Narcobanda pide nulidad del operativo "Pájaros Pintados"

La defensa de una de las partes involucradas podría dar por tierra con los procesamientos de todos si se aceptan los puntos planteados en la apelación.

El allanamiento se hizo de madrugada, sin orden judicial y a cargo de una jueza que no tiene jurisdicción en Soriano; son los puntos que podrían dar una vuelta de tuerca en el caso.

La apelación presentada contra los procesamientos de tres ciudadanos bolivianos y uno de los uruguayos involucrados, podría dar por tierra con el caso que más conmocionó en los últimos tiempos a la sociedad uruguaya, cuando la policía detectó la llegada de una avioneta con 140 kilos de cocaína en un campo de La Concordia en Soriano.

En el operativo, que con detalles exclusivos publicamos la semana pasada, hay involucradas una decena de personas, entre ellas tres bolivianos, dos uruguayos y 6 mexicanos.

Una vez más, LA REPUBLICA tuvo acceso a detalles exclusivos de lo que viene ocurriendo con este proceso que mantiene por ahora en la cárcel a todos sus protagonistas.

Esta semana se presentó ante el juzgado 14 de Anabella Damasco la apelación por la cual se pide la excarcelación del uruguayo V.Q.O y los bolivianos Walter Martínez Baeny, Antonio Ayala y Víctor Estrada Ribeiro.

En el escrito presentado por la apelación, se reclama en el punto 4.2 la nulidad del proceso en base a dos elementos:

a) el inadecuado e inconstitucional procedimiento policial implementado en relación a los comparecientes;

b) el estado de indefensión padecido en forma previa a la audiencia ratificatoria prevista por el art. 126 del CPP.-

 

¿Errores de la justicia?

La defensa de los bolivianos y del uruguayo, llevada adelante por el estudio Jurídico del dr. Enrique Erramouspe, señala que no hubo orden de allanamiento para que la policía entrara en el establecimiento de La Concordia donde estaban el uruguayo y los dos bolivianos. El procedimiento, se argumenta, es ilegal, además porque se hizo en horas de la noche y como todos conocen, porque lo establece la Constitución de la República, no se puede ingresar a un domicilio en horas de la noche. Un grueso error, confirmado además por las cámaras de televisión que todos pudimos ver el día después en los informativos, «las actuaciones policiales llevadas a cabo al momento de la detención de los referidos procesados lo fueron en clara violación a nuestro ordenamiento legal y constitucional» explica la defensa.

Y agrega que «no surge de autos, al momento de dictarse el auto de procesamiento, orden de allanamiento alguna que fuera extendida por escrito por esta Sede ni por ninguna otra que permitiese que funcionarios policiales ingresaran al predio de La Concordia sito en el Departamento de Soriano. Ello en sí mismo encierra ilegalidad de las actuaciones policiales y reporta nulidad. Del mismo modo, ha quedado plenamente acreditado en estos obrados el hecho de que la autoridad policial, ingresó al predio sito en La Concordia, sin orden de allanamiento y que se hizo en horario nocturno. A fs. 321 es la propia autoridad policial quien disipa todo tipo de dudas al expresar que se ingresó a dicho predio a la hora 04.30, esto, deviene en claramente inconstitucional dicho ingreso sin orden judicial y fuera del horario legalmente permitido» porque afirma » ya que al momento de ingreso de los funcionarios policiales al campo sito en Paraje La Concordia todos sus moradores se encontraban pernoctando» dijo.

Si bien la ley establece que «en caso de emergencia, el juez podrá impartir la orden verbalmente, dejando constancia en autos bajo pena de nulidad» no hay una constancia de que la orden verbal se haya dado.

Ninguno de los bolivianos ni el uruguayo apodado El Sobrino declaró ante la Justicia con su abogado defensor, lo que también constituye una irregularidad notoria «tal situación reporta indefensión», señala la defensa por lo que «es absolutamente nula la resolución que dispone el enjuiciamiento y prisión, sin haberse cumplido con el requisito indispensable del interrogatorio sobre los hechos y sin haber brindado previamente la posibilidad de la asistencia de un defensor y eventual formulación de preguntas y rectificaciones en todo lo actuado».

 

Incompetencia.

Pero además hay un principio de competencia de los juzgados que podría hacer caer el caso. En efecto, la defensa señala que la jueza Anabella Damasco no tenía jurisdicción para ordenar actuaciones policiales en el establecimiento de La Concordia, ya que esa jurisdicción es del juzgado de Dolores. Hay dos artículos del Código Penal que sustentan esta postura. En uno se señala que «será competente el Juzgado del lugar en que se ha cometido el delito» lo cual traslada la responsabilidad del operativo del Juzgado 14 de Montevideo al de Dolores (Juzgado que no estaba enterado de lo que ocurría) y el otro artículo que señala que «lo actuado por un juez absolutamente incompetente es nulo». Clarísimo.

Ante esto y otras cuestiones que la defensa del uruguayo y los bolivianos esbozan como cuestiones formales y errores en el procedimiento, es que solicitan «que se decrete la nulidad de todo lo actuado, dejándose sin efecto el procesamiento dispuesto en relación a los comparecientes» y que «se decline competencia remitiéndose las presentes actuaciones al similar de Dolores».

 

Justicia incauta campo

Por otro lado, la incautación por parte de la Justicia del título de propiedad del campo de La Concordia donde un avión bajó 140 kilos de drogas y que pusiera al descubierto una narcobanda que pensaba ubicar a través de Uruguay, 1.000 kilogramos de droga en Europa, es una de las noticias que surgen de las actuaciones que viene realizando la Justicia. Además la división antidrogas investiga los teléfonos celulares del jerarca de la comisaría de Dolores, quién podría haber prestado colaboración a los narcotraficantes.

En efecto, LA REPUBLICA se comunicó ayer jueves con la doctora. Anabella Damasco que sólo afirmó que durante la semana «no hubo actuaciones» en el caso. No obstante, LA REPUBLICA pudo confirmar que entre las decisiones tomadas por la Justicia, estuvo la incautación de los títulos de propiedad del campo en el que bajó la avioneta con los 140 kilos de drogas, y que no estaba a nombre de quién aparece en el expediente como EL ABUELO, cerebro local del tránsito clandestino planificado, y confesado por él mismo, de un total de 1.000 kilos de droga. Según EL ABUELO el campo pertenece «a una familia Varela» a la que se lo vendió en el año 2000 y que pasó a arrendar.

En la mira de los investigadores está el jefe de la «familia Varela» que podría ser el mismo ex militar que años atrás se señalaba como el principal contrabandista de cigarrillos truchos fabricados en Paraguay. Este ex capitán, también vinculado familiarmente a Carmelo y de actuación durante la dictadura militar fue procesado a principio de década por el tráfico de cigarrillos. El y EL ABUELO mantendrían una relación que va más allá del arrendamiento del campo.

 

Comisario en la mira.

Por otra parte el periódico Irupé de Dolores reveló la semana pasada que sería el comisario de esa Seccional de Dolores quien está imputado en la conexión con los narcotraficantes y quien aparece a fojas 60 del expediente en la conversación que EL SOBRINO mantiene con un desconocido en la zona rural de La Concordia, cercano a Dolores en el Departamento de Soriano.

Según la causa a la que accedió LA REPUBLICA, allí EL SOBRINO, uno de los dos uruguayos procesados por la Justicia llama al celular 098625*** al que le pregunta si va a estar por «esta zona» manifestando el desconocido ­que el periódico de Dolores señala como el comisario de la Seccional «que está con licencia hasta el 25/02″ y que además «el año pasado tuvo curso de pasaje de grado en Montevideo», deduciéndose de esto, señala en el expediente, que el desconocido «se trata de un efectivo policial de jerarquía y que les brindaría seguridad en algun
a actividad, presumiéndose que el mismo pueda cumplir funciones en la Seccional 5ta de Dolores». Desde el 11 de febrero la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas mantiene intervenido el teléfono celular 098625*** y el propio teléfono de la Seccional Policial. Del análisis de esos datos surgirán nuevos elementos por los que la policía podría o no probar la colaboración de este funcionario con los narcotraficantes.

Mientras tanto, el jefe de Policía de Soriano Julio Martínez Perdomo confirmó a LA REPUBLICA que el comisario de Dolores «está de licencia» y que no se reintegrará «hasta que la Justicia determine su situación». Perdomo dijo que «evidentemente la noticia no pudo caerme bien y no puedo abrir opinión para no entorpecer la investigación» y señaló que estaba en conocimiento de la situación antes de realizarse el procedimiento.

En cuanto a la seguridad aérea de la zona, Martínez Perdomo señaló que el establecimiento de La Concordia «es un lugar estratégicamente muy bien ubicado, de difícil acceso desde la ruta, con poca visibilidad desde lejos y muy cerca de la costa» indicó, «debería ir a verlo porque es un lugar muy especial» recomendó.

 

ABOGADO: LA CAUSA ES UN DESAFIO PROFESIONIAL

El abogado penalista Enrique Erramouspe se encuentra al frente de la defensa de cuatro de los involucrados en la Operación Pájaros Pintados que llevó a la cárcel a una banda de presuntos narcotraficantes que bajaron en una estancia de La Concordia un avión con 140 kilos de cocaína. Concretamente su estudio jurídico defiende a los dos bolivianos que trajeron el avión y a uno de los carmelitanos que en la nota de la semana pasada LA REPUBLICA señalaba como EL SOBRINO. Sobre ello hablamos con el Dr. Enrique Erramouspe.

¿Por que se decidió a realizar la defensa de los involucrados en este caso?

En primer lugar porque soy abogado, en segundo lugar porque soy abogado penalista, en tercer lugar porque fui contratado para ello y en cuarto lugar porque siempre resulta ser un gran desafío el poder patrocinar legalmente causas penales tan importantes desde el punto de vista profesional.

¿Como ve la situación de sus clientes y que expectativas tiene?

Sin lugar a dudas nos encontramos ante una situación de extrema complicación, no sólo por el cúmulo de personas involucradas ( 10 ) que abarcan diferentes y variados testimonios en muchos casos contradictorios, sino por todo el entramado legal y el entorno social que generan acontecimientos de esta naturaleza, sumado a la gran alarma social y estado público que han adquirido los hechos que nos toca defender. Recién nos encontramos en la etapa de sumario del proceso penal, resta mucho por transitar aún; la situación de los ciudadanos bolivianos que defendemos merece distintas estrategias de corte legal a la situación de nuestros otros defendidos de nacionalidad uruguaya, por eso le digo, sin lugar a dudas, el caso merece extrema complejidad, la cual a través de diversas estrategias legales intentaremos ir revirtiendo paulatinamente. A título de ejemplo ya se ha apelado el auto de procesamiento que dispone el procesamiento con prisión de nuestros defendidos.