Empecemos por el último proyecto de ley que los representantes analizaron hasta altas horas de anoche, ya casi sobre las 24 horas. Finalmente, la iniciativa se aprobó con los votos de legisladores del Frente Amplio presentes en sala.
El proyecto de ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible fue un hierro caliente en las manos de los diputados del gobierno como en las de la oposición. Los primeros empujaban para aprobarlo, esgrimiendo argumentos de todo pelo y señales. Los segundos propusieron que volviera a la comisión, lo que vale decir "para atrás", con el fin de atender opiniones de asesores y especialistas en la materia porque aseguran que el análisis de la ley no lo tuvo. Hubo una moción de los nacionalistas Daniel Mañana, José Carlos Cardoso y Rodolfo Caram en ese sentido, la que salió negativa por 16 votos en 62 legisladores presentes.
Solitariamente desde las barras observaba el desarrollo de la sesión el director de Ordenamiento Territorial, Roberto Villarmarzo. Abajo, en una de las bancas en carácter de diputado suplente estaba el ex subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Igorra. En determinado momento, un dato de Igorra fue fundamental para que se acallaran los redundantes argumentos a favor y en contra de votar anoche mismo el polémico proyecto: "sobre el ordenamiento territorial se han redactado 17 proyectos en un período de 16 años" y que, con el fin de aventar sospechas, destacó que "la Justicia será la que finalmente determine el respeto de la propiedad privada y la compensación correspondiente en las eventuales expropiaciones". Tras esto, el diputado Jorge Patrone pudo comenzar a informar sobre el articulado.
El proyecto de ordenamiento territorial tiene 84 artículos. Es denso, meticuloso, abarcativo y contiene un elemento jurídico por el cual habilita al Estado a expropiar predios considerados improductivos. Esa es quizá la piedra en el zapato para la oposición.
El diputado colorado de Vamos Uruguay, Germán Cardozo, vaticinó que la ley traerá aparejada "una andanada de juicios" al Estado y que el gobierno "repite el camino erróneo del IRPF" con este proyecto. El otro Cardoso, José Carlos (herrerista), fue a más y pidió "bloquear el proyecto porque viola la propiedad de tierras". No faltó quien calificara la nueva ley de "inconstitucional" como el Independiente Iván Posada, pero el nacionalista Alvaro Alonso fue lacerante: "lo mejor que le puede pasar a esta legislatura es que pase al olvido" y recomendó al próximo gobierno "revisar cada ley que esta legislatura apruebe....como se hizo en el primer gobierno democrático tras la dictadura".
Artigas Melgarejo recomendó a "los que se ponen nerviosos" con la vigencia de la ley territorial, "a sentarse en los bancos de la rambla y mirar el mar". Las voces en contra de la ley se fueron apagando conforme iban pasando las horas. A las 23 de ayer los legisladores que se encontraban en sala casi se contaban con los dedos de las manos. Colorados no había ni uno, los blancos no llegaban a 10 y los del Frente Amplio apenas alcanzaban los 30.
Entonces casi en la intimidad, Carlos Gamou disertó como pudo sobre el derecho a la propiedad. "Parece que en este país la propiedad privada es sagrada, casi una cuestión de fe", y agregó que en el país hace falta "un contrato político, que blancos y colorados esbozaron en 1917 con la separación de la Iglesia del Estado, un contrato fiscal que iniciamos con la reforma tributaria y un contrato territorial que es este proyecto que en el futuro vamos a tener que corregir".
Más temprano, Diputados aprobó un proyecto que hace 10 días el Poder Ejecutivo había remitido con carácter urgente y el Senado ya había convalidado. Era el que habilita al Ministerio de Defensa a contraer un préstamo en el BROU de 6.200.000 dólares para la compra de 16 lanchas semiblindadas a ser utilizadas para el patrullaje de la Armada uruguaya en las aguas territoriales de Haití, en el marco de las misiones de Paz.
Esta iniciativa viene con mucha polémica y acusaciones. Ayer mismo por la mañana, en la Comisión de Defensa, el ministro José Bayardi y con un ejemplar de este diario en sus manos leyó la nota publicada el martes 20 en donde se registra que el presidente del Tribunal de Cuentas, Guillermo Ramírez, asegura que ese órgano nunca fue consultado sobre la adquisición de lanchas para la Armada. "Ramírez miente y le recuerdo que está más obligado que el resto de los civiles" a decir la verdad, advirtió Bayardi ya que el titular del TCR es un militar retirado. Según el diputado Javier García, "sobrevoló la intención de aplicarle a Ramírez un tribunal de honor".
Ya en la sesión y previo a votar la compra de las naves, el herrerista José Carlos Cardoso dijo que los representantes de la Armada Lebel, Favielo, Cabot, Moreira y Daguel "viajaron el 3 de mayo a Miami a finiquitar el negocio de la compra de las lanchas, por lo que la adquisición está sospechada". El nacionalista González Alvarez insistió en que la compra "es un negocio turbio, viscozo, casi untable".
El nuevoespacista Jorge Pozzi estuvo de acuerdo en conformar una comisión investigadora "para blanquear" la compra de armas por parte de las Fuerzas Armadas y el diputado Luis Rosadilla reconoció que "seguimos teniendo problemas en materia de Defensa". Una comisión investigadora parlamentaria que promoverá la oposición y que aún está barajándose, tendrá la misión de revisar todas las adquisiciones de material bélico. Ojo, las hechas en todos los gobiernos habidos desde el retorno a la democracia hasta hoy. No prosperó ayer una moción de condena a los atentados ocurridos en España y atribuidos a la organización separatista vasca ETA. Sí se aprobó conmemorar el 14 de marzo como el día del trabajador metalúrgico.
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