La maniobra que se investiga consiste en el ingreso de vehículos de lujo (Porsche, Hummer, Mercedes Benz) libres de impuestos, que luego eran nacionalizados antes del plazo legal para su venta en el mercado local, donde el auto puede triplicar su precio de ingreso.
La causa se inició a partir de una denuncia que presentó el canciller Jorge Taiana en base a los hechos presuntamente ilícitos detectados en el marco de la Auditoría Interna N 25/07 que realizó una dependencia de ese Ministerio.
La auditoría se relacionaba "con el circuito de ingreso, circulación y nacionalización de los automotores ingresados al país con franquicia diplomática, afectados al uso de las misiones, representaciones y funcionarios y empleados, entre los años 2004 y 2007".
La norma exige que los vehículos ingresados con dichos beneficios (exención del pago de impuestos de importación y otras tasas) pueden venderse libremente, como autos nacionales, cuatro años después de su ingreso en la Argentina.
El 93% de las 98 unidades analizadas se nacionalizaron "en un período de tiempo inferior al que indican las normas de la Convención de Viena', e incluso el 18% se vendieron tan rápido que no completaron el trámite para ostentar la chapa diplomática, señala la auditoría.
La Convención de Viena establece un régimen especial de importación de autos para los diplomáticos que establece que los privilegios "se conceden, no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de sus funciones".
Oyarbide libró un oficio para que se informe sobre la totalidad de los vehículos ingresados con franquicias entre los años 2004-07, pero se negó al "secuestro" de las 98 unidades anexadas al servicio diplomático que estarían en situación "irregular" como solicitó el fiscal.
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