Cifras. "No se renovaron 34 frecuencias porque eran ilegales, pero sí se renovaron otras 72"

Embajador venezolano: "Defendemos la legalidad y la democratización de los medios"

El embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay, Franklin González, dialogó con LA REPUBLICA, sobre las medidas que adoptó su gobierno en torno a los medios de comunicación radioeléctricos que han generado polémica.

González dijo que «es falso que esté afectada la libertad de expresión, que está garantizada en Venezuela, o que se esté cuestionando la propiedad privada. Ocurre que algunos concesionarios, que no propietarios, de las frecuencias radiales y televisivas estaban actuando ilegalmente, se les pidió que justificaran su situación, algunos no pudieron hacerlo, a esos que violan la ley no se les renovó, a otros 72 casos sí se les renovó». González reveló que durante el gobierno de Chávez crecieron las frecuencias de radio FM, AM y de TV abierta y que en su mayoría fueron adjudicadas a privados.

Explicó que el gobierno de Venezuela condenó la agresión a Globovisión y que sus responsables están detenidos.

González afirmó que la discusión que está planteada «no tiene que ver con la libertad de expresión o la propiedad privada, el problema es de legalidad o no y de democratización de los medios de comunicación para terminar con un oligopolio de hecho construido al margen de la ley, descubrimos gente que tenía la concesión de una frecuencia y en realidad operaba mediante circuitos 40 frecuencias y otros que decían que mantenían las frecuencias por herencia».

 

­¿En que marco legal se aplica esta renovación de los permisos radioeléctricos en Venezuela y que objetivo busca?

­En diciembre de 1999 en referéndum popular por primera vez en la historia de Venezuela se aprueba una Constitución consultada con nuestro pueblo.

Esa Constitución comenzó a instrumentarse a través de leyes que la complementan a partir del año 2000.

El golpe de Estado que se da contra nuestro gobierno el 11 de abril del año 2002, se da precisamente porque en noviembre del año 2001 se aprobaron 49 leyes que concretaban algunas de las disposiciones generales de la Constitución.

En particular el golpe de Estado enfrentó tres de esas leyes: la de hidrocarburos, la de tierras y la de pesca.

En la ley de hidrocarburos se dio cumplimiento a lo establecido en la Constitución, Pdvsa pasó a ser 100% del Estado venezolano y además, se estableció que cualquier asociación con capital privado nacional o internacional o con otros gobiernos, debía contemplar una participación mayoritaria del Estado venezolano.

La ley de tierras era el comienzo para desarrollar una política contra el latifundio rural en Venezuela. Los latifundistas reaccionaron, por supuesto. La ley de tierras ha venido aplicándose progresivamente, con grandes dificultades. La más grave, la violencia promovida por los terratenientes latifundistas que hay determinaron el asesinato de más de 100 líderes campesinos.

La ley de pesca estableció que la práctica de la pesca de arrastre no podía aplicarse en detrimento de los pequeños pescadores. La pesca artesanal, que significa un medio de vida para miles de personas y pueblos, estaba desapareciendo, cuando Venezuela paradójicamente es un país con kilómetros de costa y mar por todos lados.

El golpe de Estado se conjuró, luego vino el paro petrolero que le costó al país 16 mil millones de dólares.

Es decir, la oligarquía ha resistido muy duramente a la propia Constitución y luego a cada una de las leyes que la concretan y la profundizan.

El gobierno está en deuda aún con instrumentar varias leyes en distintos sectores de la sociedad.

Ahora mismo hay un debate sobre la Ley de Educación y también acusan al gobierno de querer terminar con la patria potestad y transferírsela al Estado, casi de robarles los niños, eso dicen.

En ese marco se inscribe la Ley de Telecomunicaciones. Previamente se aprobó la Ley de Responsabilidad Social de los Medios de Comunicación; esa ley la oligarquía económica y mediática la calificó de «ley mordaza», se dijo que queríamos terminar con la libertad de expresión, que los programas iban a ser censurados.

Nada de eso ocurrió. Este control y renovación de concesiones es la continuidad de este proceso legal y la instrumentación de la Constitución.

 

­¿Qué fue exactamente lo que se realizó en estos últimos días con respecto a los medios radioeléctricos?

­La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) estableció un determinado plazo para que los concesionarios de radio y televisión enviaran sus recaudos para verificar la situación legal de los mismos. Hemos determinado que 151 medios radioeléctricos actúan ilegalmente. En esta cifra no están incluidos aquellos «propietarios» que han adquirido mediante diversas modalidades, todas ilegales e irregulares, más cantidad de medios de los que les fueron otorgados originalmente. Por eso hablamos de «latifundistas mediáticos». Resulta que hay «propietarios» que asumen que la o las frecuencias las tienen ellos, porque hace 20 años tenían un socio o un familiar y esa persona se murió y entonces dicen que es como una herencia; como si una frecuencia radial o televisiva se pudiera heredar.

Pero además hemos encontrado que algunos de estos empresarios tienen adjudicaciones originales en la capital y ahora tienen mediante herencia, testaferros o compras que no están permitidas legalmente frecuencias en todo el territorio nacional.

Resulta que hemos encontrado que el 32% del espacio radioeléctrico venezolano «pertenece» a 27 familias, de las cuales sólo el 9% paga tributos o tiene permisos legales; el 91% es ilegal totalmente.

Se requirió a todos los concesionarios que actualizaran los datos y que brindaran información, esa información se chequeó. En el terreno tributario, de los que brindaron información, se ve que el 25% de los concesionarios de AM no cumple con sus obligaciones, 19% parcialmente y el 6% directamente no paga. En FM es el 31% el que no cumple y en TV el 26%. (Ver cuadro 1). Los concesionarios que tienen su situación legal que son la mayoría no tuvieron ningún problema y siguen emitiendo.

 

­¿Cuántas concesiones exactamente no fueron renovadas y por qué motivos?

­Las que no se les renovó las concesiones fueron 34. Pero hablemos de cifras en ese plano. En AM 89 emisoras tienen las concesiones vencidas, 72 solicitaron la renovación, se les renovó a 66 que cumplieron con los requisitos legales, solamente a 6 no. En FM hay 74 emisoras con las concesiones vencidas, 29 solicitaron la renovación y se otorgó 1. Allí está concentrado el problema, porque muchas ni siquiera solicitaron la renovación porque su situación de ilegalidad no lo permitía y otras que la solicitaron no cumplieron con los requisitos. En TV hay 13 emisoras vencidas, solicitaron la renovación 6 y se otorgó a 5.

Todas las renovaciones son por un lapso de 5 años.

Hubo 34 que son las que protestan y las que lanzaron la campaña internacional, que no cumplen con los requisitos legales, ni de concesión, ni de tributación, entonces no se les renovó; pero sí se les renovó a 72 concesionarios que cumplieron con las disposiciones legales.

Los motivos tienen que ver básicamente con que el uso de la frecuencia era ilegal porque no tenían las concesiones y las habían adquirido de forma irregular y en otros casos porque no cumplían con las normas tributarias. (Ver cuadro 2).

 

­Desde la oposición se afirma que hay una intención de Chávez de monopolizar desde el Estado los medios de comunicación y controlar la información. ¿Cómo es la situación actual en cuanto a propiedad de los medios radioeléctricos de Venezuela?

­En este momento en Venezuela hay 794 emisoras FM, hace diez años cuando comenzó el proceso bolivariano había 494, o sea hay ahora 300 más. De esas 794 emisoras, 472 son privadas, cuando Chávez llegó al poder eran 181. Hay 243 que son de
utilización comunitaria, la misma cantidad que existía hace 10 años. Mientras que 79 que representan más o menos el 10% son públicas, cuando asumió el poder Chávez eran 70.

Es decir, en FM que es el sector más usado y codiciado de la radio, desde que asumió Chávez hay 300 radios más y 181 de esas nuevas emisoras son privadas; es donde hubo mayor crecimiento. (Ver cuadro 3)

El fenómeno es similar cuando se ve las emisoras AM, que han crecido menos, porque no son muy apetecibles comercialmente. 210 emisoras AM, 26 son públicas 12.38% y 184 son privadas el 87.62%. Antes de asumir Chávez había 174 privadas, ahora hay 184 y las públicas siguen siendo las mismas 26 no se creó ninguna nueva. (Ver cuadro 4)

Si vamos a la TV, en 1998 había 29 canales privados y 2 públicos. Ahora hay 65 canales privados y 6 públicos, es decir 38 privados más y 4 públicos más. El gobierno de Chávez sí introdujo por primera vez en la historia los canales de TV de propiedad comunitaria que son 37, pero el 60% de los canales de televisión en Venezuela son privados y sólo el 5% es público, de propiedad estatal.

Entonces, ¿de qué violación a la libertad de expresión se habla?, ¿dónde está?

Además para profundizar en esto de la libertad de expresión y de la propiedad privada, estamos hablando solo del espacio radioeléctrico, si vamos a los medios escritos, se puede decir que el 100% está en manos privadas y que casi ese mismo 100% es de oposición absoluta al gobierno. Salvo una excepción clara, que es el diario Vea y otra, la de Ultimas Noticias, que tiene una posición más objetiva; los demás son todos de oposición absoluta.

La realidad es que las críticas y el escándalo, provienen de aquellos concesionarios, ellos se dicen «dueños» y «propietarios», que manejan en algunos casos 40 emisoras, sin que hayan recibido concesión por ellas. Han construido circuitos oligopólicos y lo han hecho ilegalmente. Recibieron una frecuencia en concesión y ahora manejan y explotan hasta 40, mediante testaferros u asociaciones de cobertura.

Entonces aquí lo que existía y se va a combatir es una situación de ilegalidad, tanto en las concesiones como desde el punto tributario, porque además de construir oligopolios mediáticos no pagaban tributos. La ilegalidad no tiene nada que ver con la libertad de expresión, la ilegalidad no se puede permitir. No se permite en ningún lugar del mundo. Uruguay, que podríamos decir que vive el síndrome de la legalidad, ha sancionado recientemente a dos emisoras porque tenían problemas de evasión tributaria.

Entonces las 34 frecuencias afectadas funcionaban en situación de ilegalidad y ninguno de ellos ha respondido por qué estaba operando ilegalmente.

 

­Un punto de la polémica es qué se va a hacer con esas 34 frecuencias a las que no se les renovó la concesión. ¿Van a ser estatizadas?

­No. Se van a otorgar a nuevas solicitudes que hay presentadas. Varias de ellas son para utilización por comunidades. Hay productores independientes.

No hay intención de estatización, a las solicitudes privadas más del 50% se les ha renovado. Pero además como ya dijimos los permisos privados son los que más han crecido durante el gobierno de Chávez. Reitero, no es un problema de propiedad privada, ni de libertad de expresión; es un problema de legalidad y de democratización de la comunicación.

CUADRO 1

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