Fernández Dovat accedió al pedido de extradición que libró el magistrado argentino contra los militares Jorge "Pajarito" Silveira, José "Nino" Gavazzo y el aviador José Araújo Umpiérrez, los ex militares Gilberto Vázquez y Ricardo Arab y el policía Ricardo Medina por el secuestro de la nuera del poeta argentino Juan Gelman.
El pedido arribó al Juzgado Penal de 5º Turno en agosto de 2006 y tras la presentación de sucesivos recursos de excepción por parte de la defensa de los militares y la recopilación de prueba documental, el juez Daniel Tapié dio "en vista" de la Fiscalía la requisitoria argentina, el 15 de mayo.
La Fiscalía, después de estudiar los fundamentos y las pruebas, dictaminó que "no son válidos los argumentos de la defensa" y se pronunció a favor de la extradición de los militares, condicionada a que no se reabra la causa de María Claudia García en Uruguay, indicaron fuentes del caso a LA REPUBLICA.
El juez argentino solicitó la extradición de los militares por los delitos de supresión y suposición del estado civil, falsificación de documento público y falsedad ideológica, sustracción de menores y privación de libertad calificada, a lo que la Fiscalía resolvió "no oponerse", expresaron las fuentes.
Oyarbide entendió que los delitos imputados a los militares uruguayos están comprendidos en las normas del Derecho Internacional consuetudinario y en convenciones sobre la desaparición forzada de personas y sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y en base a esto solicitó la extradición, indicaron.
La resolución de la Fiscalía, sin embargo, "condiciona" la extradición de los militares a la posible reapertura del "caso Gelman" en Uruguay. En este sentido, el propio Fernández Dovat solicitó la reapertura de la investigación por el secuestro y desaparición de María Claudia García en nuestro país.
La propia Macarena Gelman solicitó en febrero de este año la reapertura de la causa de su madre en virtud, entre otras cosas, del "reconocimiento oficial" de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) de la existencia de vuelos desde Buenos Aires a Montevideo en 1976.
El fiscal Fernández Dovat admitió la reapertura en virtud que desde el archivo del expediente a pedido del fiscal Enrique Möller en 2005, surgieron nuevos elementos de prueba. La presunción de que María Claudia habría sido trasladada a Uruguay el 5 de octubre de 1976 en el llamado "Segundo Vuelo" y el hallazgo de restos óseos de personas desaparecidas en predios militares fueron aspectos sustanciales de su decisión. El juez penal de 2º Turno, Pedro Salazar, estudia por estas horas el pedido de reapertura.
La existencia de una causa en Argentina que indaga la desaparición de María Claudia, podría implicar que en caso de reabrirse la investigación en Uruguay se solicite "toda la prueba que se recopila en aquel país por parte del juez Oyarbide" para ser utilizada aquí, señalaron las fuentes a LA REPUBLICA.
Sin embargo, a excepción del aviador Araújo Umpiérrez (bajo arresto administrativo por otro pedido desde Argentina), el resto de los militares y policías requeridos por el juez Oyarbide no pueden ser aun extraditados. Los cinco se encuentran sometidos a proceso judicial en Uruguay en el marco de la causa Soba Fernández. Unicamente, podrán ser extraditados a la Argentina tras la culminación del proceso en Uruguay, esto es, cumplir condena o ser absueltos.
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