IPC. Transparencia Internacional presentó el Indice de Percepción de la Corrupción

Chile y Uruguay al tope de los países más transparentes de América Latina

En lo alto de la tabla mundial de 180 países, Chile y Uruguay comparten el puesto 25 y pueden ser considerados como referentes para la región con un IPC de 6,7 puntos. Uruguay subió un escalón respecto a la medición del año pasado, añade el informe. Nueva Zelanda, el país más transparente del mundo, tiene un IPC de 9,4, según el estudio difundido ayer por la agencia AFP.

Otros países de América Latina con una puntuación aceptable son Costa Rica (puesto 43 con un IPC de 5,3) y Cuba (puesto 61 e IPC de 4,4). Detrás están Brasil (posición 75) igualado con Colombia y Perú. México se sitúa en el puesto 89, superado por El Salvador, Guatemala y Panamá, que ocupan la posición 84.

No obstante, según Transparencia Internacional, los resultados del estudio 2009 indican que la corrupción se encuentra gravemente extendida en América Latina. Venezuela ocupa el puesto 162 sobre 180 países incluidos en el estudio con un Indice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 1,9%, apenas unos lugares por delante de Haití, que con un IPC de 1,8 se sitúa en el lugar 168 y es el peor del continente americano. Otros países con puntuaciones bajas son Bolivia (puesto 120), Nicaragua (130), Honduras (130), Ecuador (146) y Paraguay (154). Estos países presentan altos niveles de pobreza y requieren urgentemente instituciones sólidas y transparentes que puedan facilitar su más que necesario desarrollo económico, según Transparencia Internacional. Argentina ocupa el puesto 106, una posición que demuestra que los altos niveles de percepción de corrupción no están asociados exclusivamente a la pobreza, un caso similar al de Venezuela, advierte la organización. En el caso de Brasil, Perú, Colombia y México, Transparencia Internacional indica que todos estos países se ubican entre las principales economías de la región y, pese a que deberían convertirse en referentes de la lucha contra la corrupción, se han visto sacudidos por escándalos sobre impunidad, pagos irregulares, corrupción política y captura del estado. En ese sentido, la organización afirma que la puntuación baja de la mayoría de países latinoamericanos refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible. El informe regional de Transparencia Internacional también hace mención a los problemas de la libertad de prensa en la región y su impacto en la lucha contra la corrupción. Los periodistas de América Latina se enfrentan a un entorno cada vez más restrictivo, y varios países han sancionado o propuesto leyes destinadas a silenciar al periodismo crítico, lo cual atenta contra la libertad de prensa en general y la posibilidad fundamental de denunciar la corrupción y su impacto, según dice el texto. En el caso de Brasil, Perú, Colombia y México, Transparencia Internacional indica que todos estos países se ubican entre las principales economías de la región y, pese a que deberían convertirse en referentes de la lucha contra la corrupción, se han visto sacudidos por escándalos sobre impunidad, pagos irregulares, corrupción política y captura del estado. En ese sentido, la organización afirma que la puntuación baja de la mayoría de países latinoamericanos refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible. El informe regional de Transparencia Internacional también hace mención a los problemas de la libertad de prensa en la región y su impacto en la lucha contra la corrupción. Los periodistas de América Latina se enfrentan a un entorno cada vez más restrictivo y varios países han sancionado o propuesto leyes destinadas a silenciar al periodismo crítico, lo cual atenta contra la libertad de prensa en general y la posibilidad fundamental de denunciar la corrupción y su impacto, según el texto.

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