Caducidad: ratifican mañana inconstitucionalidad de la ley

La solicitud de Guianze se hizo a raíz de la investigación de la muerte de Nibia Sabalsagaray en una unidad militar, en 1974, caso en el que entiende el juez Rolando Vomero.

En el homicidio tienen presunta responsabilidad elementos civiles y también militares quienes estarían, en principio, amparados por la Ley de Caducidad.

Eso movilizó a la fiscal, el año pasado, a promover una acción de inconstitucionalidad contra la norma, sobre la que puede expedirse ­únicamente­ la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Llegada la solicitud a ese tribunal, se generó una polémica respecto a la viabilidad del trámite. El fiscal de Corte, Ricardo Ubiría, opinó que, para que prosperara el planteo era necesario definir una contraparte, aunque los ministros de la SCJ decidieron dar vista a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Después que la SCJ se pronunció por la admisibilidad del recurso, se conoció, a principios de la semana anterior, que «para este Poder Ejecutivo la ley es inconstitucional», según lo manifestó el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en Consejo de Ministros.

Ese adelanto sería confirmado posteriormente por un documento, con la firma del secretario de la Presidencia, Miguel Angel Toma, a través del cual «el Poder Ejecutivo acepta el planteo de inconstitucionalidad realizado por el Ministerio Público y Fiscal».

Eso determinó que se adjudique singular interés a la decisión del Poder Legislativo, reunido en Asamblea General y donde ­se adelantó­ el presidente del cuerpo, Rodolfo Nin Novoa, dará a conocer la posición a través de un escrito, ya redactado.

Según diera cuenta LA REPUBLICA días pasados, en la redacción de ese texto participaron legisladores del Frente Amplio, abogados de profesión, entre quienes se cuentan Andrés Roballo, Diego Cánepa, Javier Salsamendi y Eduardo Ríos.

Procesalmente, el Parlamento tiene tiempo para pronunciarse hasta el jueves 26 a las 13 horas, aunque con los informes de estos dos poderes del Estado, la decisión de la SCJ puede demorar meses en conocerse.

Corresponde señalar que el Area Jurídica del Poder Legislativo interpretó que ese cuerpo «se encuentra en condiciones fundadas de interponer una excepción por falta de legitimación pasiva», según un informe de la doctora Ana Brian Nougreres.

Consideró además que «la jurisprudencia de la SCJ nos muestra que, en casos similares al de autos, esta Corporación ha fallado por unanimidad a favor de la constitucionalidad de la ley 15.848″.

Una vez que el asunto regrese a la competencia de la SCJ, será consultada nuevamente la opinión del fiscal de Corte y después cada ministro estudiará el caso y dará su opinión.

En este sentido, nadie objeta que sólo la SCJ es competente para expedirse sobre la inconstitucionalidad de la Ley. Si lo hace, la interpretación proyectará únicamente sus efectos para este caso en concreto.

Eso quiere decir que, casos similares requerirían de un trámite similar, aunque de tener un pronunciamiento favorable por la inconstitucionalidad, se constituiría en un valioso antecedente para nuevas solicitudes.

De hecho, se sabe que podría dar lugar a solicitud similar un caso a cargo de la propia fiscal Guianze, relacionado con los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, otro en el que se desempeña el doctor Ricardo Perciballe, entre varios más.

En forma paralela, se efectúa la recolección de firmas para anular la Ley de Caducidad, que se encuentra en su tramo final y que tiene como meta promover una reforma de la Constitución.