"Las empresas públicas fueron utilizadas para la corrupción"

Los actuales directores de los entes autónomos han concurrido repetidamente a convocatorias del Parlamento. En general, han dado información pormenorizada de su actividad. Para contextualizar el tema, me interesaría que usted comparara esta actitud con las asumidas por los responsables de los mismos entes en administraciones pasadas.

–El primer dato relevante a destacar es que, durante décadas, las empresas públicas fueron utilizadas como una herramienta para prácticas de corrupción o de clientelismo político, siendo administradas como si fueran propiedad de los directores de turno y no de todos los uruguayos. Lo que digo no está basado solamente en la información recogida a lo largo de dos años de trabajo de la Comisión Investigadora competente, sino en los procesamientos judiciales de ex directores de OSE, en la lamentable negativa de los partidos de la oposición de votar el levantamiento de los fueros de los legisladores Amaro y Casas y en los inminentes procesamientos de Salomón Noachas y Jorge Sacchi –uno colorado y otro blanco– a partir de las denuncias realizadas por el ex directorio del Banco Hipotecario, más la solicitud de procesamiento sin prisión de otros directores que se concretaría en estos días. Si uno analiza, a lo largo del tiempo, la práctica en materia de publicidad oficial, de donaciones, de ingreso de personal, va a advertir que las empresas del Estado eran utilizadas como usinas que, en realidad, permitían el funcionamiento de los partidos tradicionales. Se donaba a instituciones con un criterio claramente clientelista, se contrataba publicidad oficial en medios sin ningún criterio profesional en la mayoría de los casos y se ingresaba trabajadores por estricta cuota política. Hoy, la reciente comparecencia de la ingeniera Simon y del doctor Carvalho en la Comisión de Industrias de Diputados, con un primer dato sobre publicidad oficial, demostró que la práctica por la cual el directorio anterior de Antel había donado, por fuera de los criterios asignados por la División de Marketing Corporativo, unos 800.000 dólares, más 4.000.000 de pesos en el quinquenio anterior, fue eliminada completamente. No hay ninguna asignación de publicidad que no pase el filtro de los criterios técnicos del actual directorio.

 

–Ahora bien, la preocupación principal del Partido Nacional, cuyos legisladores pidieron esta comparecencia, fue informarse acerca de esos criterios técnicos. ¿Quedaron satisfechos?

–Antel es una empresa pública que tiene una característica muy particular: buena parte de su actividad comercial está en régimen de competencia. Es toda la actividad vinculada a la provisión de servicios de conexión de Internet con banda ancha y, fundamentalmente, lo relacionado con la telefonía celular. Y en este marco, compite con las dos empresas privadas más importantes del mundo: Movistar y CTI. Por esta razón, la publicidad que hace Antel tiene que ser de altísima profesionalidad y, al mismo tiempo, significativa en términos económicos, más allá de que implica sólo el 1,3% de la facturación del organismo. Pero los datos que nos dio la ingeniera Simon el otro día muestran que el crecimiento de la cantidad de clientes del organismo está en estrecho vínculo con la inversión publicitaria adecuada que se viene haciendo. Esto significa considerar segmentos de la población, porque, por ejemplo, hoy, claramente, la telefonía celular, desde el punto de vista publicitario, tiene que ver con los jóvenes, que es el mercado principal…

 

–…y los jóvenes ven mucha televisión abierta…

–…exacto, y por eso Antel ha optado porque la mayor parte de su publicidad sea en ese medio. En este sentido, es bueno destacar que la empresa pública no compite con las empresas privadas en igualdad de condiciones. Por ejemplo: uno puede pedir, y el directorio de Antel así lo informó, cuadros y números de todo tipo acerca de cuánto gasta el ente en publicidad, cuánto en prensa escrita, en radios o en televisión, etcétera. Incluso cuánto impacta esto en sus clientes, en qué segmentos y demás. Sin embargo, Antel tiene que estimar si su inversión en materia de publicidad se corresponde con la de Movistar o CTI. En un momento de su intervención, la ingeniera Simon presentó un cuadro comparando las inversiones. A nosotros nos sorprendió mucho que ese cuadro se pudiera elaborar porque no creíamos que Antel conociera cuánto invertían en publicidad dos empresas privadas. Por eso preguntamos acerca de ese cuadro y la ingeniera Simon nos explicó que, en realidad, lo hacían en base a las mediciones que Antel hace de la publicidad en medios escritos, por caso la cantidad de centímetros publicados, o las apariciones en los horarios centrales de la televisión; o sea que era una estimación basada en sus propios costos, sin la información precisa de los costos reales de las empresas competidoras. Entonces, el diputado Pablo Abdala, en una intervención que consta en la versión taquigráfica, manejó que Antel paga unos 1.200 dólares el minuto de televisión, imagino que en horario central. No sé de dónde obtuvo esa información. Sería bueno saber, y me refiero a que lo sepa la sociedad entera, si Movistar y CTI pagan tarifas similares o no. En ese sentido, la ingeniera Simon transmitió muchas dudas acerca de que el tratamiento de los medios, sobre todo la televisión de aire, fuera igualitario.

 

–Para aclarar, diputado: Antel no está reclamando beneficios o privilegios por hacer publicidad en medios que gestionan ondas del Estado, sino que se le dé un trato justo.

–Lo que plantea Antel es que se la trate en forma equitativa al resto, partiendo de la presunción de que eso no está ocurriendo. Hay una necesidad, y yo creo que está en deuda también el Poder Legislativo, de avanzar en algunos aspectos que establezcan regulaciones en esta materia y doten de transparencia al mercado, ya que ese mercado está fuertemente concentrado, particularmente en la televisión abierta. Imaginemos por un momento una situación absurda: que los canales se negaran a publicitar un producto; si todos dijeran que no, el resultado práctico imposibilitaría la comercialización de ese producto. Todos sabemos que hoy comercializar un producto implica hacer publicidad en los medios masivos y, sobre todo, en los que llegan a más público como la televisión abierta. O sea que es claro que hay que llegar a alguna reglamentación. Pero, vea, todo esto no considera el tema de la televisión por cable; en realidad, si uno mira los valores de publicidad de Antel y de sus competidores, descubre que Antel, en términos generales, compite. Pero eso no es contabilizable, no se puede contabilizar la publicidad en cables, particularmente del interior del país y muchísimo menos la publicidad que ingresa de los competidores privados a través de los cables internacionales. Ahí Antel queda en una situación claramente de debilidad frente a la competencia. Nos parece que esto conduce a unas reflexiones: primero, hay que trabajar en estas áreas, dotar al organismo de las herramientas legislativas en caso de ser necesarias, garantizar con las normas ya existentes la transparencia del mercado y profesionalizar, como lo está haciendo Antel, la publicidad, comprometiéndola con la gestión del organismo. Por otra parte, esto plantea nuevos dilemas, algunos de los cuales ya han sido puestos sobre la mesa a la hora del debate de la reforma del Estado; en ocasión de la Rendición de Cuentas pasada, aprobamos un artículo que fue duramente criticado por la oposición, que permite que en las compras del Estado, en las empresas en régimen de competencia, éstas puedan tener controles posteriores. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo de Antel: buena parte de los picos de venta, tanto de celulares como de líneas conexas con ellos, se dan coincidiendo con el Día de la Madre, el Día del Padre y fechas similares. Esto hace que la planificación de esta actividad pueda hacerse con relativa anticipación. Imaginemos que Antel compra un millón
de equipos cuando las empresas competidoras, Movistar y CTI, pueden comprar cientos de millones; por tanto, la lentitud y la complejidad de los trámites que exige previamente un llamado a licitación pública internacional podría causar –situación que estuvo a punto de ocurrir el año pasado– que llegara el Día de la Madre y la burocracia impidiera que los equipos estuviesen disponibles a tiempo. Esto es, indirectamente, una forma de fundir a una empresa del Estado. Esto plantea un dilema en términos de la reforma del Estado: ¿cómo dotamos a las empresas públicas, a las cuales les estamos cambiando su cultura, de herramientas para evitar que queden arrodilladas frente a la competencia? Y me estoy refiriendo al Banco de Seguros, al área en que Ancap tiene competencia, a la propia Antel y a algunas otras.

 

–Quiero que me permita una observación. Volviendo al principio, lo que ocurre con los medios privados de comunicación, y particularmente con la televisión abierta, no es nada nuevo para el Frente Amplio ni para este gobierno. Luego de tres años de gestión, ya cercano el momento en que se produce mucha distracción por la campaña preelectoral, ¿no se habrá perdido tiempo, postergando proyectos necesarios vinculados a esa regulación a la que usted aludió antes?

–Es verdad, había un conocimiento de la materia, pero en general. La situación que encontramos fue bastante más grave de lo que habíamos supuesto. Entonces, el conocimiento a fondo llevó un tiempo. Luego, en materia de transparencia… Mire, uno de los primeros elementos a diferenciar es todo el vínculo, que la gente del gobierno conoce y presume, entre los partidos políticos y los medios. Por eso creo que el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos constituye un aporte esencial. ¿Por qué vamos a dejar que la gente suponga que buena parte de la actividad que se hacía en las gestiones anteriores luego se pagaba con publicidad en la campaña electoral? Yo no quiero suponer eso, por tanto quiero un mecanismo que transparente el vínculo entre los compromisos que asumen los partidos políticos en materia de publicidad, a través de una ley que asegure el acceso democrático a todos a los medios. Y es buena señal que todo el sistema político se haya puesto de acuerdo en sacar una ley ­que hoy se está procesando en el Senado y confío que se apruebe a la brevedad– para resolver esto. Este proyecto puede dotar de transparencia a ese vínculo. Desligado este vínculo, luego se debe avanzar para transparentar también la relación de los medios de comunicación con toda la sociedad, a fin de que puedan escucharse todas las voces.

El gobierno ha hecho un enorme avance en materia de derechos de los ciudadanos: derechos humanos, defensa de las minorías, etcétera. Es quizás de lo más significativo que el gobierno ha realizado, junto a las políticas sociales. Bueno, parte de los derechos a proteger, sobre los cuales el gobierno tanto ha trabajado para consagrarlos sin límites, es el acceso democrático a todos a los medios de comunicación.

 

Publicidad política

–Analicemos otro aspecto. Cuando viene la zafra política ­y olvidémonos de empresas que hoy aportan aquí y allá y que pueden decidir que una campaña tenga más o menos recursos-, la necesidad de los partidos de hacer publicidad se transforma, si no hay una reglamentación, en un arma muy fuerte que quienes ponen dinero tienen a mano para mejorar su perfil de negociación.

–Vuelvo al proyecto de ley de financiación de partidos políticos: establece porcentajes de publicidad gratuita; es decir, garantiza el acceso de todos los partidos, aun sin representación parlamentaria. Esto nivela muchísimo las cosas y el vínculo con los medios. Además, fija asignación de recursos límite, o sea techos, máximos de publicidad que puede hacerse, lo cual elimina la posibilidad de que aquel que obtenga más aportes del ámbito privado, digamos, pueda hacer más publicidad, porque está limitado. Por otro lado, la ley asocia los recursos que transfiere a la cantidad de mujeres en las listas, lo que también va en línea con las políticas de promoción de los derechos de la mujer en la política. O sea, la aprobación de esta ley es fundamental a fin dar el primer gran paso para transparentar el vínculo entre los partidos políticos y los medios de comunicación, para luego dar el segundo paso: transparentar el vínculo entre los medios y la sociedad. En realidad, los propietarios de las ondas no son los partidos ni los poderes del Estado, sino la sociedad en su conjunto. Entonces, hay que encontrar mecanismos que, respetando la libertad de prensa, que no es tampoco la libertad de hacer cualquier cosa, permitan la expresión de muchas voces que hay en la sociedad y que no son escuchadas en los medios.

 

MEDIOS ESTATALES

El gobierno está haciendo muchas, muchas cosas. Por ejemplo, mejorar la oferta del canal estatal; hoy creo que es casi unánime la opinión acerca de la sustancial mejora que han tenido el canal y las radios del Estado. Hace un tiempo, siendo yo edil, recuerdo que fui a un reportaje en una de las radios del Sodre; el panorama era lamentable. Ahora ha cambiado. Poca gente sabe, además, que Canal 5 tiene el equipamiento de cámaras más moderno que hay en el país, un soporte tecnológico estratégico. Y en ese canal del Estado se sigue invirtiendo y trabajando, porque se quiere seguir mejorando, potenciar aun más los medios del Estado. Potenciarlos y darles transparencia.

 

LA INFORMACION

La Asociación de la Prensa reclamó un informe a las empresas del Estado por el tema de la publicidad y dijo que en Antel había el peor acceso a la información. Todo lo que Antel nos brindó acá está disponible en su página web. La ingeniera Simon dijo que si se le preguntara hoy cuáles son los planes publicitarios para 2008, ella no los diría: alertaría a la competencia de sus futuras estrategias comerciales. ¿Cómo se combina esto, que es correcto, con el contralor del Parlamento? En algunas áreas debería exigirse una absoluta reserva a los parlamentarios al usar información calificada; de lo contrario, habría un problema, porque cualquier filtración implicaría hasta una sombra de duda sobre esos legisladores. Soy un defensor de las empresas públicas en el marco del derecho público, pero creo que hay que ajustarlas a una nueva realidad para que puedan competir. Podemos llenarnos la boca con las empresas públicas, pero luego desarrollar prácticas que impactan sobre su prestigio, afectando su economía. Es un tema sobre el cual tiene responsabilidad la oposición.

 

¿MONOPOLIO O NO? LO QUE NO SE PUEDE HACER

-La ingeniera Simon recordó un llamado a licitación del año pasado, y que luego habilitó una instancia para solicitarle a los medios de comunicación una reducción de los precios. Dijo que fue particularmente llamativo que esa reducción fuera similar en todos los canales y que las tarifas actuales que se le cobran a Antel, que son un poco inferiores a esos 1.200 dólares el minuto que mencioné, son, en l mayoría de los casos, prácticamente iguales. El Parlamento uruguayo acaba de aprobar, y el Poder Ejecutivo la ha reglamentado la Ley de Defensa de la Competencia, que precisamente tiene características antimonopólicas y prevé la posibilidad de actuar cuando se generan situaciones de monopolio o abuso de posición determinante. En este caso se da, como aspecto adicional, que los canales de aire hacen uso de ondas que son propiedad del Estado. Son concesionarios, canales y radios, de ondas públicas.

-Antel fue observada por el Tribunal de Cuentas por la contratación de publicidad para la selección uruguaya en la Copa América que se realizó en Venezuela. Fue el contrato con Tenfield. Uno de los elementos que el Tribunal objeta es que no se piden tres precios como establece el TOCAF. Pero en realidad no hay posibilidades de hacerlo porque una sola empresa, con carácter monopólico, tenía lo
s derechos de transmisión. ¿Cómo se salva esa objeción del Tribunal de Cuentas? Hoy no se puede. Es otra demostración que los vetustos contralores existentes van contra la realidad objetiva actual. Y ojo, a veces se suma a esto una clara intencionalidad, porque controles que nunca se hicieron hoy se hacen de forma persistente. No le tenemos miedo a los controles, bienvenidos sean, pero reconozcamos que antes no se hacían.