La jueza penal de 9º Turno, doctora Gabriela Merialdo, remitirá el lunes un oficio a la Suprema Corte Justicia (SCJ) para que el máximo órgano del Poder Judicial envíe un exhorto a Estados Unidos, solicitando información sobre el caso de la muerte de Cecilia Fontana de Heber, ocurrida en 1978.
Fuentes judiciales dijeron a LA REPUBLICA que una vez que el documento sea recibido por la Corporación, se procederá a su traducción al inglés, para luego disponer su remisión. Por ello, el envío del pedido tendrá lugar tras la Feria Judicial del mes próximo.
El objetivo de la solicitud de la jueza Merialdo es que el gobierno estadounidense remita toda la información existente vinculada al caso, tanto en la CIA, el Departamento de Estado, el FBI o el Consejo de Seguridad Nacional, agregaron la fuentes.
Fontana de Heber, esposa del dirigente nacionalista Mario Heber y madre del actual senador Luis Alberto Heber, fue asesinada en setiembre de 1978 tras injerir vino envenenado con foxdrín, un poderoso insecticida de acción fulminante.
Las botellas de vino adulterado también fueron enviadas a los dirigentes blancos Luis Alberto Lacalle y Carlos Julio Pereyra, quienes junto a Mario Heber habían iniciado una serie de gestiones para lograr la salida democrática.
Precisamente, a pedido del ex senador y líder histórico del Movimiento Nacional de Rocha, la causa judicial por la muerte de Fontana de Heber fue reabierta a fines del año pasado, luego que el abogado Javier Barrios Brove planteara que existen varios "cabos sueltos" en la investigación.
El abogado de Pereyra incorporó meses atrás al expediente una serie de 14 documentos del Departamento de Estado de EEUU que revelan eventuales vínculos entre ese país y la ultraderecha en el caso de Fontana de Heber.
La documentación incorporada al caso también hace referencia a un enfrentamiento entre el entonces comandante del Ejército, Gregorio Alvarez -procesado con prisión el pasado lunes- y el director del Servicio de Información de Defensa (SID) Amaury Prantl y José Gavazzo. Por ese motivo, el patrocinante de Pereyra pidió las comparecencias ante el Juzgado del dictador y de Gavazzo.
En el caso de la CIA, el organismo de inteligencia negó al abogado de Barrios Bove la posibilidad de acceder a documentación sobre el caso, alegando motivos de "seguridad nacional", decisión que fue recurrida por vía administrativa en Estados Unidos, y se espera que la decisión sea reconsiderada.
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