Un Estado "débil" aumenta el riesgo de penetración de crimen organizado

«El crimen organizado es un fenómeno asociado indisolublemente a la globalización, a las políticas de liberalización de los mercados en el mundo, principalmente de los mercados financieros, y a los fenómenos que se producen con la disolución de las economías socialistas».

La definición corre por cuenta del coordinador del Programa de Investigación sobre «Seguridad Regional, FFAA, Política y Sociedad» de la Facultad de Ciencias Políticas, magister Julián González Guyer. Miembro de la Comisión de Defensa del Frente Amplio (1988-2004), y con amplia trayectoria en políticas de defensa a nivel nacional e internacional, en los últimos años se especializó en el análisis del crimen organizado a nivel global.

«Los cambios culturales que trae consigo la globalización, así como los cambios en las pautas de consumo y de comportamiento» de la población, e «incluso, los fenómenos de fragmentación social, que no sólo se producen en el Tercer Mundo y América Latina, sino que en todo el mundo, crean un caldo de cultivo que favorece» el surgimiento de estas organizaciones.

«El consumismo y la pérdida de una serie de valores de tipo tradicional vinculados a la honestidad y al trabajo, son muchas veces suplantados por entender el éxito como tener mucho dinero, todo lo asociado con el ‘jet set’ y esos fenómenos muy propios de nuestra época».

La gente se encandila «frente a lo que parece un mundo posible de alcanzar, cuando en realidad es para unos pocos. No importa cómo se llegue, sino llegar y disfrutar».

«El crimen organizado tiene una característica central que lo diferencia del crimen común: el crimen organizado trabaja en el sentido de corromper a las autoridades, a los aparatos públicos. En una sociedad donde la corrupción pública sea baja es difícil que el crimen organizado pueda tener gran desarrollo; cuando existe corrupción en los organismos públicos, en el sistema político, es el mejor caldo de cultivo para el crimen organizado».

En diálogo con LA REPUBLICA, González Guyer estableció las principales vulnerabilidades del Uruguay y los principales avances constatados en los últimos años para combatir este tipo de organizaciones.

Sin embargo, lo más importante «es reconocer la existencia de actividades por parte de estos grupos en Uruguay», dijo.

 

En el limbo

Uruguay está «ubicado con fronteras en Brasil y Argentina, cercanas a países como Paraguay, como Bolivia -a pesar de que Bolivia ha superado en buena medida los problemas que había tenido históricamente con el narcotráfico- y a través de Brasil comunicado con Colombia y la zona andina», lo cual significa un riesgo ante este tipo de organizaciones.

Las fronteras «muy porosas y un sistema financiero que en los últimos años fue desarrollado para captar ‘capitales golondrina’, con los cuales llegaban mezclados otros capitales golondrina de origen ilegal», son las principales «vulnerabilidades» del Uruguay, estimó González Guyer.

A esto debe agregarse el hecho de «que nuestra sociedad todavía conserva muchos rasgos de la sociedad media provinciana, que fuimos y somos en alguna medida, y que la Policía y el sistema político uruguayo tampoco le prestaron gran atención al problema». «

Más bien, hasta hace muy poco tiempo la atención que se le prestaba era de alguna manera para llenar el ojo de los organismos internacionales dedicados a controlar la circulación de capitales ilegales.

El país era observado porque los controles existentes eran mínimos», señaló el experto.

En este sentido, un organismo policial dedicado al combate de estos grupos, como la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid), por ejemplo, «casi no contaba con recursos presupuestales propios y trabajaba fundamentalmente financiada por la DEA», por lo cual «su actividad estaba dedicada a los requerimientos» del organismo norteamericano. Además, «el Banco Central (BCU) tenía controles bastante limitados y débiles. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del BCU recién ha comenzado a fortalecerse. No había una mirada especializada del problema».

Pero lo más importante era que para «el sistema político o para los gobiernos el problema era como que no existía. Entonces lógicamente si el problema no existía para los gobiernos, si las instituciones teóricamente especializadas en combatir estos temas no contaban con recursos ni orientación para encarar estos asuntos, obviamente podía existir el problema pero nadie lo detectaba».

El fenómeno del crimen organizado «no emergía y seguíamos en el limbo, pensando que estábamos libres, mientras en San Pablo, unos años atrás, el Primer Comando de la Capital (PCC) caotizó la ciudad desde la cárcel. Pensar que nosotros podemos estar libres del fenómeno cuando lo tenemos ahí, es bastante iluso», indicó González Guyer.

En general, en Uruguay existe «la percepción» de que el crimen organizado «es un fenómeno de menor importancia de lo que probablemente tenga en realidad.

El problema de este tipo de actividades ilícitas es que no hay posibilidades de establecer indicadores que con certeza nos permitan identificar, por lo menos en el corto plazo, cual es la magnitud».

 

Riesgo latente

Las principales vulnerabilidades de una sociedad o de un país contra el crimen organizado se desarrollan donde el Estado no es eficaz para controlar las actividades delictivas, por lo cual «hay áreas geográficas o de actividad, o grupos de población ubicados en determinadas áreas geográficas» más proclives a sufrir las consecuencias de estas organizaciones.

«En cualquier área poblada o despoblada donde el Estado no esté presente existe riesgo que sea usado por grupos delictivos como base de operaciones», aseveró González Guyer.

«Cuando la presencia o la actividad del Estado es débil en determinados barrios es probable que sea sustituido por otros grupos que le presten a la población los servicios que el Estado no le presta.

En los barrios de altos ingresos son las policías privadas; en las zonas marginales, muchas veces, determinados delincuentes pueden convertirse en los protectores del barrio y hasta hacer acciones de bienestar social».

Este fenómeno, similar al que acontece en las favelas de Brasil «existe en Uruguay; en un nivel uruguayo, pero existe. Es un tema al que hay que prestarle atención en esa medida y con esa característica». La conformación de estas redes sociales «son formas y estrategias de subsistencia de la población», por lo cual «no sería bueno atacarlas de manera exclusivamente represiva, más allá que detrás de esas redes sociales existan formas de criminalidad organizada». Los enfrentamientos sustanciados recientemente en Cerro Norte por bandas rivales en procura de controlar el tráfico de drogas en la zona «son como emergentes de problemas relativamente pequeños y controlables, pero que si no se actúa eficazmente se pueden convertir en problemas serios».

La solución, sin embargo, «viene por políticas que no tienen nada que ver con el Ministerio del Interior. Hoy en día nadie duda, sobre todo después de la crisis de EEUU, donde el mundo neoliberal y el Consenso de Washington se vino abajo, de que las políticas que se llevaron adelante en el mundo, y también en Uruguay, han generado un aumento de la brecha social, una impulsión de importantes sectores a la marginalidad y la exclusión social».

El desafío actual «es como hacer para reinsertar a toda esa gente que por suerte en Uruguay no es tanta en términos comparativos, aunque para el país es un problema muy serio. Es un tema de largo plazo, tiene que ver con políticas económicas y sociales, y como paliativo del corto plazo, trabajar en el plano más de tipo represivo».

 

Concientización

González Guyer destacó como el principal avance en el combate al crimen organizado que «el tema comienza a entrar en la agenda política, en la agenda pública». «Esa jerarquización del tema a t
ravés del fortalecimiento de determinadas instituciones y el nivel de conciencia que comienza a existir sobre la necesidad de atacarlo, es uno de los avances fundamentales» de los últimos años.

La actividad de la Secretaria Anti-Lavado de Presidencia de la República, la creación de Juzgados Especializados en Crimen Organizado y la especialización de organismos del Ministerio del Interior, del MEF y del BCU, fueron los hechos más elogiados por González Guyer. Sin embargo, «los recursos dedicados al control de estos asuntos no garantizan el 100% de eficacia. Eso no existe». Sin embargo, «existen, y lo más notable es que existen con la anuencia de los Estados, países como Luxemburgo, alguna isla británica, las islas del Caribe, que están permitidos y promovidos» para la legalización u ocultamiento de capitales ilegales. «Uruguay estuvo orillando en caer en esa categoría», dijo. «Se ha avanzado mucho, pero igual existen vulnerabilidades». «En situaciones como las que vivimos en los últimos años de grandes auges económicos, de afluencia de capitales, de auge de la construcción aparecen estos fenómenos. El asunto es que así como se ha avanzado, los controles se apoyan sobre cada uno de los operadores de esos sectores», reflexionó González Guyer. Por ejemplo, dentro del sistema financiero, «Uruguay tiene una gran ventaja que es su pequeñez, pero una gran desventaja que son muchos años de ‘laissez faire’ y la necesidad de ir desmontando paulatinamente todo el aparato que se creó para que Uruguay se transformara en una plaza financiera, y que terminó en 2001″. «La crisis fue muy buena en ese sentido, como también es muy buena la crisis que se desató en EEUU porque reventó la burbuja financiera y con ella desaparecen ciertas formas de expresión de un montón de fenómenos», analizó el magister.