RICARDO PORTELA
Y como nada ni nadie resiste un archivo, desde el retorno a la democracia a la fecha muchos funcionarios de los gobiernos que se han sucedido han sabido ocupar -además del banquillo del acusado- los titulares de la prensa por irregularidades de corrupción.
Se cuentan por decenas los funcionarios que han sido procesados, sin contar incluso los que aún tienen causas pendientes con la Justicia. Desde el más encumbrado jerarca con cargo de responsabilidad nacional, hasta el último edil de una junta local de un departamento del Interior han sabido ser blancos de carátulas judiciales por algún delito de fraude, estafa, conjunción del interés personal y público, abuso de funciones, alteración de documentos o desacato entre otras tipificaciones comprendidas en la legislación contra la corrupción.
El período del gobierno del Partido Nacional (1990-95) ha sido el que inauguró los procesos por actos de corrupción aunque se efectivizaron en el segundo mandato de Julio María Sanguinetti que lo sucedió. Aún resuenan los ecos de la "embestida baguala" advertida por Luis Alberto Lacalle.
De su administración resultaron procesados los funcionarios León Morelli, Julio Grenno, Daniel Cambón y Enrique Braga, reivindicado en su accionar luego por el propio Herrerismo, entre otros funcionarios de menor rango.
El rubro bancario o financiero ha sido tradicionalmente el área donde mayormente se han sucedido las acusaciones y pedidos de procesamiento de funcionarios a cargo. En el año 2003 el ex presidente del BHU, el colorado Salomón Noachas, fue procesado y por estos días pesa sobre él otra instancia. Los ex directores del Hipotecario Jorge Conde Montes de Oca, Norberto Sanguinetti, Fernando Caride, Jorge Sacchi y Néstor Moreira Graña se suman a la lista de pedidos de procesamiento.
En el mismo año 2003, el ex jerarca colorado del Banco Hipotecario Ariel Lausarot debió renunciar a su cargo tras haberse comprobado que había recomendado a un identificado contrabandista a la secretaría del entonces diputado colorado Alejo Fernández Chávez.
Quién no recuerda al secretario privado del ex presidente Julio María Sanguinetti, Ernesto Laguardia, fuertemente cuestionado primero por presunto tráfico de influencias en varias licitaciones millonarias y finalmente procesado por la Justicia Penal por el delito de "fraude".
Los ex intendentes Benito Stern y Andrés Arocena (ver recuadro) colorado el primero y blanco el segundo, han sido acusados y procesados o como el forista canario Tabaré Hackenbruch o el nacionalista Enrique Antía que tienen aún causas abiertas en la Justicia.
Pendientes de dictamen judicial están también las causas de los ex jerarcas de Antel Gabriel Gurméndez, Simón Erlichman y Oscar González Alvarez, entre otros.
Julio Kneit, ex presidente del BHU, también ha sido procesado con prisión, aunque el motivo tuvo que ver con causas ajenas durante su desempeño como titular de ese organismo público. En su causa lo acompaña la ex jerarca municipal Cristina Maeso que corrió con igual suerte.
A nivel de las empresas públicas, hay pendientes pedidos de procesamientos a los funcionarios que integraron los directorios durante los anteriores gobiernos en varios entes estatales. En el Poder Legislativo también se ha podido encontrar casos de procesamientos.
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