"No hay todavía cálculos y ni estamos manejando cifras. A mí no me gusta levantar falsas expectativas. Esto está recién como inicio de propuesta y yo les pediría que se manejara como tal para evitar que se malinterpretara o se crearan ilusiones. Estamos abriendo una puertita", dijo la ministra del Interior Daisy Tourné al término de la reunión con la Comisión de Presupuesto del Senado en en la cual se analizó la Rendición de Cuentas y sus incisos.
Está madurando tanto a nivel del Parlamento como en la órbita del Poder Ejecutivo una batería de opciones nacidas en el Partido Socialista por las que se buscan alternativas para satisfacer la demanda en cuanto a una mejora en las remuneraciones de los policías.Son tres las vías por las que, sin generar gastos y sin trasladar partidas de otros incisos hacia el del Ministerio del Interior (se había incluso pensado en retirarle algo de los 600 millones de pesos a la Educación, opción que fue ipso facto dejada sin sustento por la mayoría de los sectores del FA) están estudiándose en la bancada del gobierno y ya trasladadas a la oposición que, en principio, no pondría objeciones para que prosperaran.
La primera de las alternativas demandará una acción paralela en el Senado. La Cámara alta tiene en su agenda aprobar la ley ya sancionada en Diputados referida a la consolidación de adeudos. Entre otras cosas, este proyecto refiere a agrupar en un solo acreedor público las deudas generadas por los trabajadores y que tienen incidencia directa en los salarios percibidos. Esta alternativa apunta a que, sancionada la ley en el Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, inmediatamente se alcance un convenio entre el Ministerio del Interior y el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) por el cual éste último adquiera absolutamente todas las deudas contraídas por los efectivos policiales con operadores crediticios públicos y privados y se establezcan acuerdos de mayor plazo y con un porcentaje de interés más beneficioso para el funcionario, de manera tal que se traduzca luego en sus remuneraciones como un incremento salarial.
Debido a las deudas contraídas, un altísimo porcentaje de los efectivos policiales cobran mensualmente el 30% de su sueldo, límite porcentual que por ley los acreedores no pueden retener.
La segunda opción propuesta y también bien vista por la ministra Daisy Tourné es la regularización del servicio 222 que realiza la Policía. Partiendo del entendido de que es un plus que se cobra por fuera del ámbito legal, ya que no se computa en su jubilación debido a que se cobra "en negro", conforme a ello los legisladores socialistas proponen que tampoco se le aplique el IRPF a lo que perciben por el 222 como sí se hace desde la vigencia de la reforma tributaria, hasta tanto no se regularice legalmente el servicio. Esto también significaría un incremento inmediato en sus remuneraciones.
La tercera y última posibilidad y que ayer fuera trasladada en el seno de la Comisión de Presupuesto por el senador Reinaldo Gargano en oportunidad en que la ministra Tourné compareciera en ese órgano parlamentario, es la inclusión de un "facúltese" al Poder Ejecutivo a accionar un incremento en los salarios policiales, siempre y cuando el Producto Bruto Interno (PBI) se incremente más de las estimaciones oficiales previstas para el próximo ejercicio fiscal.
Sobre esta posibilidad, existen dudas legales y constitucionales que se están estudiando por estas horas, debido a la explícita prohibición de conceder mejoras salariales en un año electoral.
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