Entre estas figuran la contratación de más empleados que lo permitido y en condiciones irregulares, la contratación de una empresa para realizar las mismas tareas que funcionarios declarados "excedentarios" y la no publicación de los balances ni las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas.
El diputado de la Vertiente Artiguista Eduardo Brenta señaló ayer que una de las denuncias hechas por los jerarcas de El Correo (el vicepresidente Julio Vieytes y la directora Gianella Viñoly) fue referente a la forma de ingreso de los funcionarios en anteriores gestiones, particularmente la de los becarios. El legislador indicó que si bien el organismo tenía habilitados hasta 260 cargos de becarios, empleó a 300, no respetando las normas que regulan los requisitos de ingreso. Muchos de ellos superaban ampliamente la edad "tope", que se ubica en los 29 años y permanecieron en ese régimen por mucho más de dos años. "Toda esta gente trabajaba en negro", dijo Brenta, agregando que aún se está pagando el convenio que este directorio hizo con el BPS para regularizar la situación de los beneficiarios.
Otra de las irregularidades graves tiene que ver con funcionarios del área financiero-contable que fueron declarados "excedentarios", por lo que cobraban sin trabajar.
Si bien el directorio había determinado que no necesitaba a estos empleados, contrató a una empresa tercerizada para realizar las mismas tareas que estos realizaban. La empresa "Maudi" cobraba mensualmente por realizar estos servicios la suma de $ 440.487.000, violando las disposiciones del Tocaf.
Esta irregularidad fue detectada por la Auditoría Interna de la Nación, quien también detectó que la primera factura que hizo la empresa fue para El Correo, lo que parecería indicar que la misma fue creada expresamente para prestar servicios a El Correo.
La misma auditoría identificó que 52 gerentes ingresaron en régimen de contratados, a pesar de que sus contratos fueron observados por el Tribunal de Cuentas. Uno de los casos paradigmáticos de esta irregularidad fue el del gerente de la Oficina Comercial que ganaba $ 70.460 en el año 2004.
El diputado de Asamblea Uruguay Carlos Varela remarcó que no está permitido que las personas contratadas ocupen cargos gerenciales. De hecho, esta administración cesó a la mayor parte de ellos.
El diputado Varela señaló que la mayoría de las irregularidades fueron cometidas en el directorio que permaneció entre 2001 y 2003, integrado por los dirigentes Diego Martínez, Gustavo Osta y Esteban Jardín. El directorio que lo sucedió, pidió una auditoría externa de la consultora Tea Deloitte, la cual no pudo señalar cabalmente el monto de la deuda contraída por el anterior directorio porque no encontró toda la documentación correspondiente. De acuerdo a la consultora, la misma estaría en el entorno de los US$ 20 millones, mientras que el Directorio de El Correo de entonces afirmaba que el pasivo se ubicaba en US$ 8 millones.
El diputado Varela indicó que citará para la semana entrante al directorio actuante en el período 2001-2003 para que dé su versión sobre los hechos.
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