Vázquez modifica la Ley de Caducidad

El Poder Ejecutivo remitió ayer al Parlamento un proyecto de ley que introduce cambios al artículo 10 de la Ley de Caducidad, uno de los cuales elimina la alternancia de las tres fuerzas en la dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie).

La iniciativa se produce en momentos que organizaciones políticas, sindicales y sociales, han iniciado una campaña popular en procura de derogar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. También se enmarca en el anuncio del propio hermano del presidente de la República, Jorge Vázquez, que firmará para derogar la norma.

Ni el Presidente, ni su círculo más estrecho de colaboradores han manifestado otra postura que no sea a favor de la confirmación de la ley.

En el proyecto firmado por el presidente Vázquez y la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, se plantea modificar el artículo 10 de la Ley de Caducidad, y se establece que la "Dirección Nacional de Inteligencia del Estado dependerá directamente del Ministerio de Defensa, tendrá como objetivos elaborar y desarrollar las tareas atinentes a la inteligencia al más alto nivel mediante la planificación y coordinación de todas actividades de información y contrainformación que desarrollen los diversos organismos militares especializados".

Asimismo, se determina que la Dirección será ejercida por un oficial general o almirante o por un oficial superior.

El artículo original establecía que "el Servicio de Información de las FFAA pasará a denominarse Dirección General de Información de Defensa. Dicho servicio dependerá directamente del Ministerio de Defensa".

"Tendrá por objetivo elaborar la inteligencia al más alto nivel mediante la coordinación y planificación de todas las actividades de información y contrainformación que desarrollen los diversos organismos militares especializados existentes".

Asimismo expresa que la dirección será ejercida por un oficial general o superior debiéndose implementar la alternancia de las tres fuerzas en la dirección del servicio por período de dos años. Este es el aspecto que se pretende derogar.

El Ejecutivo argumenta que con la modificación se apunta a otorgar la flexibilidad necesaria en la elección del oficial que considere apto para la conducción de la tarea de Inteligencia.

Bajo la Ley de Caducidad se han amparado los anteriores gobiernos para no juzgar a los militares y policías que cometieron delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar (1973-1985).

Luego de que el gobierno de Vázquez ingresó a los cuarteles en procura de restos de desaparecidos y de lograr algunos resultados positivos al respecto, varias organizaciones políticas, sindicales y sociales comenzaron a gestar una campaña de recolección de firmas en procura de derogar dicha ley.