Cuadro. Canciller Gonzalo Fernández aseguró que el cuadro de Tabaré Vázquez no fue descolgado
Ejecutivo remite proyecto del TIFA
El gobierno resolvió remitir al Parlamento el texto del Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones con Estados Unidos, denominado TIFA, a través del cual se crea un Consejo de Alto Nivel para negociar un tratado comercial bilateral diferente al TLC y el cual está en marcha.
Ratificación. Aun cuando no lo requiera, gobierno pide pronunciamiento del Parlamento.
Durante la sesión de ayer del acuerdo de ministros en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, el canciller Gonzalo Fernández informó sobre su intención de remitir al Poder Legislativo el texto del TIFA como tratado para que sea ratificado por el Parlamento, aunque no habló de fechas concretas.
El 26 de enero de 2007 se firmó el acuerdo en Montevideo entre representantes del gobierno nacional y de Estados Unidos. En el mismo se consideran los caminos para potenciar el comercio y las inversiones. El acuerdo comercial establece la creación del Consejo Conjunto de Alto Nivel, superior a la Comisión Bilateral.
Si bien el TIFA no requiere una ratificación parlamentaria, la decisión del gobierno es que exista un pronunciamiento del Legislativo al respecto.
Por otro lado, Fernández refutó que el director de Asuntos Consulares y Vinculación (Departamento 20), el nacionalista José Luis Remedi, haya quitado un cuadro con la fotografía del presidente Tabaré Vázquez.
A la vez discrepó con la opinión de los uruguayos residentes en el exterior, que a través de los Consejos Consultivos principalmente de Australia y Argentina advierten un cambio en la política exterior a partir del alejamiento de Alvaro Portillo del Departamento 20. En tal sentido, el canciller reafirmó que "no hay ninguna modificación de la política en el Departamento 20".
Por otro lado, el presidente de la República, Tabaré Vázquez aseguró que habrá Ley de Educación, la cual ingresará al Parlamento durante este período. Añadió que el debate a fondo se generará en el Parlamento.
"El presidente informó de su voluntad de aprobar en esta administración un proyecto de Ley de Educación. Existe la voluntad de que sea presentado al Consejo de Ministros en sus tiempos, que tendrá su cronograma, tiene algunos otros temas previos, y después pase a discusión parlamentaria, porque no se trata de rehuir temas problemáticos, sino que sean debatidos", expresó ayer la ministra de Educación y Cultura, María Simón, luego del encuentro con Vázquez.
También se ratificó el compromiso del gobierno de destinar un 4,5 % del Producto Bruto Interno (PBI) a la enseñanza pública. Para ello aún continúa trabajando un equipo con representantes de la OPP, de los ministerios de Economía y de Educación, de la ANEP y de la Universidad.
Por otro lado también se hizo referencia a la importancia de que se promueva una ley para la construcción de la segunda terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo y lograr el mayor respaldo de todos los partidos políticos.
En ese marco, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, culminó ayer la ronda de contactos con autoridades de todos los partidos de la oposición (ver nota aparte).
Esta actitud del gobierno ha generado el rechazo de la empresa belga Katoen Natie, adjudicataria de las obras de la primera terminal, la cual anunció un eventual juicio al Estado si se abre otra licitación.
"No nos sorprende que, en este caso, Katoen Natie, y seguramente otros empresarios en la misma situación, procurarían defender con la mayor intensidad lo que son sus intereses porque, desde luego, ellos procuran que sus inversiones les aseguren la mayor rentabilidad. Pero ese no es el tema del Uruguay y, mucho menos, del gobierno uruguayo y de quienes tenemos el privilegio de una responsabilidad de gobierno. Nuestro asunto es de qué manera aseguramos que Uruguay tenga el mejor resultado, la mejor capacidad de captación de contenedores en el área", expresó Rossi.
Por otro lado, fuentes gubernamentales aseguraron que la decisión mayoritaria del Plenario del Frente Amplio del pasado sábado de recolectar firmas para anular la Ley de Caducidad no fue tema de discusión o análisis en el acuerdo ministerial, porque "no corresponde ya que se trató de una determinación de la fuerza política".
Tampoco se hizo referencia a los nuevos fallos de la Suprema Corte de Justicia, que determinan la inconstitucionalidad del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a jubilados ni de los caminos que se adoptarán al respecto, aseguraron varias fuentes participantes de la sesión de ministros.
De todas maneras, el gobierno mantiene la posición de aguardar una serie de fallos y la nueva conformación de la SCJ para adoptar una posición sobre el IRPF a los pasivos.
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