Al amparo de las FFCC

Otra de las pruebas presentadas en la denuncia, es un artículo también publicado en LA REPUBLICA sobre atentados realizados en 1974 por la JUP con abundante cobertura policial y militar, según denunció en junio de 2005 ante el parlamento el senador José Luis Korzeniak, quien exhibió documentos oficiales al respecto. El legislador frenteamplista denunció en la cámara alta que un cuerpo de Fusileros Navales detuvo el 12 de marzo de 1974, ocho meses después del golpe de Estado, a dos automóviles y diez personas armadas que se autoproclamaron miembros del «Grupo de Operaciones Especiales de la Juventud Uruguaya de Pie». Los detenidos dijeron ser dependientes del «Comandante Carlos», que resultó ser el director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), inspector Víctor Castiglioni, y del «comandante Miguel», que no sería otro que el empresario Miguel Sofía. Los miembros de la JUP tenían armas de guerra, explosivos y vales de nafta del Ejército. Uno de aquellos detenidos llegó a nombrar a dos oficiales del Ejército, uno de ellos miembro de la OCOA, quien coordinaba sus operativos, y a un teniente coronel que les impartía órdenes y les brindaba impunidad policial y judicial… Lo curioso del episodio fue que los tres marinos que detuvieron a los miembros de la JUP terminaron sancionados y arrestados. Sobre esos elementos, los denunciantes del asesinato de Rodríguez Muela subrayan que bajo la ideología de la Doctrina de la Seguridad Nacional, entonces impuesta por las Fuerzas Armadas, se crearon grupos paralelos, amparados y solventados por los gobiernos de turno, entre los que se incluye un brazo armado de la JUP.