Justicia centra investigación en laptop y "pen drive" del ex espía

La jueza Especializada en Crimen Organizado, subrogante del Juzgado Penal de 7º Turno, Graciela Gatti dispuso continuar la investigación sobre la laptop y el «pen drive» (disco externo) del ex director de Contrainteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina, Iván Velázquez, al no «descartarse que haya tenido la expectativa o haya realmente logrado acceder a más información» confidencial.

En ese sentido, la División de Delitos Informáticos de la Jefatura de Policía de Montevideo continuará la indagatoria para determinar si el ex agente de la SIDE argentina, cometió otros delitos durante su periplo por Uruguay.

Velázquez fue procesado el pasado 23 de diciembre por un delito de cohecho simple y como coautor de un delito de utilización de información privilegiada en reiteración real, por abonar una coima a un agente de Migraciones para obtener información de los sistemas oficiales con relación a los trámites de residencia de personas de su interés.

La indagatoria de primera instancia determinó que Velázquez poseía en su laptop y ‘pen drive’ «datos sobre cuentas de correo electrónico, con las respectivas contraseñas de distintas dependencias policiales de la República Argentina y numerosas personas de nuestro país, incluyendo personas dedicadas a la política, así como organizaciones políticas», expresa el auto de procesamiento dispuesto por Gatti.

El material informático contenía «un programa de computación que permitía hacer ‘phishing’, esto es, captar información en forma ilegítima» y mediante «engaño» al titular del correo, vía Internet. Además, poseía «información que tampoco debía estar en su poder, como por ejemplo una base de datos de personas y automóviles que cruzaron por Buquebus vía Colonia sin que se haya corroborado todavía como llegó a sus manos», dice la jueza.

Ahora, el «hacker» argentino fue procesado con prisión por un delito de «conocimiento fraudulento de documentos secretos» al obtener de manera ilegal información proveniente de la Oficina de Contralor de Armas (OCA) del Ministerio del Interior. La información se encontró en su «pen drive», según el acta de procesamiento a la que tuvo acceso LA REPUBLICA.

 

El engaño

Velazquez «tramitó una solicitud de tenencia de un arma», realizando gestiones ante las oficinas del MIN correspondientes (Thata). La licencia se le otorgó «por falta de equipos adecuados». El «hacker» resolvió, por tanto, donar equipos de computación a la OCA. El contacto lo realizó con una subcomisaria de la oficina.

El proceso de instalación del software derivó en que «más o menos una vez por semana durante dos meses» el «hacker» visitara la OCA, lo que le insumió tiempo y esfuerzo. Ante esto, la magistrada no avaló la tesis de que la donación se hizo sólo por «buena voluntad».

«Por medios fraudulentos, esto es, mediante engaños, y simulando ayudar a la oficina proporcionándole un programa nuevo para el registro de sus fichas, accedió a documentos reservados que no constituyen correspondencia, lo que ocasiona perjuicios al Ministerio del Interior, perjuicios éstos que resultan evidentes en materia de seguridad, ya que se ignora lo que hizo Velázquez con los datos obtenidos», concluye.

Velázquez es experto en terrorismo islámico y fue director de contrainteligencia de la SIDE, por lo cual, «la única explicación razonable en el contexto en que se mueve el imputado es que (la donación) le generaba algún beneficio, siendo razonable concluir que tal beneficio era el obtener acceso a documentación reservada». La información refería a «nombre y números de documentos de funcionarios policiales donde consta qué armas usaban y donde trabajaban».