Militares vuelven a los juzgados al reanudarse actividad judicial

Jueces y fiscales deberán resolver temas complejos. Los abogados preparan denuncias, escritos y alegatos. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) tendrá la última palabra en diversos temas. El fin del receso judicial «abre la cancha». La movida judicial comienza.

El dictador Gregorio «Goyo» Álvarez; el ex director de Casinos Municipales, Juan Carlos Bengoa; el ex banquero Juan Peirano Basso; y el ex integrante del Escuadrón de la Muerte, Nelson Bardesio, seguramente volverán a ser figuras excluyentes del año judicial. Sin embargo, otros militares y dirigentes políticos también desfilarán por los estrados judiciales.

 

«Pacto de silencio»

La reanudación de la actividad judicial traerá consigo la comparecencia de una veintena de militares de bajo rango, en el marco de la indagatoria por el secuestro en Argentina, traslado ilegal al Uruguay y posterior desaparición de María Claudia García de Gelman.

Angel Bertolotti, ex comandante en jefe del Ejército, el comandante en jefe de la FAU (hasta hoy), Enrique Bonelli, y el general Raúl Gloodtdofsky, entre otros, ya brindaron su testimonio ante la Sede, pero se estima que las nuevas declaraciones podrían permitir profundizar la investigación.

El testimonio de estos militares «medianamente comprometidos con el régimen» puede colaborar a romper el «pacto de silencio» y el «prototipo de respuestas» esgrimido por las jerarquías castrenses ante la Justicia, consideró el abogado José Luis González.

El juez Pedro Salazar se pronunció por la reanudación de la investigación tras analizar los argumentos presentados por Macarena Gelman el pasado 27 de febrero. El magistrado sustentó su decisión en jurisprudencia nacional e internacional, en la interpretación del instituto de «cosa juzgada».

 

El laberinto del general

El ex dictador Gregorio «Goyo» Álvarez tendrá un 2009 agitado. Los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura serán un tema central de la agenda judicial, y el ex dictador era una pieza importante del engranaje represivo.

En este sentido, el juez Juan Carlos Fernández Lecchini lo indagará por la muerte del militante tupamaro Roberto Luzardo, en 1973. Luzardo fue herido durante un violento procedimiento en el «Bar Asturias», en el cual fue detenido junto a los también militantes del MLN-T Henry Engler y Fernando Piedecasas.

A raíz de la gravedad de las heridas fue trasladado al Hospital Militar donde, según sus familiares, no fue asistido debidamente. Luzardo era acusado de participar en el operativo en el cual se ajustició al coronel Artigas Álvarez, hermano del «Goyo», el 25 de junio de 1972. Según maneja la parte acusadora, Gregorio Álvarez habría ordenado no asistir de forma adecuada al militante tupamaro. La instancia judicial podría determinar la concreción de careos entre Álvarez y la hermana de Roberto Luzardo, Beatriz.

Asimismo, en octubre de 2008 el Tribunal de Apelaciones Penal (TAP) de 2º Turno ratificó el procesamiento del ex dictador y del marino Juan Carlos Larcebeau, por el traslado clandestino de presos políticos en 1978. El TAP, sin embargo, revocó la tipificación de «desaparición forzada» dispuesta por el juez Luis Charles, y les imputó «reiterados delitos de homicidio muy especialmente agravados».

La decisión del TAP implicó la reanudación del proceso y la solicitud de nuevas medidas probatorias. En este sentido, la fiscal Mirtha Guianze solicitó librar oficios a distintas dependencias del Estado y el testimonio de víctimas de los Pozos de Banfield y Quilmes en Argentina y personas vinculadas al Fusna en Uruguay, durante los años más cruentos de la dictadura. El juez Charles aún no dispuso la fecha de audiencia para los testigos.

La tipificación de «desaparición forzada», cuestionada por el TAP en el proceso contra el «Goyo» Álvarez, sin embargo, fue utilizada por la fiscal Guianze para solicitar la condena del ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco (por el secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros), y de ocho policías y militares por la causa «Segundo Vuelo» de Automotores Orletti.

Blanco, así como los los militares José «Nino» Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez y Luis Maurente y los ex jerarcas policiales José Sande Lima y Ricardo «Conejo» Medina, enfrentan pedidos de condena de entre 20 y 25 años de penitenciaría. Los jueces Fernández Lecchini (caso Elena Quinteros) y Luis Charles («Segundo Vuelo») deberán determinar si acceden al pedido de la Fiscalía. La resolución judicial estaría al promediar 2009.

El fusilamiento de cinco militantes del MLN-T en 1974, en presunta represalia por la muerte del coronel Ramón Trabal, también tendrá su espacio en 2009. La comparecencia de varios testigos en la causa abrió la posibilidad de que la Justicia investigue la muerte de Trabal en París, e incluso de solicitar al Estado francés el desarchivo de los documentos sobre la muerte del militar y casos conexos.

 

El hermano grande

La extradición y posterior procesamiento del ex banquero Juan Peirano Basso fue uno de los hechos más relevantes de 2008. Peirano se mantuvo prófugo de la Justicia durante 6 años, mientras sus hermanos José, Jorge y Dante eran sometidos a proceso en Uruguay, por la quiebra fraudulenta del Banco Montevideo.

La llegada de Peirano al Uruguay se concretó el 10 de setiembre y un día más tarde, la jueza Graciela Gatti lo procesó por «insolvencia societaria fraudulenta». Entre 1988 y 2002, el Grupo Peirano desvió fondos del Banco Montevideo y «otras empresas vinculadas» al grupo, a través de la cuenta «No. 5000″ del Trade & Commerce Bank (TCB) de Islas Caymán. Entre 500 y 700 millones de dólares fueron remitidos hacia la cuenta oculta del TCB, dice el fallo de la jueza Gatti.

La cuenta «Nº 5000″ es vital para el proceso contra sus hermanos. La Justicia uruguaya aguarda la remisión desde Islas Caymán de los movimientos bancarios de esa cuenta para proseguir la instrucción y dictar sentencia. La Fiscalía solicitó penas de entre siete y nueve años de prisión para los tres hermanos por el delito de «insolvencia societaria fraudulenta».

Los hermanos Peirano enfrentan además una importante cantidad de juicios civiles donde los damnificados reclaman la devolución de sus ahorros. Ningún expediente civil tiene sentencia definitiva de la SCJ.

 

Sacudida municipal

La indagatoria por las pérdidas millonarias en los Casinos Municipales durante la gestión 2000-05 se retomará presumiblemente este mes cuando se sustancien los careos entre Juan Carlos Bengoa y las ex jerarquías de la Comuna, Mariano Arana y María Julia Muñoz.

El TAP de 1er. Turno ratificó el procesamiento del ex director de Casinos, Juan Carlos Bengoa, de sus asesores Orestes González y José Luis Antúnez, del empresario Felipe Ruiz y del funcionario Gustavo Dalmonte sobre los primeros días de noviembre, pero solicitó profundizar la indagatoria.

La prueba recabada durante la instrucción hace presumir que Bengoa «engañó a sus superiores (…) y tanto el intendente como la secretaria general confiaron y creyeron en el proyecto que les presentaba y las propuestas de gestión», pero se debe determinar el real conocimiento de las jerarquías comunales en el cambio del modelo de explotación de los slots, expresó el TAP.

La jueza Fanny Canessa no hizo oídos sordos a la recomendación y sobre mediados de diciembre concretó las primeras medidas. Bengoa y el ex director de Desarrollo Económico de la IMM Alberto Rosselli estuvieron «cara cara» en el juzgado. En febrero, se conocerá el peritaje sobre las cuentas bancarias de los procesados para determinar si incurrieron en delitos más importantes como «enriquecimiento ilícito».

 

Fútbol total

La denuncia penal de la Dirección General Impositiva (DGI) contra el mayor empresario del fútbol uruguayo, Francisco «Paco» Casal, será otro tema clave
del 2009. La administración entendió que Casal evadió aportes al fisco por intermedio de la creación de un entramado de empresas en el exterior.

El juez penal de 17º Turno, Carlos García, inició la instrucción y dispuso la concreción de un peritaje contable para determinar si Casal incurrió en el delito de «defraudación tributaria», tal como sostiene la DGI. El perito del ITF, Marcelo Arambulo, entregaría su informe sobre fines de febrero.

El litigio entre Casal y el fisco también se dirime en la órbita civil. La jueza civil Loreley Opertti dispuso un embargó genérico de los bienes de Francisco Casal y otros empresarios deportivos por 75 millones de dólares. El TAC de 2° Turno deberá resolver si mantiene o revoca el embargo contra los contratistas.

La indagatoria por el tráfico clandestino de metales preciosos que sustancia en Young el juez Mario Suárez Suñol también tendrá su lugar en 2009. La instrucción ya provocó el procesamiento de cinco empresarios, incluido el titular de Cambio Lugano, Enrique Giordano Penadés, por «defraudación tributaria».

Sin embargo, el proceso «madre» por lavado de activos contra ocho cambios de Montevideo continúa y promete derivaciones inusitadas y de gran relevancia para el sistema financiero uruguayo. En este sentido, los representantes del Cambio Puente Hermanos SA, de la República Argentina, solicitaron declarar en la causa para desvincular sus actividades de las realizadas por el Cambio Lugano.

Asímismo, se aguarda continuar recibiendo información desde Brasil (donde el proceso está sumamente avanzado) y Argentina, para terminar de desentrañar la operativa y confirmar si la misma es legal o se aparta de la normativa vigente. La causa por «lavado de activos» podría ser derivada a los Juzgados Especializados.