Ernesto Alasraki
Es que de las negociaciones entre el FA, el equipo económico de gobierno y el resto del gobierno en torno a las previsiones presupuestales para el resto del período constitucional, surgió un consenso en cuanto a que "el compromiso con la educación no se toca", explicó a LA REPÚBLICA el diputado de la lista 1001, Doreen Javier Ibarra.
"Fue asumido por la fuerza política, todo el gobierno y el ministro (de Economía, Danilo) Astori: van a ser 125 o 130 millones de dólares" suplementarios para alcanzar la meta del 4,5% del Producto Bruto Interno a la educación pública, precisó Ibarra.
Tal acuerdo, que supone el cumplimiento de una meta programática largamente reivindicada por la izquierda, no dejará de materializarse aun cuando la administración del presidente Tabaré Vázquez se vea en la necesidad de dejar de gravar a jubilados y pensionistas con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.
Ello podría ocurrir en caso de que la Suprema Corte de Justicia emita dictámenes favorables a los recursos de inconstitucionalidad presentados por unos 9.000 jubilados contra la aplicación del IRPF a sus ingresos, y si luego el gobierno pondera la conveniencia política de actuar en sintonía con los contenidos de esos eventuales fallos.
De configurarse ese escenario, la eliminación de la aplicación del cuestionado tributo a las pasividades implicará para el erario una pérdida de recaudación "de US$ 100 millones. Lo comentó el ministro (Astori) en la reunión (de la cúpula de la 1001) con el equipo económico", indicó Ibarra, un legislador de vasta trayectoria experimentado en los debates institucionales sobre los presupuestos y las rendiciones de cuentas.
Sin embargo, añadió, "la Dirección General Impositiva, el Ministerio de Economía y la prensa" coinciden acerca de la "evolución positiva" de la recaudación del Estado, "que en enero aumentó 10% respecto al año pasado", lo que significa que "la situación fiscal sigue caminando bien", celebró.
En virtud de ese registro, prosiguió el diputado, es posible que el hueco fiscal a ser cubierto frente a una eventual caída del IRPF a las jubilaciones y pensiones sea menor a los U$S 100 millones aludidos. "Quizá sean 80 o 60 millones de dólares, todavía no lo podemos saber" hasta que la Impositiva liquide, en julio, el primer ejercicio anual de vigencia del nuevo impuesto. "Y, en todo caso, se podrá cubrir (la diferencia) con el IRP para las franjas más altas" de ingresos, o sea quienes perciben "más de 40.000 pesos", adelantó Ibarra.
"El tema pasa por el verdadero espacio fiscal" con que contará el gobierno, y ello se sabrá con exactitud desde julio próximo. "Ahí sabremos si se emplea parte del espacio fiscal para cubrir (la pérdida de recaudación) o se busca en otro lado", señaló.
El diputado de la Vertiente Artiguista, Eduardo Brenta, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara baja, manifestó a LA REPÚBLICA que el Frente Amplio "tiene la definición de avanzar hacia la independencia financiera del Poder Judicial", no obstante lo cual indicó que actualmente "se plantea el tema de la necesidad de adaptar el texto constitucional" en lo que atañe a la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Es que el artículo (8º) que consagra ese principio en la Carta Magna es uno de los tres utilizados para impugnar la constitucionalidad del IRPF a las pasividades, según los trascendidos de prensa que adelantaron parcialmente el contenido de algunos fallos. "Esto puede ser interpretado como que los ciudadanos deben tributar independientemente de su condición socioeconómica, y nosotros (por el FA) hemos sostenido que debe pagar más el que tiene más", reflexionó el legislador. "Quizá se precise afinar definiciones: no se refleja la diversidad socioeconómica del país y se contribuye a la judicialización de la política", alertó. "Porque es una decisión política" de la Corte Suprema de Justicia, valoró Brenta.
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