Motivada por el incremento de precios en los productos alimenticios, la senadora Topolansky presentará hoy al titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Enrique Rubio, un proyecto de ley que tiene como intención mitigar el impacto que produce dicho aumento en los sectores de menos recursos económicos de la población.
El proyecto "entrará" a través del Poder Ejecutivo, por eso es que hoy la senadora se lo entregará a Rubio. Además del titular de la OPP, Topolansky ya presentó su iniciativa a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi y al subsecretario de Economía y Finanzas, Mario Bergara, quienes valoraron positivamente la propuesta, afirmó la legisladora del MPP a LA REPUBLICA.
La idea es crear una tarjeta, que podría ser emitida por el Banco República, para aquellos activos y pasivos que no paguen el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), quienes constituyen la franja de la población de menores recursos, además de ser la mayor parte de la ciudadanía.
A esta tarjeta, a través de un software, se le "cargará" el ingreso que percibe el beneficiario, quien podrá comprar a través de la misma productos de la canasta básica alimenticia. En el momento de hacer la compra el individuo abonará el precio del producto con IVA en la caja, como es habitual, pero luego ese importe se le reintegrará a través de la tarjeta, informó Topolansky.
La intención es que el proyecto entre en vigor cuando se cumpla un año de la puesta en marcha del nuevo sistema tributario, en julio de este año, ya que para ese momento el ministro de Economía, Danilo Astori, anunció una serie de ajustes que se le aplicarán a la reforma impositiva.
El proyecto, en caso de aprobarse, beneficiará a la mayoría de la población del país, que podrá adquirir los alimentos básicos de la canasta familiar exentos de IVA. Actualmente alrededor del 82% de los pasivos de nuestro país no pagan IRPF, mientras que esta exoneración también alcanza a aproximadamente el 60% de los activos.
Con estos guarismos puede establecerse entonces que serían unos 720 mil trabajadores y alrededor de 458 mil pasivos los beneficiarios del proyecto que promueve Topolansky.
Esta medida, en caso de ser aprobada, sería por tiempo limitado, ya que en caso que la actual coyuntura internacional cambie y los productos alimenticios pasen a ser más accesibles para el bolsillo de los uruguayos, se prevé que la tarjeta deje de existir.
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