Guianze recurre contra la Ley de  Caducidad por "inconstitucional"

La fiscal Mirtha Guianze interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 15.848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, ante el juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero, en el marco de la causa por la cual se investiga la muerte de la militante de la UJC Nibia Sabalsagaray.

El recurso presentado por Guianze ante el magistrado el lunes 27, fue elevado en la tarde de ayer a la Suprema Corte de Justicia. La presentación del recurso determinó la suspensión de actuaciones en el caso Sabalsagaray hasta el pronunciamiento de la Corte.

La información obtenida por LA REPUBLICA en la noche de ayer fue confirmada minutos después por la propia doctora Guianze. El recurso de inconstitucionalidad contiene una amplia argumentación.

La Fiscalía utilizó, como primer argumento, las discordias de los ex ministros de la Corte Nelson García Otero y Jacinta Balbela, en la sentencia de mayo de 1988, por la cual se consideró constitucional la norma por tres votos a dos.

La mayoría fue integrada por los ministros Addiego Bruno, Tommasino y Nicoliello.

García Otero consideró entonces que «las normas contenidas en los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, no sólo son inconstitucionales sino que lo son voluntariamente». La ley desconoce el principio de separación de poderes y los artículos 4 y 82 de la Constitución, expresó entonces García Otero.

La fiscal utilizó además como jurispruedencia el informe 29/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el cual se declaró a la Ley como un escollo para la Justicia uruguaya, en el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura.

La resolución de la CIDH declaró la ley como incompatible con el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como de algunos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CIDH recomendó a Uruguay «la adopción de las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período de facto». El Estado aún está omiso.

La fiscal utilizó como argumento, además, los aportes del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur). El informe elaborado por los juristas fue tomado prácticamente en su totalidad. Además, Guianze introdujo aportes del catedrático Alberto Pérez Pérez.

La declaración de inconstitucionalidad puede abrir lugar a nuevos procesos contra militares responsables de graves violaciones a los derechos humanos.