Ex operarios de Mina Valencia buscan rematar planta fundida

Si bien en 1993 se declaró formalmente la quiebra, aún no hay fecha para el remate. Los ex trabajadores que aún están vivos siguen luchando por cobrar lo que se les debe.

Un grupo de cuatro ex trabajadores de Mina Valencia visitó LA REPUBLICA tras un nuevo viaje a la capital del país para "movilizar el tema del remate". Walter Larrosa, Daniel Capezzolo, José Acuña y Oscar Pintos llevan años golpeando puertas y están decididos a lograr la concreción de la subasta este año, para que no "se juegue una vez más políticamente con el caso en año preelectoral".

Los ex funcionarios han realizado gestiones a todo nivel. En las últimas semanas le enviaron una carta al presidente de la República Tabaré Vázquez (la cual les fue respondida el pasado jueves), además de asistir a la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados el miércoles pasado. Según dijo Capezzolo, en la misiva que recibieron de presidencia de la República, se dejaba constancia de que el propio Vázquez había solicitado información al Banco República sobre las causas del retraso del remate, indicando que, de acuerdo a este organismo, aún faltan solucionar dos temas. Estos son: el envío de un proyecto de ley que exonera las deudas en las que la empresa incurrió ­por concepto de multas y recargos­ con el Ministerio de Industria (los cuales ascienden a un millón y medio de dólares), además de la firma de los acreedores laborales de un acuerdo en el que se explicite el reparto de lo producido del remate.

Según pudo saber este diario ambos asuntos están encaminados. El proyecto ingresaría la semana entrante al Parlamento y el acuerdo entre los acreedores se realizaría a la brevedad dado que las partes ya definieron los porcentajes que les corresponden por el remate. De lo producido de mismo, el 30% más IVA iría para los síndicos encargados de la subasta y luego lo restante iría 50% para los ex empleados y 50% para el Banco República. Por otra parte, también ingresaría al Parlamento un proyecto de ley promovido por los diputados Hebert Clavijo (MPP) y Adriana Peña (Alianza Nacional) que declare de interés general la reapertura de la Mina. La empresa cerró en el año 1986, dejando sin trabajo a 120 obreros. En el año 2007 el juez actuante, Alvaro González, determinó su subasta, aunque sin fecha.