El ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Fernández, confirmó que la Cancillería sustanciará "una investigación administrativa para esclarecer la situación suscitada en la Embajada de Italia", cuya demora en presentar el pedido de extradición contra Tróccoli permitió su puesta en libertad.
El embajador uruguayo en Roma, Carlos Abín, quien arribó sobre la mañana de ayer a nuestro país llamado "en consulta", puso "su cargo a disposición, pero el Ministerio no va a tomar ninguna decisión hasta tanto no se sustancie, como corresponde en cualquier Estado de Derecho, la investigación administrativa y se determine si existieron o no responsabilidades", indicó el canciller. El canciller recibió ayer en el piso 6º del Palacio Santos al embajador Abín, a los familiares de desaparecidos demandantes en la causa de los traslados clandestinos de 1978 (por la que se pretende juzgar a Tróccoli en Uruguay) y a ex miembros del Grupo de Acción Unificadora (GAU), para analizar la excarcelación del marino y analizar alternativas jurídicas para su juzgamiento.
La investigación administrativa que se lleva adelante desde ayer "tiene carácter de 'reservado', no voy a expedirme sobre si existe o no existe responsabilidad hasta que culmine porque si no sería un prejuzgamiento", explicó el canciller. No se descarta que la misma llegue a la sede de Roma.
"El primer contacto que toma la Cancillería con el expediente es el día 13 de marzo en horas de la tarde, cuando lo recibe de la Suprema Corte de Justicia. De inmediato pide una 'valija diplomática especial' y el día 14 de marzo emite por esta vía con un aerograma solicitando 'urgente diligenciamiento', a través de DHL", dijo Fernández, y por eso se investigará.
Sin embargo, Fernández adelantó que "el Estado uruguayo va a interponer recursos de apelación por un lado y acciones en paralelo por otro" para evitar que Tróccoli no sea juzgado por los crímenes de lesa humanidad que cometió durante el accionar represivo del Plan Cóndor.
El embajador Abín "ha tenido la delicadeza de poner su cargo a disposición, pero a su vez ha traído diversas alternativas jurídicas, que la Cancillería en algunos casos ya había tomado, para proseguir la tramitación del proceso en Italia", valoró el ministro.
La integrante de los familiares, Angeles Michelene, adelantó en este sentido que "la Cancillería va a diligenciar el pedido de contratación de un estudio de abogados en Italia, penalistas, que estén vinculados con la jurisprudencia internacional, para explorar todas las alternativas de una posible apelación".
El canciller Fernández, en tanto, confirmó a LA REPUBLICA que amén de la contratación del staff de abogados especializados en Italia para estudiar alternativas, él mismo está dispuesto a viajar al país peninsular para, en su calidad de penalista, ayudar en el encausamiento de Tróccoli por sus crímenes.
La Embajada en Roma quedó a cargo del Encargado de Negocios de la sede diplomática, Tabaré Bocalandro, hasta el retorno de Abín hacia el país peninsular.
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