Ambos presidentes de Chile y Uruguay expresaron su profunda preocupación por la "directiva retorno", sancionada recientemente por el Parlamento Europeo, que afecta tanto las normas universales de derechos humanos, como la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias. Dicha ley, declararon, "no se compadece con las tradicionales lazos de amistad y diálogo existentes entre la América Latina y la Unión Europea". A su vez ratificaron, la necesidad de continuar garantizando el impacto positivo de las migraciones, según se estableció durante la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados y Gobiernos.
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