El gobierno vetará decenas de artículos del Presupuesto

En las últimas horas el secretario de la Presidencia, Raúl Lago, mantuvo encuentros con legisladores blancos y colorados para negociar los pasos a seguir en torno al Presupuesto: los senadores Francisco Gallinal, Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga y Wilson Sanabria. El texto del proyecto de ley fue recibido formalmente por el gobierno en la jornada de ayer, y a partir de hoy cuenta con diez días para expedirse sobre el tema.

El miércoles, luego de la última reunión del Consejo de Ministros, el presidente Jorge Batlle afirmó en conferencia de prensa que el gobierno haría el esfuerzo para "vetar lo menos posible" el Presupuesto, y aseguró que las objeciones al texto "no serían significativas".

Según fuentes oficiales, el gobierno y sus socios de la coalición de gobierno acordaron realizar entre 20 y 30 vetos al Presupuesto votado por los propios blancos y colorados.

El Poder Ejecutivo vetará la inclusión de cinco materias de estudio en los programas de educación primaria y secundaria, haciendo lugar a los informes elaborados por miembros del Codicen, que señalan la "inconstitucionalidad" de esta acción.

La iniciativa partió de dos legisladores colorados: Walter Riesgo (Lista 15) y Rubén Correa Freitas (Foro Batllista).

También se prevé vetar la recomposición de la carrera en las Fuerzas Armadas. El Poder Ejecutivo también se opone al ascenso de 110 funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Batlle también aceptó algunos reparos que realizó la Suprema Corte de Justicia. Una de las normas observadas "por inconstitucional" fue la que determina que "las retribuciones de los asesores contadores del Instituto Técnico Forense serán del 60% de lo que perciben por todo concepto los jueces letrados de primera instancia de la capital".

Además se cuestiona el artículo que transforma los cargos administrativos en procurador de aquellos funcionarios que poseyendo título habilitante estuvieren desempeñando tales funciones en las defensorías de Oficio y de los funcionarios que con mismo cargo y título cumplan funciones en comisión.

El resto de los vetos, según informaron las fuentes, se debe a que se cometieron errores de redacción en varios artículos.

La Asamblea General se reunirá el próximo 10 de enero para analizar los vetos.

Para aceptar o rechazar los vetos, la Constitución exige el voto de los tres quintos de cada una de las cámaras reunidas en Asamblea General, es decir 19 senadores y 60 diputados. Cabe recordar que la coalición de gobierno tiene 17 senadores (diez colorados y siete blancos) y 55 diputados (33 colorados y 22 blancos).

La Constitución establece que si la Asamblea General no se pronuncia en un plazo de 30 días, los vetos se considerarán aceptados por el Parlamento.