Ningún privilegio para el ex dictador

Se designó ayer un defensor de oficio al ex dictador Gregorio Alvarez, quien fue enjuiciado con prisión el lunes por el delito de desaparición forzada, y cuyos defensores renunciaron al caso al entender que el proceso judicial no ofrece garantías.

A primera hora de la mañana de ayer y bajo un importante operativo de seguridad, Alvarez fue trasladado desde la cárcel especial para militares en Piedras Blancas hasta el juzgado penal de la calle Misiones entre 25 de Mayo y Cerrito. Esposado y acompañado por tres policías, el ex dictador fue llevado hasta el despacho del juez Charles, ubicado en el tercer piso de la sede judicial. Según versiones que circularon ayer, el magistrado le tendió la mano para saludarlo, ante lo que Alvarez preguntó: «¿Es necesario?». «No», contestó el juez.

En la instancia, que se extendió durante poco más de diez minutos, Alvarez se negó a nombrar un defensor particular. «Desígneme un abogado de oficio, y si es posible que sea comunista», le habría expresado el ex dictador al magistrado. Acorde a la normativa vigente, el juez dispuso que la representación del ex presidente de facto sea asumida en adelante por un defensor público. El caso recayó en la doctora Estela Tonar, quien se encontraba de turno el 5 de diciembre, fecha de la última comparecencia de Alvarez ante el juez. Ahora, la nueva defensora estudiará el voluminoso expediente de más de cuatro mil fojas durante el mes próximo, para que con posterioridad al 1º de febrero, cuando se retome la actividad del Poder Judicial, resolver si apela el procesamiento (ver recuadro).

Alvarez fue procesado junto con el ex marino Juan Carlos Larcebeau, en el marco de la causa que indaga los traslados de presos políticos en 1978. El juez Charles también dispuso la captura internacional del oficial de la Armada retirado Jorge Tróccoli, quien se encuentra fuera del país.

A la salida del juzgado Alvarez levantó sus manos, sujetadas por delante por un par de esposas, y fue introducido en una camioneta policial. De este modo, el ex presidente de facto recibió el mismo trato que cualquier persona que se encuentre detenida y deba ser trasladada por razones de seguridad.

 

Falta de garantías

El lunes, tras confirmarse el procesamiento con prisión del ex dictador, sus abogados, Carlos Curbelo Tammaro y Pedro Montano, renunciaron a la defensa, presentando un escrito ante el juez denunciando falta de garantías en el proceso judicial.

«Motiva esta renuncia el trámite que se está dando a estos procedimientos, que ha determinado la inexistencia del marco normativo legal y constitucional que ampara los principios del debido proceso legal y las garantías para la defensa de cualquier justiciable», afirmaron los abogados.

«La proyección histórica que ha de tener este proceso, obliga a los comparecientes a actuar de esta manera, evitando cohonestar una actividad jurisdiccional viciada de nulidad y sin garantías, como la que se está llevando a cabo», agregaron Curbelo Tammaro y Montano.

Abogada defensora

«Este es un caso más y voy a hacer lo que legalmente tengo que hacer», fue el primer comentario de la doctora Estela Tonar, abogada de oficio que desde ayer por la mañana defiende al ex dictador Gregorio Alvarez.

La abogada le dijo a LA REPUBLICA minutos después de haber sido designada que se trata de un caso «muy especial» por la repercusión pública que tiene, pero desde el punto de vista profesional es un «caso más, que estoy obligada a tomar y a defender igual que al resto de los reclusos».

Explicó que ayer mismo tomó contacto con los primeros datos, aunque admitió que «sin duda el expediente consta de varias piezas y me va a llevar varios días leerlo en su totalidad».

Tonar estima que se reunirá con Alvarez recién en febrero, debido a que durante la feria judicial se dedicará a leer el expediente. Además dijo que ayer por la mañana le adjudicaron otros dos casos de oficio «y a todos los voy a tratar por igual».