciones. Sin embargo, información contenida en los libros "Nunca Más" y "A Todos Ellos", lo desmienten.

El 27 de junio pasado, LA REPUBLICA publicó un informe sobre las muertes y desapariciones registradas durante la presidencia de facto de Alvarez. De acuerdo con las investigaciones, un total de 16 personas desaparecieron o se "suicidaron" en prisión.

Entre otros casos, en este período, estando detenidos y en dudosas circunstancias, murieron Horacio Ramos y Ruben Martínez Addiego. Fallecieron por torturas Gerardo Cuesta, Vladimir Roslik y Adolfo Wasem. Permanecen desaparecidos Antonio Paitta y Féliz Ortiz.

Fiscal estudiará expediente

La comparecencia de Alvarez constituyó la última instancia antes de que el juez Charles remita a la fiscal Guianze el expediente para que tras analizarlo en profundidad, decida si pide los procesamientos de los militares involucrados, explicó ayer a los medios de prensa la fiscal.

De esta manera, en los próximos días, la representante del Ministerio Público elevará su dictamen al magistrado, quien en el eventual caso de que se soliciten enjuiciamientos, dispondrá de 45 días para resolver si hace lugar o no al pedido.

La documentación oficial agregada a la causa, indica que Alvarez habría tenido conocimiento sobre los traslados clandestinos. El material lo incriminaría en su condición de jefe de la División IV del Ejército y también como comandante en jefe, por lo que es muy factible que se solicite su procesamiento.

El posible pedido de procesamiento también podría involucrar a los ex marinos Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau, quienes estarían seriamente comprometidos en la coordinación represiva realizada entre los Fusileros Navales (Fusna) y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Argentina.

Larcebeau, al declarar ante el juez y la fiscal, admitió haber viajado a Buenos Aires para participar en interrogatorios a presos políticos, al tiempo que Tróccoli indicó que en 1978 operó en una base naval argentina, pero dijo no tener vinculación con los traslados. *