Respaldado por todos los partidos, el Comisionado parlamentario presentó un informe de 16 páginas sobre denuncias, abusos y torturas en la Cárcel de Canelones. "Para que no maltrataran a su hijo, un padre debió depositar, durante 2 meses, 7 mil pesos en una red de cobranzas", dijo Alvaro Garcé. El jueves próximo, en el Parlamento, le tocará el turno a la ministra del Interior.
Todos los partidos políticos y sus sectores sin excepción dieron ayer su "total respaldo" a la actuación desarrollada hasta el momento por el Comisionado parlamentario del sistema carcelario, Alvaro Garcé, en los hechos que lo tienen como protagonista junto al jefe de Policía de Canelones, Sergio Guarteche.
Del mismo modo el Parlamento, a través de los legisladores que conforman la Comisión Especial bicameral de asuntos carcelarios, dice sentirse "agraviado" y "afectado" por las recientes declaraciones de Guarteche "que han sido expresadas sin fundamento ni documentación", sostuvo anoche ante la prensa la presidenta de la Comisión, la diputada Daniela Payssé (Asamblea Uruguay FA).
Además de la mencionada, la comisión está integrada por los senadores Lucía Topolansky, Carlos Moreira, Margarita Percovich, Alberto Cid y Gustavo Penadés y por los diputados Washington Abdala, Beatriz Argimón, Gustavo Bernini, Gustavo Borsari, María Catalogne, Artigas Melgarejo, Carlos Maseda, Gustavo Novales y Gonzalo Mujica. 15 miembros en total. Ayer participaron todos, sin excepción.
El comisionado solicitó ser recibido por la Comisión Especial legislativa a fin de entregar un documento, de 16 páginas de extensión, donde relata cronológicamente las denuncias, acciones, visitas y entrevistas con reclusos y autoridades policiales y carcelarias del departamento canario.
En las 36 semanas que van de este año, Garcé ha visitado 36 veces, a razón de una vez por semana, la cárcel de Canelones en donde "hemos comprobado un preocupante aumento de las denuncias de presunto maltrato a los internos, presuntos actos de corrupción y quejas en torno al servicio de atención de salud".
Asegura que "las denuncias sobre presuntos malos tratos involucran a un reducido pero repetido- conjunto de funcionarios", que ha constatado "falta de garantías para que los internos realicen sus denuncias" y que el propio Garcé ha denunciado ante el Juzgado Letrado de 1ra. Instancia de Canelones "las situaciones de presuntos malos tratos a seis internos". En total fueron 5 denuncias radicadas en esa sede judicial.
"Este no es un problema exclusivo de Canelones (...) hemos verificado en todo el sistema penitenciario la ausencia o debilidad de las garantías para los denunciantes que temen eventuales represalias como traslados u hostigamiento a sus familiares en ocasión de la visita", advierte el informe del Comisionado.
Garcé documentó e informó la situación que atraviesan dos internos, y particularmente uno de ellos, del establecimiento canario y que a la postre determinara la respuesta del jefe de Policía en este reciente cruce de acusaciones entre ambas autoridades.
Hace un par de meses, el diputado del Partido Nacional por el departamento de Treinta y Tres, Dardo Sánchez, fue quien le transmitió a Garcé la situación "de riesgo" en la que se encuentra uno de los dos reclusos catalogados como "narcos" por Guarteche. El padre de uno de ellos, oriundo de Treinta y Tres (la otra familia es de la ciudad de Río Branco) fue el que le informó al diputado que intercediera en el parlamento por su hijo ante abusos y amenazas desde dentro de la cárcel.
Tras esta situación, fue que Garcé pidió para que ambos reclusos fueran trasladados a la cárcel departamental olimareña, a fin de que estuvieran más cerca de sus familiares y alejados de las amenazas.Las familias de los dos reclusos eran extorsionadas (no se aclara por quién) para que depositaran dinero en un local de una red de cobranzas para que sus hijos no sufrieran daños dentro de la Cárcel.
"Durante casi dos meses, el padre de uno de ellos depositó $ 7.000 semanales, creyendo proteger de ese modo la integridad de su hijo" señaló Garcé.
El informe contiene varios capítulos con denuncias sobre agresiones, abusos y amenazas a los reclusos provenientes de funcionarios de la Cárcel de Canelones.
"En el caso de maltrato físico se habrían retirado a los internos de sus celdas, desnudado y apaleado, y en ocasiones, a la vista y oído del resto de los internos y se habría omitido su asistencia", dice Garcé sin especificar las fechas del momento en que estos hechos fueron constatados.
"Quejas acerca de la destrucción de alimentos, radios, televisores, lámparas de luz" y agrega que las requisas "en lo que va del año se han realizado con un injustificado nivel de violencia" y deja entrever que "algunos de los implementos requisados en Canelones sólo pudieron ser ingresados del exterior".Destaca un episodio de violencia en el que un guardiacárcel (que registra más de 100 denuncias en su contra) empujó a un recluso por una escalera "fracturarándole de una de sus clavículas", regímenes de encierro "con una hora semanal de patio al aire libre", corte en el suministro de energía y en el teléfono público y "omisiones" en el traslado de los presos a dependencias de Salud Pública.
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