A 32 años del crimen de Julio Castro

La desaparición del maestro y periodista Julio Castro el 3 de agosto de 1977, mañana se cumplirán 32 años, se mantiene como uno de los casos en los que la verdad, el hallazgo de sus restos y el enjuiciamiento de los responsables continúan impedidos por la vigencia de la Ley de Caducidad (Nº 15.848) que se procura anular el próximo 25 de octubre. Julio Castro tenía 68 años cuando fue secuestrado el 1º de agosto de 1977 en un operativo del Servicio de Información y Defensa (SID), cuyos miembros lo trasladaron al centro de torturas La Casona de Millán, donde fue asesinado bajo torturas y su cuerpo terminó siendo desaparecido para ocultar semejante delito.

El homicidio de Julio Castro ha sido confirmado por el Estado uruguayo que, incluso, fue condenado a pagar un importante resarcimiento económico a sus familiares debido a la sentencia de un tribunal de lo contencioso administrativo que confirmó el daño moral inflingido a la familia a través de múltiples ocultamientos y contradicciones.

El crimen contra Julio Castro, cobijado en la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado por el presidente Julio María Sanguinetti ha seguido cometiéndose durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, en el segundo mandato de Sanguinetti, en la administración de Jorge Batlle y aún bajo la actual gestión de Tabaré Vázquez.

 

El crimen

En agosto de 1977, Julio Castro, uno de los docentes más importantes en la historia de la educación uruguaya, había estado a cargo de la dirección del clausurado semanario Marcha, cuyo director Carlos Quijano debió partir al exilio. Castro permanecía en el país entretejiendo resistencias a la dictadura militar.

Aquel 1º de agosto, Castro había ido a entrevistarse con el capitán de navío Oscar Lebel y luego pasó por la casa de su amigo Efraín Quesada en Llambí casi Rivera. Fue secuestrado por un comando encabezado por el oficial principal de la Policía, Juan Ricardo Zabala Quinteros, según testifica el ex agente Julio César Barboza. Barboza, ex agente del SID, narró a la salida de la dictadura que fue llevado por Zabala en aquel operativo con el que se secuestró a Julio Castro en Rivera y Soca, para luego llevarlo a la base de torturas de la Casona en la calle Millán. El testimonio de Barboza es complementado por el del periodista brasileño Flavio Tabares, quien también había sido detenido y torturado en La Casona cuando realizaba un artículo sobre la dictadura uruguaya. Tabares escuchó la mortal tortura sufrida por Julio Castro a cargo de un oficial que se hacía llamar «Julio César».

 

Las mentiras

El homicidio de Julio Castro fue ocultado durante años por la dictadura y varios de los gobiernos democráticos que le sucedieron, los cuales repitieron una mentira creada por los militares por la cual el maestro había abandonado el país el 22 de setiembre de aquel año en el Vuelo 159 de Pluna con rumbo a Buenos Aires.

La farsa, que fue publicada por el diario El País, se mantuvo como verdad de Estado ante los organismos internacionales de derechos humanos, pese a que pasajeros de aquel vuelo negaron que Castro estuviera a bordo y aún cuando el gobierno argentino emitió un parte negando la presencia del periodista uruguayo en el avión.

Aquella mentira fue repetida por la Policía, por el Estado Mayor Conjunto, por el Consejo de Estado, por el dictador Gregorio Alvarez (que había sido alumno de Julio Castro) y por los sucesivos cancilleres del régimen. Y, cuando finalmente se recuperó la institucionalidad, el crimen siguió siendo ocultado por los presidentes electos.

Julio María Sanguinetti trabó las acciones judiciales que se iniciaron por denuncia penal ante el juzgado letrado de 1ª instancia el 28 de junio de 1985. Se trabaron contienda de competencias por parte de la justicia militar y, cuando por fin pudo actuar la Justicia Civil el caso quedó amparado en la Ley 15.848.