La justicia brasileña define el jueves 4 el destino de Cordero

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil volvió a poner en su agenda el caso de extradición del torturador uruguayo Manuel Cordero y podría definir en su sesión del próximo jueves 4 de junio a las 14 horas si el militar acusado de crímenes de lesa humanidad será liberado o juzgado finalmente en Argentina o en Uruguay.

El largo proceso judicial de Cordero en Brasil, iniciado en febrero de 2007 cuando el torturador fue detenido en la ciudad de Santana do Livramento, tras permanecer prófugo de la Justicia uruguaya por más de un año, podría llegar finalmente a una decisión luego de múltiples escollos jurídicos y dilatorias por intereses políticos.

El coronel Manuel Cordero es requerido por la justicia federal argentina por casos de desaparición forzada en el marco de la causa sobre la coordinación represiva llamada Plan Cóndor y por la Justicia penal uruguaya en el caso de la desaparición forzada de más de veinte personas en el caso denominado «segundo vuelo» de Orletti.

Cordero había sido indagado en 2004 por un delito de apología de la tortura debido a declaraciones realizadas al semanario Búsqueda, pero el juez José Balcaldi decidió archivar el expediente e iniciar otro por un caso de «desacato por ofensa» debido a la negativa del militar a comparecer ante un magistrado al que acusó de «subordinado».

Entre las múltiples estratagemas jurídicas pergeñadas por su defensa, Cordero dijo entonces que Balcaldi había sido funcionario administrativo de la policía en los años de la dictadura y por tanto fue su subordinado, pero la decisión del juez de iniciarle un nuevo proceso por desacato determinó que el torturador huyera de Uruguay.

 

Un largo proceso

La decisión sobre la extradición de Cordero ya estuvo dos veces en manos del máximo órgano judicial brasileño que había designado como ministro relator a Marco Aurelio de Melo (primo del ex presidente Fernando Collor) quien luego de un extenso período de pruebas de la defensa se declaró en contra de la extradición del militar.

El pronunciamiento de Marco Aurelio de Melo estuvo determinado por intereses político locales cuando fundamentó expresamente que si se permitía juzgar a Cordero en otro país, Brasil tendría que revisar la Ley de Amnistía que autoimpuso su dictadura en 1979 y debería indagar similares crímenes cometidos por los militares brasileños.

El 11 de setiembre de 2008 la propuesta de Marco Aurelio fue acompañada por otros tres ministros (Carlos Menezes Direito, Carmen Lúcia y Eros Grau) y tuvo el voto de Ricardo Lewandowski a favor de la extradición, pero la sesión fue suspendida a pedido del ministro César Peluso quien solicitó estudiar con profundidad el expediente.

Cuando el STF reanudó el debate el 30 de octubre de 2008, Peluso se pronunció por la extradición, como Lewandowski, y fue acompañado por los ministros Joaquim Barbosa, Carlos Ayres Britto y Carmen Lúcia, quien modificó su voto. Fue Eros Grau, quien había votado en contra, el que pidió entonces revisar el expediente.

La definición de la extradición se iba a concretar el pasado 19 de diciembre, pero una nueva jugada el ministro Marco Aurelio de Melo pospuso otra vez la decisión, cuando fundamentó que por razones humanitarias Cordero debía pasar a prisión domiciliaria porque iba a someterse a una delicada cirugía cardíaca.

 

Momento de decisión

Con la votación de 5 ministros a favor de la extradición y dos en contra, el próximo jueves se conocerá el voto de otros tres jueces (Eros Grau, Celso de Mello y Ellen Gracie) y sólo si se produjera un empate definiría el presidente del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. La extradición de Cordero ya había estado en la agenda del STF el pasado 26 de marzo, pero sorpresivamente fue sacada del menú cuando los ministros del STF debían resolver otro caso trascendente y de algún modo ligado a la extradición de Cordero: un pedido de la Orden de Abogados de Brasil sobre los alcances de la Ley de Amnistía vigente. La Ley de Amnistía aprobada en 1979 en Brasil otorgó una gracia a víctimas y victimarios de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, pero desde la reinstitucionalización del país la normativa ha sido cuestionada como inconstitucional como otras leyes de impunidad en la región.

Días atrás el procurador general de la República, Antonio Fernández de Souza, dijo que la Ley de Amnistía permite el enjuiciamiento de los coroneles Alberto Brilhante Ustra y Audir Santos Maciel, acusados de 26 casos de desaparición. El alegato se basó en el Caso Cordero y definió la desaparición forzada como crimen permanente.

Otros dos elementos pueden incidir en la decisión del STF el jueves: una carta a favor de la extradición firmada por 3.000 personalidades, activistas y ciudadanos de todo el mundo y un video en el que Cordero aparece fumando y corre de la cámara pese a su supuesta enfermedad cardíaca.

 

Cordero suelto

La detención de Cordero en febrero de 2007 se logró luego de una ardua investigación del activista de derechos humanos, Jair Krischke, quien en coordinación con LA REPUBLICA ubicó al torturador uruguayo en Santana do Livramento y propició el pedido de Extradición Nº 974 por parte de la justicia federal argentina.

También fue Krischke quien alertó al gobierno y la justicia uruguaya sobre la presencia del prófugo Cordero en la frontera, y motivó el pedido de Extradición Nº 1.079 por parte del juez Luis Charles, quien inicialmente lo requirió por la desaparición de Adalberto Soba y luego amplió el pedido al caso del «segundo vuelo».

Juan Manuel Cordero Piacentini, nacido el 15 de setiembre de 1938, es uno de los más sádicos torturadores de la patota de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) que funcionó en la dictadura y actuó junto a personal del Servicio de Información y Defensa en acciones represivas en el exterior.

En 1974 torturó en Argentina al secuestrado Antonio Viana Acosta. Ese año asesinó en la tortura a Iván Morales General en el Regimiento de Caballería Nº 6. Operó en el centro de torturas «300 Carlos» al fondo del Batallón 13, donde desaparecieron militantes del Partido Comunista y del Partido por la Victoria del Pueblo.

En su «legajo» se incluye la violación de una mujer en Automotores Orletti, la extorsión de detenidos, y su directa participación en el secuestro y asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y los tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, en Buenos Aires en mayo de 1976.