Larga batalla administrativa

En 1999, el ex director del Instituto Nacional de Oncología (INDO) Eduardo Lasalvia, fue procesado «sin prisión» por el juez Walter Carmona, por el delito de «conjunción del interés personal y público», tras promover durante una licitación pública del Ministerio de Salud Pública (MSP) la contratación de una empresa de la cual era director.

La empresa en cuestión Bio Health también era integrada por la esposa del ex director del INDO, Laura Albertini, por entonces subsecretaria de Salud Pública, quien renunció a su cargo en la Secretaría de Estado, tras detectarse esta «irregularidad».

El fallo de primera instancia fue ratificado por un Tribunal de Apelaciones en febrero de 2000, pero un año más tarde (en marzo de 2001) la Suprema Corte de Justicia resolvió conceder la «gracia» al ex jerarca, por lo cual el delito extinguió.

Sin embargo, el entonces presidente de la República, Jorge Batlle, resolvió llamar a concurso abierto para ocupar el cargo de director del INDO, invocando el principio de «separación de poderes» y el antecedente judicial del ex jerarca imputado. Ante esto, Lasalvia presentó un «recurso de amparo» ante el Tribunal de lo Contencioso. La entonces jueza del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 1º Turno, Rossina Rossi, sin embargo, consideró que la Secretaría de Estado «actuó conforme a derecho», porque «si bien no es normal que el MSP cese a funcionarios que son interinos en sus cargos si no es mediante sumario, no existe una norma legal que proteja al funcionario interino». Tras ello, el ex jerarca elevó una demanda ante el TCA , que en setiembre de 2006 resolvió anular la resolución del Poder Ejecutivo de mayo de 2001. Ahora, el Tribunal ratificó su fallo e intimó al MSP a cumplir la resolución de reintegrar a Lasalvia.