El retiro de la ministra Sara Bossio el próximo 7 de abril, al cumplir la edad límite para ejercer en el cargo (70 años), provocó un fuerte revuelo en el ambiente político y social, ante el cambio de conformación de la Corte y su posible implicancia en la resolución de los expedientes relacionados con la inconstitucionalidad del IRPF a las pasividades.
La ministra es una de las integrantes de "la mayoría" que determinó la inconstitucionalidad del tributo al influjo del artículo 8 de la Constitución, pese a que la doctora Bossio compartía con Hipólito Rodríguez Caorsi que la inconstitucionalidad también se consagraba por los artículos 67 y 72.
El nuevo integrante de la Corte deberá determinar si acompaña los argumentos presentados por "la mayoría" o si comparte los de "la discordia" (Daniel Gutiérrez y Leslie Van Rompaey), lo que implicaría fallos "contradictorios" sobre la inconstitucionalidad.
La Asamblea General tiene la potestad constitucional de designar a los ministros de la SCJ por "2/3 del total de sus componentes", con un plazo "de noventa días de producida la vacancia", vencido el cual "quedará automáticamente designado como miembro de la SCJ el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en el cargo".
Los parlamentarios tienen la potestad de designar a cualquier abogado "con diez años de antigüedad" o que haya ejercido "por espacio de ocho años" la Judicatura o el Ministerio Público o Fiscal, con "cuarenta años cumplidos de edad" y la "ciudadanía natural en ejercicio", según el artículo 235 de la Constitución.
Las últimas designaciones se realizaron por "2/3 de los votos" pero "sin acuerdo político", pero de forma de "acelerar los tiempos" se procedió a nombrar al ministro más antiguo de los Tribunales, como en el caso del último ingreso, doctor Jorge Ruibal Pino.
La ausencia de "acuerdo político" lleva a que la SCJ envie a la Asamblea General el nombre del ministro de Tribunal de Apelaciones más antiguo, para que su designación "se agilice". La responsabilidad podría recaer en la ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, doctora Mariela Sassón.
Otro candidato a ser designado en la SCJ es el doctor Jorge Larrieux, ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, señalaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
El último acuerdo a nivel parlmentario para designar a un ministro de la SCJ se produjo en el año 1993, con la designación del doctor Milton Cairoli Martínez, quien se desempeñó como ministro durante 10 años (plazo máximo para permanecer en el cargo).
Cairoli recordó a LA REPUBLICA que "todos los ministos que, por unanimidad, consideraron que el IRP a las jubilaciones era constitucional fueron designados por 'acuerdo político' a nivel de la Asamblea General".
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