El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció ayer en conferencia de prensa la creación de una comisión "honoraria, integrada por ciudadanos de induscutible probidad ética y trayectoria ciudadana", para colaborar con la erradicación de las prácticas delictivas en la Dirección Nacional de Aduanas.
La función de la "Comisión para la Transparencia del Proceso Aduanero" será recibir "todo tipo de denuncias que se entienda necesario formular" sobre el funcionamiento de Aduanas, y evaluarlas para que se tramiten "por los canales que correspondan", indicó el ministro Astori. Las denuncias deben ser escritas.
El nuevo instrumento se basará "en el amparo y el cuidado de la identidad" del denunciante, por lo que existe "mucha esperanza en que esto nos ayude a redoblar los esfuerzos" par tener "una Aduana fuerte institucionalmente, íntegra, transparente y libre de corrupción", señaló el ministro.
La comisión estará integrada por el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Gervasio Guillot, el general Julio Halty, el doctor José Pedro Montero y el contador Walter Olazábal. Los cuatro integrantes "no vacilaron en contestar afirmativamente" al primer contacto, destacó Astori.
El concepto de modernización de la Aduana plantea que "las labores de control, de fiscalización y de sanción cobran un lugar fundamental", pero se debe encontrar "la manera de articular 'control' con 'facilitación', (porque) de modo alguno son conceptos contradictorios".
La modernización, por tanto, "debe apoyarse en tres pilares: eficiencia, trasparencia e integridad institucional". "Una Aduana que pretende ser moderna tiene que ser una Aduana fuerte institucionalmente, y tiene que ser eficiente", expresó el secretario de Estado. El "doble enfoque articulado" (control y facilitación) no puede practicarse sin tecnología e infraestructura y sin la capacitación del factor humano para "alcanzar niveles de transparencia y libre de corrupción, que aseguren el funcionamiento eficiente e institucionalmente fuerte" al cual se aspira, dijo. El MEF "viene desarrollando un proceso de reforma de la Aduana que se apoya en todos estos conceptos". El reciente procesamiento de nueve funcionarios aduaneros, sin embargo, "tiene que servirnos como base, de ventana de oportunidad, para ir a fondo en la lucha contra conductas irregulares que son absolutamente contradictorias con el concepto de Aduana que nosotros deseamos tener", señaló. El procesamiento generó "una especie de sospecha generalizada, de sombra, que involucra a toda la institución", pero debe tenerse en cuenta que "la lucha contra la corrupción en la Aduana no empezó con estos procedimientos". "Antes de estos sucesos había inumerables procedimientos y denuncias penales con resultados sancionatorios importantes", expresó el ministro.
El director nacional de Aduanas, Luis Salvo, expresó que en esta repartición "hemos trabajado desde un principio" en el combate contra la corrupción, y eso se demuestra en la cantidad de investigaciones administrativas "y una serie importante de denuncias penales" que fueron presentadas ante la Justicia.
El jerarca rectificó las declaraciones que realizó al diario El País, y aseguró que durante esta administración tuvieron lugar 220 investigaciones administrativas, 135 funcionarios sumariados, numerosas sanciones, 16 funcionarios destituidos y 14 procesados".
Las causas de estos sumarios y destituciones fueron varias, desde omisiones en el cumplimiento de los deberes funcionales, en los controles y la detección de irregularidades en la tramitación, hasta coimas. Además, "10 despachantes de Aduanas recibieron "importantes sanciones, por incumplimientos o irregularidades", indicó Salvo.
El jerarca estimó que "entre un 20 o 30% de nuestros funcionarios han pasado por (una investigación) disciplinaria", pero "hay que seguir trabajando". El reciente procesamiento "marca un hito en la actuación de Aduanas, porque tiene convulsionado el interior, donde los buenos funcionarios se sienten muy mal (pero) también ha trascendido para el usuario", aseguró Salvo.
La corrupción no sólo viene por parte del funcionario, sino también por el usuario". El despachante de Aduanas o un gestor, "pero también doña María, pueden estar incitando a determinada irregularidad, y eso también es un delito", por lo que "el sistema tiene que cambiar", expresó Salvo.
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