Histórico: Parlamento se pronunció por la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad

Escuchadas las opiniones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la Suprema Corte de Justicia tiene ahora la palabra final sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por la fiscal Mirtha Guianze referente a la investigación del asesinato de Nibia Sabalsagaray.

Procesalmente eso supone que el tribunal superior dé vista al fiscal de Corte y luego que cada uno de los cinco ministros se aboque al estudio del tema y produzca su sentencia. No hay plazos fijados, pero se especula con que eso se conocerá en tres o cuatro meses. Tras casi cinco horas de debate y dardos cruzados entre el Frente Amplio y la oposición, alrededor de la hora 16 se dio a conocer la respuesta del presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, ante el planteo de la SCJ: «Evacuando el traslado por auto conferido Nº 78 del 6 de febrero de 2009 vienen a allanarse a la Pretensión de declaración de inconstitucionalidad por vía de excepción planteada por el Ministerio Público y Fiscal a los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986. Por lo expuesto, a la Suprema Corte de Justicia solicita 1) Se les tenga por presentado, constituido el domicilio y evacuado el traslado. 2) Se tenga presente el allanamiento del Poder Legislativo a la excepción interpuesta». La moción fue respaldada por la unanimidad de los legisladores del Frente Amplio que integran la Asamblea General (69) contra dos votos en contra, el correspondiente al colorado Daniel García Pintos, así como el de Iván Posada del Partido Independiente. El Frente Amplio rechazó acusaciones sobre el Pacto del Club Naval y aprobó declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para darle nuevo impulso a la causa de Nibia Sabalsagaray (ver página 2), caso que ha registrado pocos avances a nivel judicial. El Partido Nacional presentó fisuras a la hora de encarar el polémico asunto (ver página 4). Mientras Alianza Nacional se mantuvo en su tesitura de no ingresar a sala, Unidad Nacional, nucleando a los parlamentarios del Herrerismo, Correntada Wilsonista y Soplan Vientos Nuevos, prefirió hacerlo, manifestar escuetamente sus puntos de vista y luego sí, retirarse. En el Partido Colorado el panorama fue similar. La tesitura que impulsó fue la de considerar que el Parlamento no tenía mérito para expedirse sobre esta petición de la SCJ pero sólo hubo ocho parlamentarios a la hora de defender con votos la postura y como consecuencia del resultado también marcharon fuera del recinto. Sólo quedó García Pintos. La primera propuesta que se votó por su orden de llegada fue la del parlamentario Posada del PI, evaluando que la Asamblea General «carece de legitimación pasiva para opinar sobre la inconstitucionalidad» de los artículos de la norma. Sólo obtuvo su voto en un total de 71. Posteriormente se dio lectura al planteo de la bancada de gobierno: «La Asamblea General, habiendo tomado conocimiento de lo actuado por su Presidencia en lo referente a la evacuación del traslado referido por auto 78 de la SCJ del 6 de febrero de 2009 en autos Sabalsagaray Curuchet, Blanca Estela, denuncia, excepción de inconstitucionalidad de los artículos 1º, 2º y 4º de la Ley 15.848 ficha 97-397/2004 declara: Que aprueba la conducta asumida en este tema por el Presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, y hace suya la respuesta elaborada a la requisitoria planteada de acuerdo al escrito que se adjunta».

Firmaron la moción los legisladores Enrique Pintado, Diego Cánepa, Danilo Astori, José Luis Blasina, Carlos Gamou, Víctor Vaillant, Darío Pérez, Reinaldo Gargano, Eduardo Lorier, Doreen Ibarra, Carlos Baráibar, Rafael Michelini, Juan Roballo, Eduardo Ríos, Ivonne Pasada, Edgardo Ortuño, Lucía Topolansky, Margarita Percovich y Silvana Charlone. Logró la adhesión de 69 legisladores ­todos del Frente Amplio- en 71. Finalmente la iniciativa de García Pintos, por ser similar a la del legislador Posada, no fue puesta a consideración, y siendo la hora 16.10 se levantó la sesión.

Con la presencia de periodistas de todos los medios y con las barras colmadas de ciudadanos (entre quienes cabe destacar al doctor López Goldaracena y las jóvenes Macarena Gelman y Victoria Julien), la Asamblea General del Poder Legislativo sesionó ayer en forma extraordinaria. Pero antes de que se iniciara el debate, el diputado herrerista Gustavo Borsari pidió un cuarto intermedio de 20 minutos que fue votado por unanimidad.

Eran las once menos diez de la mañana y el Partido Nacional no había llegado aún a una postura conjunta sobre la actitud a asumir, por lo que la bancada blanca quemaba sus últimos cartuchos en pos de un acuerdo. A las once y veinte se anunció que la agrupación parlamentaria de Alianza Nacional ofrecería una conferencia de prensa para expresar su posición. El senador Sergio Abreu fue el encargado de leer una declaración de ese sector en la cual fijó su postura contraria a que el Parlamento se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.

Además de las consabidas consideraciones jurídicas sobre el punto, la declaración (ver página 4) la emprende con un lenguaje muy duro contra el Frente Amplio (al que acusa de impulsar una nueva «pirueta» política) y el gobierno, al que acusa de tener «designios totalitarios», de «desconocer la soberanía popular y manosear las instituciones con un fin exclusivamente electoral», al tiempo que anuncia su decisión de no ingresar a sala.

Cuando terminó la conferencia de prensa de Alianza Nacional, Nin ya había levantado el cuarto intermedio y el senador Rafael Michelini exponía con su vehemencia habitual el apoyo de la bancada oficialista al presidente del Legislativo y a su decisión de convocar al cuerpo para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en respuesta a la solicitud de la Suprema Corte de Justicia. Dio a conocer una nota de la directora interina de la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo dirigida al secretario de la Cámara de Senadores, en la que desmiente una información del diario «El País» sobre que dicha Dirección actuó bajo presión, firmada por la doctora Ana Yavarone, como directora interina. El doctor Sanguinetti argumentó a favor de la Ley de Caducidad, ensalzó sus efectos benéficos y aseveró que en nada violentaba la Constitución (ver página 6). Gallinal, por su parte, en nombre de la UNA leyó una declaración crítica hacia el gobierno y se retiró de sala.