Uruguay justificó autorización a Botnia

La misiva fue redactada el pasado martes por autoridades de la Cancillería, aprobada por el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez ­quien se encontraba en Vietnam­ y entregada al embajador argentino en Montevideo, Hernán Patiño Mayer.

El viernes 9 de noviembre, luego de que Vázquez resolvió desde Santiago de Chile autorizar el funcionamiento de Botnia, el gobierno argentino inmediatamente remitió a Uruguay, a través del embajador en Buenos Aires, Francisco Bustillo, una nota de protesta por la decisión.

En la carta, Argentina expresa "su más formal y enérgica protesta ante esta decisión unilateral que lesiona gravemente los derechos de la Argentina en virtud del Estatuto del Río Uruguay de 1975".

Asimismo, a través de la misiva el gobierno argentino entiende que la puesta en marcha de Botnia "decidida por el Uruguay sin esperar la sentencia que debe pronunciar la Corte Internacional de Justicia de La Haya constituye una evidencia adicional de la conducta ilegítima de Uruguay, que se viene manifestando desde que decidió no respetar el Estatuto de 1975, tratado bilateral que reglamenta un recurso fluvial compartido entre ambos países".

Luego de estudiar en profundidad el contenido y los términos de la misiva argentina, la Cancillería uruguaya finalmente decidió responder.

A través de la respuesta que se le entregó a última hora del pasado martes a Patiño Mayer, luego de que el presidente Vázquez diera el aval desde Vietnam, se indica que "en ninguna de las resoluciones de la Corte de La Haya se expresa que la entrada en funcionamiento de la planta de Botnia, que se suponía que en algún momento iba a comenzar a producir pasta de celulosa, podría llegar a constituir un agravamiento para el conflicto", confirmaron fuentes de Cancillería.

A lo que sí se hace referencia en las decisiones de la Corte es a que si se comprueba que Botnia contamina "la Corte eventualmente podría solicitar que se suspenda el funcionamiento de la planta y, por ende, su producción", entiende el gobierno uruguayo.

A la vez, se recuerda que la determinación de instalar la planta de celulosa "no fue una decisión unilateral" del Uruguay ya que Argentina estaba en conocimiento de ello, porque el propio presidente, Néstor Kirchner, reconoció en 2005, a través de su mensaje a la nación, que el problema estaba superado.

Asimismo, en la carta se reivindica el "derecho soberano" de Uruguay de decidir. Según los informantes consultados por LA REPUBLICA, desde el comienzo del diferendo se ha planteado que "dentro del país, las decisiones son del gobierno y no están supeditadas ni condicionadas a ninguna autorización o aprobación ni de Argentina ni de ningún organismo internacional".

"Es decir, son medidas que Uruguay, en ejercicio de su soberanía, define de acuerdo a todos los reglamentos y condiciones", añadieron los informantes.

Uruguay también "rechaza" que Argentina se refiera a que se trata de una "protesta enérgica", porque ello parte de considerar "erróneamente" que Uruguay agravó el conflicto.

Por tal motivo se responde que en los intentos de reuniones entre los presidentes de ambos países con la Corona española en Santiago de Chile, durante la pasada Cumbre Iberoamericana, "no se pudo avanzar, pero no por intransigencia o negativa de Uruguay, sino porque Argentina consideró que no había condiciones para avanzar". *