El nido escondido del Cóndor

Cinco uruguayos desaparecidos habrían estado en 1977 en el centro clandestino de detención (CCD) «Club Atlético» de Buenos Aires, que funcionó como la sede de operaciones del Plan Cóndor, donde fueron «interrogados» por oficiales de la Compañía de Contrainformaciones del Ejército uruguayo.

Los uruguayos Jorge Gonçálvez, Andrés Bellizzi y Klever Silva fueron secuestrados entre abril y junio de 1977 y habrían sido vistos en «El Atlético», al igual que Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, a quienes capturaron el 29 de marzo en Paraguay y trasladaron a ese centro de torturas en Argentina.

El «Club Atlético» dependía del Comando de la Zona 1 a cargo de la Armada argentina y en él operaron torturadores como Julio Simón (alias el Turco Julián) y Ricardo Taddei, miembros de la Triple A e integrantes de la banda de Aníbal Gordon que un año antes actuó en el centro de torturas «Automotores Orletti».

Orletti había sido el centro de actividades de la coordinación represiva conocida como «Plan Cóndor» donde opositores a las dictaduras del Cono Sur ­entre ellos medio centenar de uruguayos­ fueron torturados, asesinados o desaparecidos entre mayo y noviembre de 1976, fecha en la cual el sitio fue cerrado.

El Atlético funcionó desde diciembre de 1976 hasta el 28 de diciembre de 1977, cuando al llegar la noche todos sus prisioneros fueron trasladados al CCD «El Banco» debido a que el edifico del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de Policía Federal, en cuyo subsuelo funcionaba el centro de torturas, iba a ser demolido.

Sobre el espacio donde se encontraba «El Atlético», entre las calles Paseo Colón, Cochabamba, San Juan y Azopardo de Buenos Aires, se construyó la autopista 25 de Mayo y el lugar quedó enterrado hasta 2002, cuando se iniciaron excavaciones arqueológicas que permitieron encontrar sus ruinas.

Luego de la demolición del «Club Atlético», la coordinación del Plan Cóndor tuvo como sede los «pozos» de Quilmes y Banfield, donde desde diciembre de 1977 otros cuarenta uruguayos (militantes del GAU, el PCR, el MLN y otros grupos) fueron víctimas de la tortura, la repatriación ilegal y la desaparición forzada.

 

Los «paramilitares» de Víctor

Las Fuerzas Conjuntas uruguayas comenzaron a coordinar con Argentina desde que fueron formadas en 1971, bajo el mando militar del coronel Gregorio Alvarez, al frente del Estado Mayor Conjunto (Esmaco), y del coronel Ramón Trabal, quien ocupó la jefatura del Servicio de Información y Defensa (SID).

Sin embargo, sería la policial Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) a cargo del inspector Víctor Castiglioni, la que mantendría los nexos oficiales y no oficiales con Argentina, a través del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) y de la Policía Federal del vecino país.

Un documento desclasificado, enviado por la Embajada de Estados Unidos al Departamento de Estado en Washington con fecha 1º de setiembre de 1972, denunció que el Escuadrón de la Muerte uruguayo ya recibía entonces ayuda de la SIDE argentina y del Servicio Nacional da Informaçao (SIN) de Brasil.

Esa conexión paramilitar explica las relaciones que policías y militares uruguayos tendrían luego del golpe de Estado de 1973 con la Superintendencia de la Policía Federal, cuya subjefatura ejercía el comisario Alberto Villar, uno de los fundadores de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).

Villar y Castiglioni participaron de una reunión de coordinación represiva con chilenos y bolivianos, que se realizó en Buenos Aires a principios de 1974. Allí se decidió colocar agentes en las embajadas, crear un canal de comunicación, dar becas de entrenamiento y simular ser «agentes antinarcóticos».

La primera víctima uruguaya de esa coordinación fue Antonio Viana Acosta, secuestrado en febrero de 1974, torturado en el centro de torturas de la Policía Federal («Coordina») por militares y policías uruguayos, y trasladado en un vuelo de Pluna a Montevideo, donde lo esperaban para encarcelarlo.

Esa coordinación explica la presencia del inspector Hugo Campos Hermida (División de Narcóticos) en Buenos Aires para dirigir, con policías argentinos y civiles contratados, el seguimiento a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz antes de ser ejecutados en mayo de 1976, según confesó un ex policía federal.

 

Los «patoteros» del Nino

La reunión de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, en la que se formalizó la coordinación del Plan Cóndor, permitió la interconexión directa de las Fuerzas Armadas uruguayas con las «agencias» de los otros países del Cono Sur y la DNII comenzó a ser sustituida por el Servicio de Información y Defensa (SID).

A partir de marzo de 1976, cuando se produjo el golpe de Estado en Argentina, la coordinación pasó a ser directamente con las Fuerzas Armadas uruguayas, que mantuvieron los contactos que la DNII había establecido y se relacionaron con la banda de Aníbal Gordon y con el propio Alberto Villar en la Policía Federal.

Cuando el 9 de junio de 1976 la Policía Federal detiene al sindicalista gráfico Gerardo Gatti, dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), el general Amaury Prantl, director del SID uruguayo, envía a los mayores José Gavazzo y Manuel Cordero, quienes se instalan con Gordon en «Automotores Orletti».

El primer operativo coordinado con los argentinos desde Orletti fue delictivo: un intento de extorsión al PVP, al cual le pidieron dos millones de dólares por Gatti, seguido por otro chantaje en julio sobre León Duarte. Finalmente le robarían cinco millones de dólares a Alberto Mechoso y Adalberto Soba en setiembre.

El Cóndor en «Orletti» le reportó a la patota de Gavazzo un «botín de guerra» de ocho millones de dólares, que debía repartir en tercios con la banda de Gordon y la gente de Villar. Sin embargo, parte del dinero no fue distribuido y lo trajeron a Uruguay el 27 de setiembre de 1976, junto a las familias de Mechoso y Soba.

A esa «ruptura de códigos» de la «coordinación delictiva» se sumó el «blanqueo» de 23 uruguayos que, secuestrados en Buenos Aires, habían sido traídos a Montevideo el 24 de julio en un «primer vuelo» de Orletti y se los hizo aparecer como «invasores subversivos» en una falsa detención en el balneario Shangrilá.

La aparición pública del grupo de uruguayos que había sido trasladado en julio para su «disposición final» (ejecución y desaparición) llevó a una ruptura de relaciones entre represores de ambos países. Gordon y Villar no perdonaban lo del dinero, pero la dictadura argentina no admitía que hubiera «testigos vivos».

 

La «Compañía» de Vadora

Aún no se sabe cómo y quiénes negociaron la recomposición de las relaciones, que habría implicado una disculpa uruguaya y un perdón argentino, para el 12 de diciembre de 1976, cuando las patotas de Orletti se reencontraron en un bar de Puerto Madero para despedir al ministro del Interior, Albano Harguindeguy.

Lo que se sabe es que esa negociación determinó la ejecución masiva de otros 22 uruguayos, secuestrados en setiembre y octubre de 1976, que trajeron a Montevideo ese 5 de octubre en el «segundo vuelo» de Orletti. Es posible que se decidiera entonces la desaparición de María Claudia, la nuera de Juan Gelman.

En 1977 Gordon tuvo problemas con el general Otto Paladio y debió refugiarse en Uruguay, donde quedó bajo protección del comandante de la Armada, vicealmirante Hugo León Márquez. Compró una casa en La Paloma y comenzó sus negocios en el frigorífico Comargen junto a sus viejos camaradas de «Orletti».

La coordinación represiva uruguaya con el Plan Cóndor en Argentina sufrió un «impasse». Como el PVP había quedado desarticulado, el SID dejó de tener presencia en Buenos Aires y allí comenzó intervenir otro grupo, más cercano al comandante en jefe Julio César Vadora: la «Compañía de Contrainformaciones».

En 1977 el jefe del Estado Mayor del Ejército era el genera
l Manuel J. Núñez, y la jefatura del Departamento II estaba en manos del coronel Nelson B. Viar, quien en agosto de ese año asumiría la subdirección del SID y sería reemplazado por el coronel Calixto De Armas.

En las tres subjefaturas de «Contrainformaciones» revistaban en esa época los tenientes coroneles Nelson H. Corbo (D-I) y Marcelino H. Rodríguez (D-II), a quien en junio subrogó Víctor M. Escobal, y Hugo J. Sosa (D-III), quien había asumido en ese cargo el 25 de febrero de 1977.

Por entonces, en la «Compañía» operaban los mayores Carlos Calcagno (que en setiembre fue sancionado y enviado al Liceo Militar «General Artigas»), Julio A. Techera y José W. Bassani, los capitanes Eduardo Ferro, Eduardo Ramos, Julio T. Méndez y Juan J. Córdoba, y el teniente primero Glauco Yannone.

 

Los «prontuarios» de la DNII

Jorge Goncálvez Busconi y Andrés Bellizzi Bellizzi tenían muchas cosas en común: eran uruguayos, los consideraban «subversivos» en su país, se habían ido a Argentina en 1974 y, con otro par de compatriotas, habían puesto un negocio en el Mercado de Rosado, en Avenida Sarmiento y Montevideo.

Ambos se sentían lejos y seguros de la brutal dictadura que entonces se profundizaba en Uruguay. No sospechaban que los ojos de la coordinación represiva que ya existía entre ambos países estarían registrando sus pasos y definiendo en muy poco tiempo su destino.

Gonçálvez estaba, desde principios de los años sesenta, clasificado como un «comunista» en su ficha en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), donde tenían anotada hasta su detención por pegar panfletos de la Federación Anarquista del Uruguay por el 1º de Mayo de 1964.

Bellizzi, que había militado en la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE), fue detenido y fichado en Argentina con un centenar de uruguayos durante un acto contra el aniversario de la dictadura el 2 de junio de 1974 y, sólo cuatro días después, por ese antecedente, la DNII le inició una «ficha» en Montevideo.

El 14 de abril de 1977 Jorge Gonçálvez fue rodeado por tres Ford Falcon y detenido por civiles armados que le preguntaron si era uruguayo. Ese día desapareció y sólo cuatro días más tarde, el 18 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores le envió un telegrama a la DNII informando de su detención.

El 19 de abril Andrés Bellizzi fue a hacer un trabajo que le habían pedido. No se sabe cómo desapareció, pero esa noche su apartamento fue registrado por personas de civil. La Policía argentina, la Cancillería uruguaya y la embajada italiana confirmaron su detención, pero no supieron el dónde ni el por qué…

La «Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos» del Poder Ejecutivo señala que «si bien no existen indicios certeros de dónde fueron recluidos ni por cuánto tiempo, se presume que fueron trasladados al CCD conocido como ‘Club Atlético’, ubicado en Paseo Colón y Juan de Garay, en Buenos Aires».

El libro «A todos ellos» de Familiares de Desaparecidos agrega que por sobrevivientes de «El Atlético» se sabe que allí interrogaban oficiales de Inteligencia del Ejército uruguayo, entre ellos el mayor Carlos Calcagno y el capitán Eduardo Ferro, ambos de la Compañía de Contrainformaciones.

 

Los «indocumentados» de Alfredo

Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, militantes del PVP, habían sobrevivido a la represión uruguaya en Argentina y viajaron a Paraguay en busca de falsa documentación para viajar a Europa. Inzaurralde ingresó por Puerto Stroessner el 20 de marzo de 1977 y Santana lo hizo por Puerto Falcsón un día después.

Estaban alojados en el Hotel Stella de Italia en Asunción, junto a tres ciudadanos argentinos en la misma situación: José Nell, Alejandro Logoluso y Marta Landi de Logoluso, quienes tenían contactos para obtener pasaportes, pero fueron detenidos el 29 de marzo por la Policía del dictador Alfredo Stroessner.

Lo que ocurrió con Santana e Inzaurralde apareció documentado en los Archivos del Terror paraguayos encontrados en la ciudad de Lambaré en 1992. Ambos fueron interrogados por el jefe del Departamento de Investigaciones, Pastor Milciades Coronel, que informa de su detención a la dictadura uruguaya.

El 5 y 6 de abril se realiza una reunión en Asunción entre la Policía e inteligencia militar paraguayas, agentes de la SIDE argentina y «el mayor Carlos Calcagno del Servicio de Inteligencia del Ejército uruguayo», que interrogan «minuciosamente» a los detenidos. Calcagno informaría al SID que hace un informe el 30 de abril.

Inzaurralde y Santana fueron torturados varios días en la Dirección de Vigilancia, hasta que los llevan a la Jefatura de Investigaciones, donde permanecían esposados en una silla frente a una pared y por las noches dormían en una celda junto a otros detenidos, testificó Jaime Burgos, preso en el lugar.

Otro documento del Archivo del Terror establece que el 16 de mayo los dos uruguayos y los tres argentinos fueron trasladados a Buenos Aires en el avión de la Armada argentina (matrícula 5-T-30) del comandante en jefe Eduardo Massera, que piloteó el capitán de corbeta D’Imperio (con el alias «Jorge Abdala»).

Los cinco detenidos quedaron en manos de dos agentes del SIDE identificados como José Montenegro y Juan Manuel Berret. El informe de la Policía paraguaya establece que Inzaurralde, Santana, Nell y el matrimonio Logoluso «fueron expulsados del país por carecer de documentos de radicación».

Se desconoce lo ocurrido con los dos uruguayos durante los primeros diez días de su traslado a Buenos Aires, hasta que el 26 de mayo Gustavo Inzaurralde también fue visto por otro secuestrado en el centro clandestino de detención «Club Atlético», por el que ya habrían pasado Jorge Gonçálvez y Andrés Bellizzi.

 

El otro «nido» del Cóndor

Ricardo Hugo Piedró, hoy secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores Argentina (CTA), había sido detenido en su domicilio el 10 de mayo de 1977 junto a su esposa, Graciela Beatriz Funes, y ambos fueron llevados al «Club Atlético», donde permanecieron hasta el 27 de mayo por la noche.

Piedró testificó ante el juez Néstor Blondi en 1984: «El 26 colocan en la misma celda donde estaba el denunciante a un uruguayo, quien había sido detenido en el aeropuerto de Paraguay a punto de viajar a Suecia. Su mujer estaba en Suecia (embarazada), exiliada». Años después identificó la foto de Inzaurralde.

Goncálvez, Bellizzi, Inzaurralde y Santana (sobre el que existe otra versión de traslado, ver nota adjunta) no habrían sido los únicos compatriotas que fueron secuestrados en el «Club Atlético». También habría estado en ese centro de torturas el uruguayo Klever Silva Iribarnegaray.

El padre Mauricio, como era conocido el sacerdote salesiano que se había integrado a una humilde congregación y vivía de su trabajo de barrendero, fue secuestrado en la vía pública el 14 de junio de 1977 y, según el Informe de la Comisión para la Paz, habría estado en Campo de Mayo y en el Club Atlético.

El carácter internacional que el «Club Atlético» tuvo en el marco de la coordinación represiva del Plan Cóndor en 1977 también fue confirmado por el testimonio de víctimas chilenas durante el juicio en Argentina sobre el asesinato del general Carlos Prats, ocurrido en Buenos Aires en setiembre de 1974.

Los testigos señalaron que el ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena Enrique Lautaro Arancibia Clavel (condenado a prisión perpetua por la muerte de Prats), también había participado en el secuestro, tortura y desaparición de chilenos en centros clandestinos de represión de Argentina.

Los testimonios clave fueron los de las sobrevivientes chilenas Laura Elgueta Díaz y su cuñada, Sonia Magdalena Díaz Ureta, secuestradas el 12 de julio de 1977 en Buenos Aires y torturadas en un «pozo» que identificaron como el «Club Atlético». Por el caso, Arancibia Clavel recibió otros 12 años de prisión
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