Informe. Sugieren al empresario periodístico iniciar acciones civil y penal por daños y perjuicios

Niegan existencia del Escuadrón de la Muerte en asesoría a Sofía

«Usted ha sido víctima de una constante campaña de estigmatización desarrollada hasta el presente ­que lleva años de elaboración­ iniciada por sus adversarios, verdaderos enemigos suyos, desde su adolescencia, obviamente que con mucha anterioridad al hecho puntual aquí tratado», dice el informe elaborado por el catedrático Miguel Langón, a solicitud del empresario Miguel Sofía y presentado oportunamente ante la Justicia.

La campaña o «el juicio mediático de parte de la prensa, la ‘comunis opinio’, incluida la de nivel parlamentario, entre otros, dan por acreditada su participación en los hechos, confirmando el viejo dicho de Goebbels de que una mentira repetida continuamente se transforma en realidad», dice el escrito de 31 páginas.

El abogado reconoce no haber podido «leer el expediente judicial», pese a lo cual, de la prueba entregada por Sofía y de archivos obtenidos sobre el caso «parece evidente que no existe el menor atisbo de prueba que justifique siquiera el inicio de estas actuaciones, y por supuesto que de lo que observo no resulta la menor prueba de responsabilidad alguna de su parte», dice.

El catedrático rebatió la prueba argumental sustentada por los denunciantes en la causa y después utilizada por el fiscal Ricardo Perciballe para solicitar el procesamiento de Sofía y otros tres integrantes de la organización parapolicial responsable de los crímenes de cuatro jóvenes militantes de izquierda, previo al golpe de Estado.

El testimonio del ex fotógrafo policial Nelson Bardesio ante el MLN-T es «la única y fundamental prueba de la existencia de un supuesto Escuadrón de la Muerte y (…) de la supuesta responsabilidad de Miguel Sofía en la desaparición de Héctor Castagnetto». Sin embargo, el testimonio fue «arrancado bajo tortura, por sus enemigos políticos, un terrible grupo revolucionario o subversivo», por lo cual es «ilícito» y «no tiene ningún valor de incriminación en un Estado Constitucional de Derecho», dice Langón.

Bardesio fue sometido a «tortura psicológica» y la misma no puede distinguirse de la cual eran víctimas los militantes de esa organización. «La tortura es tortura siempre», dice Langón, para agregar que «Bardesio no es victimario sino víctima».

Tampoco son válidas las declaraciones de Miguel «Manolo» Hevia, «agente encubierto de una nación extranjera ­Cuba­, infiltrado con mucha anticipación en esferas nacionales, y enemigo ideológico y político del gobierno democrático nacional de la época», ni del ex integrante del Escuadrón, Nelson Benítez, ni del «criminal que interrogó a Bardesio en prisión», el dirigente tupamaro Mauricio Rosencof, dice el abogado.

Además, el proceso judicial sustanciado viola el principio del «non bis in idem» y vulnera las garantías de seguridad y certeza jurídica. La tipificación responde a «delitos no existentes al momento de una presunta comisión (como el de ‘desaparición forzada de personas’), en todo caso ya prescritos, y que se levantan de nuevo de sus cenizas, para constituir con toda la ominosidad que lo rodea un perfecto caso de ‘derecho penal para enemigos’, contrario al derecho liberal, constitucional, social y democrático».

El informe pone en tela de juicio, incluso, la propia existencia del Escuadrón de la Muerte. «Se sabe que no existió como tal, sino que esa fue una denominación que se le dio en la jerga periodística y propagandística de los subversivos, a una serie de organizaciones presuntamente existentes que actuarían al margen de la ley, combatiéndolos», dice el escrito.

Incluso, Langón señala que Sofía «podría llamar a responsabilidad civil y penal por los enormes daños y perjuicios que se le han irrogado, tanto en el ámbito empresarial y social, así como a su familia, respecto de los que resultaren responsables, tanto si fueren particulares como funcionarios públicos los que se pudieren hallar involucrados».

El empresario Miguel Sofía hizo público el informe de Langón «después de casi 40 años de estoico y sufrido silencio», así como escribió unas breves líneas acusando al MLN-T de conformar el «único y probado» escuadrón, por el cual el 14 de abril de 1972 se ajustició a tres personas, entre ellos, el subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara, y el subcomisario Oscar Delega.

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