El director de Aduanas, Luis Salvo, compareció ayer ante el juzgado de la Ciudad de la Costa, donde según sus palabras, en carácter de asesor dialogó con la jueza Mariana Mota y el fiscal Gilberto Rodríguez sobre la realidad y el funcionamiento aduanero.
Al retirarse de la sede judicial, Salvo fue consultado respecto a las presuntas denuncias que le habían realizado los despachantes de aduana por la situación en la oficina del aeropuerto de Carrasco, a lo que contestó: "De los despachantes nunca recibí una denuncia concreta". Del mismo modo, el ministro Astori negó en forma terminante haber recepcionado denuncias sobre irregularidades.
Anoche Canal 10 informó que como consecuencia de estos hechos en breve existirían remociones de jerarcas aduaneros.
Cuando se retiraba de la sede judicial Salvo dijo sentirse "avergonzado" por la situación que está experimentando la institución que dirige, tras el procesamiento de 11 funcionarios por el delito de "cohecho simple".
Ayer la fiscal Mota y el fiscal Rodríguez, además de conversar con Salvo le tomaron declaración a varios despachantes de aduana y gestores, aunque aún restan algunos por comparecer.
Días pasados representantes legales de los despachantes manifestaron que como no encontraron respuestas de parte de Salvo por la situación en el aeropuerto de Carrasco, a la que calificaban de "insostenible", le habían entregado a una asesora de Astori una carta dirigida a éste con dichas denuncias, aunque eso también fue desmentido ayer por el secretario de Estado.
Con los procesamientos de los funcionarios aduaneros ahora el caso pasó hacia el lado de los despachantes de aduana.
Por ello la estrategia que están desarrollando sus abogados es tratar de cambiar las carátulas de los procesamientos y de las actuaciones, del delito de "cohecho" a "concusión", pues si lo logran sus clientes quedarían exentos, ya que el delito de "concusión" entiende como único responsable al funcionario público.
El doctor Juan Fagúndez, defensor de un despachante, sostuvo que "si mantienen la tipificación de un delito de cohecho y si van a procesar a despachantes de aduana, hay que mandar a 100 tipos en cana".
El hecho concreto es lograr demostrar que no existía una oferta de parte de los despachantes o el ofrecimiento de una "atención", sino que estaban en una situación de sumisión, que eran presionados para pagar los "peajes", o sea que de alguna forma no tenían otra alternativa. "A los aduaneros, si no ponían la guita los tiraban al bombo, por lo tanto tenían que poner la guita sí o sí", ejemplificó Fagúndez. Para ello han entregado a la Justicia una serie de documentos.
Sobre el motivo por el cual nunca antes lo habían denunciado, el abogado dijo que sí lo habían hecho pero ante las autoridades aduaneras, de las cuales dijeron no obtener respuesta.
Tanto el delito de "cohecho" como el de "concusión" son excarcelables. Por ejemplo en el caso de "cohecho simple" la pena va de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, mientras que si es "calificado" la misma va de 12 meses de prisión a seis años de penitenciaría.
También debe destacarse que las investigaciones judiciales están comenzando y que no se descarta la posibilidad de ampliación en los procesamientos a un delito de "asociación para delinquir".
En tanto, fuentes judiciales señalaron a LA REPUBLICA que la documentación que los despachantes de aduanas presentaron ante la sede "en ningún momento hace referencia concreta a la situación planteada en el Aeropuerto Internacional de Carrasco". Los documentos no hacen referencia "a denuncia alguna" sino que son "simples planteos sobre el funcionamiento de la Aduana. No aparecen denuncias concretas, sino temas relacionados con la aplicación de reglamentos, leyes. Nada concreto", precisaron las fuentes.
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