El Ministerio de Educación y Cultura presentará en los próximos días ante el Consejo de Ministros una propuesta de reforma a la legislación vigente sobre la libertad de expresión.
A través del proyecto, compuesto por una decena de artículos, se busca "una atención plena del derecho a la expresión y a la libertad de comunicación, pero también al derecho de los ciudadanos a recibir información y a la protección del honor y privacidad de la persona", señaló a LA REPUBLICA el subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, Felipe Michelini, responsable de la redacción del ante proyecto de ley.
"Estamos convencidos de que la actual normativa contiene ciertos espacios que su libre interpretación, por parte de los magistrados, puede significar un elemento distorsionante del ejercicio de la libertad de información", aseguró el jerarca.
En tal sentido, el secretario de Estado ejemplificó que esos aspectos de distorsión serían a su juicio: "la especial protección de los funcionarios públicos, la no clarificación del ámbito de privacidad, y la no claridad en cuanto al interés público de la noticia y todo lo que es el desacato por ofensa".
"Pensamos que hay que apuntar a la libertad, a que se expresen todas las ideas y fundamentalmente a la elevación de los niveles culturales", señaló.
Por ese motivo, se propone "ajustar" la Ley 16.099, de Comunicaciones e Informaciones, y el Código Penal con criterios y espacios para que esa posibilidad de distorsión no ocurra y, por otra parte, "declarar la prioridad que le da el Estado a la actividad de los medios de comunicación, de los periodistas, reporteros y trabajadores de la prensa en general tanto en los medios escritos como radiales y televisivos".
El jerarca indicó que en el proyecto se establece que la actividad de los medios de comunicación, el trabajo de periodistas y reporteros gráficos tendrá una "especial protección" lo que se convierte en una "señal" para el intérprete de cualquier texto jurídico de que está ante una ley contundente.
Entre los aspectos de la nueva normativa, que en breve tiempo será puesta a consideración del Parlamento, si bien no se eliminan los delitos de desacato por ofensas, sin embargo, se introducen modificaciones.
Es decir, se plantea que la "desobediencia abierta y explícita" a un funcionario público se mantenga como delito, pero no así la crítica. En ciertas hipótesis no habría "desacato por parte de los medios de comunicación".
También despenaliza parcialmente el delito de difamación e injurias cuando se trata de informaciones u opiniones de interés público que involucren a funcionarios públicos o privados, relacionados en temas de interés público.
"La idea es que cuando una persona tiene un nivel de exposición pública por su profesión u oficio exista una cierta protección, porque si hay una especial malicia en la utilización de la información podría haber una difamación o injuria y en ese caso funcionaría el sistema de penas", explicó Michelini.
Es decir, que se exonera de responsabilidad a quien difunda información sobre figuras o funcionarios públicos o particulares involucrados en temas de interés público, salvo que alguien actuara con desprecio absoluto por la verdad y con "real malicia".
Si el comunicador actuó con intención de informar no es un hecho penal, pero si se le inventa a un funcionario un acto de corrupción en el que no participó, eso no estará exonerado de responsabilidad.
Por otro lado, se eliminan los delitos por atentado contra el honor de un mandatario extranjero, al igual que el vilipendio de símbolos patrios nacionales o extranjeros.
El interés del gobierno por una actualización de la ley de prensa, surgió en el marco del juicio que la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur) entablaron contra el Estado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el caso del periodista de Paysandú Carlos Dogliani.
Por tal motivo, la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) solicitó la reforma de los delitos de prensa, mientras que el subsecretario de Educación, Felipe Michelini requirió un borrador de proyecto en el cual trabajaron representantes del MEC, de APU, Ielsur, de las radios comunitarias y abogados independientes.
Dogliani había sido denunciado en el 2004 por el entonces intendente de Paysandú, Alvaro Lamas, por informar acerca de la condonación de una deuda tributaria otorgada a un contribuyente "con patrimonio suficiente como para afrontar las obligaciones impositivas".
El borrador del proyecto fue presentado por el grupo de trabajo a Michelini, quien a su vez redactó el ante proyecto de ley tomando algunos de los artículos de la propuesta de la comisión.
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