"Ofensiva política y jurídica"

Desde la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) se entendió que la presentación de acciones de inconstitucionalidad contra el nuevo sistema de cálculo de la Contribución Inmobiliaria fue parte de una "ofensiva política partidaria y una batalla jurídica ideológica", según dijo el prosecretario de la comuna, Jorge Rodríguez.

El jerarca señaló que a la vez que el diputado nacionalista Javier García juntaba firmas contra los aumentos de la Contribución Inmobiliaria, diversos estudios jurídicos anunciaron la presentación de acciones de inconstitucionalidad y la dirección del Partido Colorado recomendaba la presentación de estas acciones.

El prosecretario se mostró conforme con el dictamen favorable del fiscal de Corte, Rafael Ubiría, ya que dijo que estaban "absolutamente convencidos" de que la Constitución habilita a la IMM a establecer la forma de cálculo de la Contribución Inmobiliaria. "La Constitución establece claramente que el tributo es un recurso propio de los gobiernos departamentales, a diferencia de la Contribución Inmobiliaria rural, que según la Constitución la fija el Poder Ejecutivo", señaló Rodríguez.

Para el prosecretario, hay además una diferencia política: "para el pensamiento conservador los tributos tienen solamente un fin de recaudación.

Desde la visión progresista los tributos, además de tener la función de recaudar, tienen como finalidad apuntar a la equidad, justicia social y redistribución de la riqueza", indicó Rodríguez,

El jerarca también recordó que el cambio tributario era uno de los lineamientos del programa de gobierno del Frente Amplio en Montevideo.

Rodríguez recordó que las personas que no estaban conformes con el aforo determinado por el nuevo catastro podrían presentarse y demostrar el "error".

"Es decir que los que están recurriendo están cuestionando la progresividad del tributo, el criterio de que pague más el que tiene más", opinó el jerarca municipal. Desde el mes de marzo de este año se han presentado cerca de 2.500 personas en la administración municipal cuestionando el aforo impuesto, y a cerca de 1.000 contribuyentes se les dio la razón.