Instauran el terror en el BSE

Según revelaron a LA REPUBLICA fuentes bancarias, judiciales y policiales, la subgerente Caprio solicitó licencia y tramitaría luego su jubilación después que una voz anónima la amenazara por teléfono, pocos días después del atentado contra Mariño. "La próxima sos vos", le habrían dicho a Caprio, quien intervino, al igual que Mariño, en investigaciones internas por presuntas maniobras contra los intereses del banco cometidas por particulares asesorados por abogados vinculados a jerarcas del banco.

Mansilla intervino, también junto a Mariño, en una investigación de irregularidades en perjuicio del banco que habrían sido cometidas en talleres mecánicos, así como participó en una investigación interna, también con Mariño, para evitar actos de corrupción entre tasadores.

Hace algo más de dos años, recordaron las fuentes consultadas, un grupo de desconocidos había baleado la casa del entonces subgerente Chiaponi, quien modificó los sistemas de gestión para impedir sobre valoraciones en las tasaciones en pista.

También Chiaponi temió presentar denuncia, pero al poco tiempo debió ser removido de su cargo porque había abandonado los controles por temor a sufrir represalias, señalaron las fuentes.

"Una organización para delinquir"

La presunta existencia de una organización delictiva que operaría contra los intereses del Banco de Seguros del Estado con participación de jerarcas y personas ajenas a la institución comenzó a ser investigada a fines de octubre a instancias del entonces vicepresidente del Directorio del BSE, doctor Román Nilson, quien dispuso la reapertura de expedientes sospechosos de encubrir pérdidas millonarias en perjuicio del Estado.

Un mes después, Mariño cayó en manos de sus atacantes.

Las investigaciones seguidas por Nilson --que según fuentes podrían derivar en la destitución de un alto jerarca del banco-- serían continuadas, a partir del año próximo, por el actual Directorio que preside el empresario Alberto Iglesias, de la Unión Colorada y Batllista (UCB). Iglesias actuará en reemplazo del doctor Carlos Cassina, del Partido por el Gobierno del Pueblo (PGP), quien presidió el banco durante el período en que se originaron los expedientes sospechosos.

A poco de trascender el atentado contra Mariño, Nilson hizo públicas las sospechas que había planteado en el Directorio.

Las pérdidas provocadas al Estado uruguayo por manejos irregulares en el BSE ascenderían a unos 25 millones de dólares por año, según estimó Nilson, unos días antes de plantear en el Directorio la necesidad de reabrir e investigar determinados expedientes.

El "caso Mariño"

Ocurrió el miércoles 22 de noviembre. Mariño apareció tirado en la calle, inconsciente, con arañazos en el pecho y un corte en la garganta. Como si alguien lo hubiera agarrado por las solapas con una mano, mientras con la otra lo amenazaba con un arma blanca.

Entre las pertenencias de Mariño había documentos, dinero y un reloj: nada interesó a la patota.

Mariño recibió golpes salvajes en la cabeza que le dejaron tres hendiduras en el cráneo que afectaron la masa encefálica. Los investigadores presumen que los atacantes podrían haber utilizado una pesada barra de metal.

Hoy Mariño apenas recuerda los hechos. No hubo testigos. Eran cerca de las ocho de la mañana y el único movimiento callejero se concentraba frente a un almacén y una provisión, a una cuadra de distancia.

Cuando lo atacaron, Mariño había salido caminando de su casa, en Estero Bellaco y Humaitá, para ir a buscar el coche en un estacionamiento cercano, igual que todas las mañanas, para dirigirse a su despacho, en Bulevar Artigas y Burgues.

Con mucha dificultad, ha logrado recuperar el habla, bajo el cuidado de familiares y amigos. Sus allegados ignoran si los golpes provocaron daño neurológico permanente.

Mariño pasó exactos 21 días entre la vida y la muerte, y corrió los riesgos de quedar en estado vegetativo: permaneció internado en el CTI de La Española entre el miércoles 22 de noviembre y el miércoles 13 de diciembre.

Sin novedades hasta febrero

Hasta el momento, ningún responsable del ataque a Mariño ha podido ser identificado por las autoridades a cargo de las pesquisas.

El juez en lo penal de 8º Turno, el doctor Pablo Eguren, y el jefe de Homicidios de la Jefatura de Policía de Montevideo, el comisario Eduardo Romero, llegaron al pasado viernes 22 de diciembre --comienzo de la Feria Judicial Mayor-- sin haber podido tomar una declaración formal a Luis Mariño, quien nada recuerda respecto a cuántos individuos participaron de la brutal golpiza que lo dejó al borde de la muerte.

El doctor Eguren nada podrá hacer hasta reintegrarse en febrero al turno penal que le corresponde. El policía Romero podrá perseguir de oficio un delito considerado "grave", pero tras una denuncia por lesiones "como hay tantas". Ambos están acotados: ninguno de los amenazados presentó denuncia, pese a que la Justicia y la Policía están en pleno conocimiento de los hechos.

"Por ahora sólo hay una denuncia por lesiones", comentó una fuente que accedió a las investigaciones primarias que encausó la Policía a pedido de la Justicia.

Investigaciones peligrosas

El subgerente general, José Mansilla, y los subgerentes de Automóviles, Silvia Caprio y Luis Mariño, intervinieron en, al menos, tres investigaciones internas que implicaron a jerarcas del banco en presuntas maniobras irregulares que nunca fueron remitidas a la Justicia por falta de elementos de prueba, según pudo saber LA REPUBLICA.

Una de las indagatorias involucró al gerente general del BSE, doctor Jorge Dotta, quien fue investigado para saber si había intervenido en un expediente a favor de los intereses de un particular que estaba siendo representado por un abogado que integra el mismo Estudio Jurídico que el doctor Dotta.

El particular es el conocido futbolista uruguayo Sergio Martínez. Su abogado, el doctor Boris Igelka. El propio Dotta afirmó que Igelka es también representante del "Grupo Casal", encabezado por el contratista Francisco Casal, según consta en el expediente investigado (ver recuadro).

Otra de las investigaciones apuntó a eliminar la utilización de repuestos ilegítimos por parte de los talleristas privados, quienes a partir de las pesquisas fueron obligados a enviar por fax una factura de compra por los repuestos utilizados.

Otra investigación logró acentuar mecanismos internos de contralor para evitar sobre valoraciones en las tasaciones realizadas en pista.

Por el momento se ignora si alguna de las investigaciones tendría relación o no con los atentados o las amenazas.